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    José tohá 2

    A través de una declaración pública, este 18 de enero quince organizaciones de derechos humanos y sociales expresaron su “rechazo e indignación por la ratificación de las bajas condenas y remisión de ellas” resueltas por la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, en el caso de aplicación de tormentos reiterados al ex ministro del gobierno de la Unidad Popular, José Tohá.

    Las agrupaciones cuestionan que a pesar del reconocimiento que existe de que el ex secretario de Estado “fue sometido reiteradamente a tortura física y sicológica, tratos crueles y degradantes con el objeto de doblegar su voluntad”, la Corte de Apelaciones capitalina “le impuso una pena irrisoria a los responsables de estos crímenes, Ramón Pedro Cáceres Jorquera y Sergio Fernando Contreras Mejías”. Esto, añaden, contraviene la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de la ONU, que sostiene que “todo Estado Parte castigará esos delitos con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su gravedad”.

    Junto con ello, se hace ver que el tribunal desestimó igualmente los recursos de las partes querellantes, quienes abogaron porque, además de sancionar los tormentos, se hiciera lo mismo con el delito de secuestro simple, “ya que la víctima fue ilegítimamente privada de su libertad”.

    Por último, critican la resolución del tribunal que ratifica la remisión condicional de la pena. Respecto de esto declaran: “Se convierte en una transgresión al anhelo de justicia de las víctimas, sus familiares y, claramente, a la conciencia universal de la Humanidad, que ha considerado que la tortura es una de las acciones más aberrantes contra la dignidad humana y que nunca, bajo ninguna circunstancia, tiene justificación”.

    José tohá

    Junto con “condenar y repudiar” la mencionada resolución de la Corte de Apelaciones, las organizaciones firmantes lo hacen también con el fallo del Ministro Jorge Zepeda Arancibia, quienes -apuntan- “con sus decisiones dejan en la impunidad acciones criminales consideradas por el Derecho Internacional como crímenes de guerra y como crímenes de lesa humanidad”. “Les hacemos responsables de que aún hoy se torture en nuestro país, por no sancionar de manera ejemplificadora estos crímenes para asegurar su no repetición”, sostienen.

    Por último, demandan que jueces “tan veniales, que ignoran los compromisos internacionales de DDHH asumidos por Chile dejen sus cargos de tan alta responsabilidad” o que, de no ser así, “se inicie un proceso de destitución por grave incumplimiento del deber de aplicar justicia tan gravemente conculcado”.

    Acá el listado de las organizaciones firmantes de la declaración:

    Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP)
    Comunidad Ecuménica Martin Luther King
    Corporación Memoria Lonquén
    Asociación por la Memoria y los Derechos Humanos Colonia Dignidad
    Comisión Funa
    Observatorio por el Cierre de la Escuela de las Américas
    Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Valdivia
    Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos de Talca
    Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos de Iquique y Pisagüa
    Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Antofagasta
    Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos de Valparaíso
    Brigada Salvador Allende (BRISA)
    Corporación La Serena Dieciséis de Octubre
    Asociación Mutual Expresas y Presos Políticos del MIR y la Resistencia Popular
    Coordinadora Nacional Expresas y Presos Políticos “Salvador Allende”

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