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    La Agrupación de Defensa Barrios de Estación Central -organización que se mantiene en pie de guerra contra las constructoras que han levantado los llamados “ghettos verticales” en la comuna- presentó este miércoles cuatro recursos de protección en la Corte de Apelaciones contra el alcalde Rodrigo Delgado. Esto, por afectar la integridad física y psíquica de los vecinos, y no respetar la propiedad privada al aprobar la construcción de una serie de edificios.

    El concepto de “ghettos verticales” aterrizó en la pauta noticiosa para describir la precarizada situación de vida que se comienza a asentar en el Santiago del siglo XXI, cuyas políticas de vivienda están totalmente neoliberalizadas, entregadas a la inescrupulosidad del mercado. A los vistosos casos de edificios derrumbados o con daños estructurales el año 2010, hoy los ojos están puestos sobre el exponencial crecimiento de masivos edificios que poca preocupación mantienen sobre la calidad de vida de sus habitantes y de las comunas en las que se instalan.

    Los recursos de protección fueron encabezados por la Agrupación de Defensa de Barrios de Estación Central, representada por su presidente, Alejandro Verdugo, quien señaló que, además, demandan que el tribunal de alzada detenga las construcciones de los edificios Blanco Garcés y Buzo Sounes.

    Verdugo explicó que la causa de los recursos de protección es que los edificios “están afectando directamente a muchas personas”, en particular Blanco Garcés “es un edificio emblemático de las situación, que traen un sin fin de problemas a los vecinos, producto de las alturas, la proyección de sombra, la pérdida de privacidad, etc”.

    El dirigente reflexiona señalando que “cuando construyen estos edificios, algunos hasta de mil departamentos, las constructoras hacen 250 estacionamientos. ¿Por qué? Porque si subieran de esa cifra tendrían que realizar un estudio de impacto ambiental. Y ello implica un costo que no quieren pagar”, declaró a El Ciudadano. Sin embargo, en el futuro, señala, “los habitantes de estos edificios van a tener su vehículo: ¿Dónde lo van a estacionar? En las calles, en las veredas, en los jardines de los vecinos y traerá como consecuencia, un grave problema vial”.

    Agrega otro problema: “la comuna cuenta con alcantarillados muy antiguos, con capacidad adecuada para la población de aquella época. ¿Qué va a suceder cuando lleguen 150 mil nuevos vecinos? En la práctica ya están ocurriendo problemas y hay casos y casas en las que las aguas servidas están saliendo de sus contenedores, con las consecuencias sanitarias que puede tener”.

    Verdugo remarca que este problema lo han denunciado anteriormente y que esta iniciativa lleva al menos tres años: “las autoridades sabían del problema potencial que se venía y nadie hizo nada”.

    El abogado de la agrupación, Nicolás Pavez, explicó que “presentamos cuatro recursos de protección a nombre de vecinas y vecinos afectados por la constructora”, especificando que hay una “vulneración del artículo 19 número 1, es decir, la integridad física y psíquica de las personas y el número 24: el derecho de propiedad”. Por la naturaleza de las garantías vulneradas, el abogado especificó que “pedimos orden de no innovar, es decir, la paralización de las obras hasta que la Corte conozca el recurso, para que el municipio y el alcalde den garantías de que este permiso se esté ejecutando de manera correcta”.

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