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    REVELACIÓN DE DOCUMENTO CLAVE EN CASO PRATS



    “El general Pinochet me encargó averiguar si había vigilancia respecto del general Prats, por que éste le había dicho que se sentía amenazado en Buenos Aires. Por eso es que ordené seguir sus pasos”. Esta fue la versión que dio el jefe de la desaparecida Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), Manuel Contreras, para justificar los seguimientos ordenados contra el ex comandante en jefe del Ejército durante el mandato de Salvador Allende, Carlos Prats González, quien fuera asesinado junto a su esposa, Sofía Cuthbert, la madrugada del 30 de septiembre de 1974 en la capital Argentina.
    Estas declaraciones las hizo Contreras -el pasado 20 de junio-, al juez Alejandro Solís, quien sustancia en Chile la causa por este doble homicidio, según contó el magistrado en entrevista exclusiva a El Ciudadano.
    Al inicio del interrogatorio, realizado en el penal Cordillera de Santiago, Solís le mostró a Contreras un oficio fechado el 24 de junio de 1974, que da cuenta de los resultados del seguimiento hecho a Prats poco antes de su muerte. Estaba firmado por el entonces capitán de ejército, Juan Morales Salgado y venía con el logo de la DINA y de la agrupación Lautaro.
    El informe de Morales daba cuenta de las actividades de Prats, sus teléfonos, sus hábitos, sus ingresos y la seguridad de su hogar, que estaba ubicado en la calle Malabia del barrio Palermo de la capital argentina. “En su domicilio no tiene custodia porque yo pude llegar libremente hasta el tercer piso”, dice el texto en su punto f. En el i se lee: “Visita solamente a su amigo personal Ramón Huidobro”. Y en el j: “Varía diariamente su recorrido al trabajo”.
    El mismo día que llegó a Solís el documento, el martes 19 de junio, el juez interrogó a Morales quien al verlo “quedó demudado”, según nos dijo el magistrado. Reconoció la firma y, después de una negación, confesó que siguió los pasos de Prats en Buenos Aires. Más aún: Señaló que el oficio se lo entregó personalmente a Contreras.
    En el informe venía un croquis del edificio en que vivía el matrimonio Prats. Morales le dijo a Solís haberlo copiado de otro similar hecho por el único condenado por esta causa en Argentina: Enrique Arancibia Clavel. El croquis fue ocupado por Michael Townley –ciudadano norteamericano y agente de la DINA-, quien instalaría y activaría el explosivo plástico C4, que diera muerte al citado matrimonio.
    A la luz de estos antecedentes, la explicación de Contreras en el sentido que el objetivo de seguir a Prats sería protegerlos resulta altamente inverosímil, entre otras razones, porque como está acreditado en el proceso, la cancillería chilena se negó a darle pasaportes a los Prats-Cuthbert, a pesar de las reiteradas solicitudes en este sentido realizadas a partir de julio de 1974, y que tenían por objeto escapar de las constantes amenazas y evidentes seguimientos de los que eran objeto. Como ha quedado demostrado en la causa seguida en Chile, las autoridades de la Cancillería chilena estaban concertadas con los agentes de la DINA para cometer el crimen, y ese fue el motivo por el que nunca se les dio los documentos que permitirían su salida.
    Además, de ser efectivo que se le quería dar protección, la tarea se le hubiera encomendado a algún funcionario de la embajada en Buenos Aires, como por ejemplo el agregado militar, y en ningún caso se hubiera enviado desde Chile a un capitán que formaba parte de la brigada Lautaro que fue el más feroz grupo de exterminio con el que contaba la DINA.

    SACARLO DE ARGENTINA

    En el libro “Operación Cóndor” de John Dinges, se señala que en agosto de 1974 el secretario general del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano fue visitado en Berlín por Markus Wolf, jefe de la división internacional del servicio de inteligencia de Alemania Oriental, la Stasi. “Le dijo a Altamirano que tenía información fidedigna sobre un plan de la DINA para aniquilar a Prats en Buenos Aires”. Le recalcó que era algo inminente. “Tienes que sacarlo de Argentina en seguida”, señala la misma fuente.
    Altamirano habría telefoneado de inmediato a un vínculo en Buenos Aires, quien partió al instante a dar el mensaje a Prats. Y se le ofrecieron diversas posibilidades para que pudiera escapar de Argentina, país que se hundía en la crisis y era dominado por el fascismo desde que Juan Domingo Perón muriera el 1 de julio de 1974. Pero Prats, apegado a un proceder absolutamente reglamentario, se negó a abandonar Argentina hasta no tener el pasaporte chileno del que había sido despojado. “Era una cuestión de honor militar”. La inteligencia francesa también le advirtió que su vida corría riesgo. La CIA, que también estaba al tanto, no hizo nada.
    El abogado de las 3 hijas del matrimonio Prats-Cuthbert, Hernán Quezada, señaló a El Ciudadano que antes de la aparición de este documento ya había evidencia suficiente para condenar a los 8 acusados. Pero subrayó que la importancia de este “es que por primera vez hay una prueba por escrito de este crimen de la DINA”, espetó. Y añadió: “Lo otro importante es que quien entregó el oficio, el brigadier Pedro Espinoza –segundo en la jerarquía de la DINA-, lo obtuvo el año 2004 de los archivos de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINE), lo que de ser efectivo, indicaría que es posible que aún exista documentación de la DINA y de otras agencias represivas, que sea relevante para aclarar los diversos procesos que se siguen en Chile por violación a los derechos humanos”.
    Angélica Prats Cuthbert se entrevistó en junio con el comandante en jefe del Ejército, Oscar Izurieta, quien expresó su disposición a facilitar al ministro Solís todos los archivos de la DINE. El jueves 13 de Julio el ministro Solís llegó a Bulnes 19, dirección de la unidad, para revisar la documentación allí existente. Fue recibido por el fiscal militar Juan Andrés Troncoso y el director del DINE, general de brigada Ricardo Ortega Prado, con quienes recorrió los 9 pisos del organismo, además del subterráneo.

    OTRAS PRUEBAS

    En la causa también se encuentra acreditado, según señala la acusación presentada por el ministro Solís el pasado 25 de enero, que en el periodo inmediatamente anterior al doble homicidio, operó en Argentina “una célula de la DINA la que estuvo integrada por más de 6 individuos (…) que disponía de explosivos de gran poder ofensivo y que estaba compuesta por varios oficiales del Ejército de Chile”. Estos recibían apoyo de empresas chilenas ubicadas en Buenos Aires: Banco del Estado de Chile y Lan Chile.
    En su acusación Solís señala que esta célula de la DINA estaba orientada fundamentalmente a la vigilancia de exiliados chilenos y que era una “organización de carácter terrorista que aceptaba la violencia extrema como recurso para combatir a los opositores políticos” y que “planeó la eliminación física del general Carlos Prats por estimarse peligroso para la permanencia del gobierno militar”. Esta apreciación es coincidente con lo establecido por la jueza argentina María Servini de Cubría, quien en el proceso que siguió por la muerte de Prats, consiguió –en 1999- una declaración del agente Michael Townley. Este le señaló que Pinochet, a mediados de 1974, mencionó en una reunión con agentes de la DINA en la que estuvo él y Contreras entre otros, expresó los temores de que Prats se transformara en un líder de la lucha contra su gobierno. Y que tras esto, Contreras habría decidido asesinarlo.
    Fue así como le encargó la tarea al jefe de Operaciones, Pedro Espinoza y al jefe del Departamento Exterior, ambos de la DINA, Raúl Iturriaga Neumann. Estos, se contactaron con Arancibia Clavel, que era la avanzada de la DINA en Argentina. Este los puso en contacto con Juan Martín Ciga, líder del grupo fascista Milicia e integrante de la Acción Anticomunista Argentina (Triple A). A este, Arancibia les facilitó 20 mil dólares para que cometieran el crimen. Pero no lo hicieron. “Les faltó agallas”, habría dicho el agente chileno.
    Fue entonces, a mediados de Julio de 1974, que Espinoza reclutó Townley, que era electricista y que siempre tuvo el sueño de pertenecer a la CIA. Pero siempre que intentó, fue rechazado.
    Los primeros días de septiembre de aquel año, Townley y su esposa Mariana Callejas, viajaron a Buenos Aires. Lo hicieron con el explosivo que le fuera facilitado por Iturriaga, quien pronto se le uniría para apoyar la misión.
    Iturriaga les mostró el domicilio de los Prats. Una semana antes del crimen, Townley y su mujer se apostaron frente al departamento de Malabia y pudieron cerciorarse que la seguridad que en un principio tuvieron los Prats, tras la muerte de Perón había desaparecido. Estaban entregados a su propia suerte.
    La noche del domingo 29 de septiembre, los Prats fueron a cenar a donde su amigo Huidobro que había sido el embajador de Allende en Argentina. No sabían que en el Fiat que se movilizaban había una bomba que había sido instalada dos noches antes por Townley quien se había infiltrado en la cochera. Cuando los Prats llegaron a su domicilio, Townley y Callejas los estaban esperando en un auto a pocos metros de su departamento. Callejas tenía el detonador. “Lo toma y dice; ‘¿Qué hago?’ (…) lo estaba toqueteando (pero) ni siquiera estaba encendido”, declararía su esposo. En el intertanto Prats se había bajado del auto para abrir la puerta del garage. Fue en ese instante que Townley le quita el dispositivo de control remoto, lo enciende y presiona el botón. Ambos murieron al instante.

    TOWNLEY DECLARA 3 VECES

    La descripción de cómo ocurrió el asesinato la ha dado Townley en 3 oportunidades. La primera en 1992 al detective chileno Rafael Castillo, quien cumplía diligencias en el contexto de la investigación por el asesinato del canciller Letelier; 7 años más tarde daría la misma versión a la jueza Servini de Cubría. Y en febrero de 2005 haría lo propio con el juez Solís. A pesar de las múltiples crímenes cometidos por el agente norteamericano de la DINA, en la actualidad se encuentra en libertad y bajo protección del Departamento de Justicia norteamericano, con el cual arregló una pena reducida por el asesinato de Letelier, a cambio de entregar a sus cómplices anticastristas cubanos.
    Es importante mencionar que el proceso judicial por la muerte de Prats se instruyó desde el mismo día en que fue el homicidio. Estuvo a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1. La causa durmió durante años hasta que en 1991 se conoció el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación (Chile), la que adjudicaba a la DINA la responsabilidad en las muertes de Prats y su esposa. Ese mismo año tomo la causa en Argentina la jueza Servini de Cubría, en su calidad de titular del Juzgado federal Nº 1.
    En 1996 ordena la detención de Enrique Arancibia Clavel y el 2000 el Tribunal Oral de Buenos Aires lo condena a reclusión perpetua como autor del doble homicidio. Ese mismo año la Justicia argentina solicita a Chile la extradición de 6 agentes de la DINA y del general (R) Augusto Pinochet.
    El 2 de diciembre de 2002, la Corte Suprema de Chile, resolvió que es procedente la extradición solicitada por el Juzgado Federal Nº 1, en los autos B-1.516-93 en contra de los requeridos Manuel Contreras, Pedro Espinoza, Raúl Iturriaga, José Zara Holger y Jorge Iturriaga Neumann, “por su participación en los delitos de asociación ilícita y doble homicidio agravado” Prats y su cónyuge. Pero no hace efectiva la extradición, al disponer que sean juzgados en Chile. Fue entonces que toma la causa el ministro Solís, que es considerado como el juez más efectivo en lo referido a condenar a los principales responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura. Por lo pronto fue el primero en dictar condenas –enero de 2005- en contra de la plana mayor de la DINA (desaparición de Miguel Sandoval Rodríguez), para lo cual se sustentó en el derecho internacional humanitario, desestimando la aplicación del Decreto Ley de Amnistía de 1978. Hoy, los criterios aplicados en sus fallos están siendo seguidos por casi todos los jueces y han sido ratificados por la Corte Suprema en numerosas causas.
    No cabe duda que en el caso Prats, a la luz de las evidencias conocidas, va a terminar en condena. Y que está será ratificado por el máximo tribunal del país.

    RENCILLAS INTERNAS

    El documento de seguimiento de Prats, recientemente conocido, no sólo es clave porque constituye una prueba irrefutable de la participación de oficiales del Ejército de Chile, en el asesinato de un ex comandante en jefe de dicha institución.
    También lo es porque pone de manifiesto el profundo quiebre existente entre los ex miembros de los aparatos represivos. Y es que el oficio firmado por Morales, fue hecho llegar a Solís por el brigadier (R) Pedro Espinoza, segundo en la jerarquía de la DINA y que, al igual que Contreras, se encuentra cumpliendo condena por la desaparición de Sandoval Rodríguez. Ambos también pagaron cárcel por el asesinato en Washington (1976) del canciller de Allende, Orlando Letelier. Hoy comparten prisión en el Penal Cordillera de Santiago. Y no se soportan.
    Espinoza ha decidido hablar y sepultar a su otrora jefe. Su molestia se funda en el hecho que Contreras nunca ha reconocido que él fue el autor del “plan de exterminio” que tuvo lugar en la dictadura, delegando todas las responsabilidades en sus subalternos, como expresó en una carta al ministro Solís, entregada poco antes del informe ya citado.
    Junto a esta carta y al judicialmente valioso oficio, Espinoza entregó todo un legajo de documentos que sin duda golpeará a los represores de la dictadura. Por lo pronto, Juan Morales, fue encargado reo por Solís el viernes 22 por asociación ilícita para cometer el homicidio de Prats. Con este procesamiento, el juez completa nueve imputaciones en esta causa.
    Ahora falta el cierre del sumario con lo que se entraría en la fase de plenario, en la que Solís deberá mostrar sus pruebas y las defensas harán sus descargos. Al parecer del abogado Quezada, en no más de tres meses estarán listas las condenas de primera instancia.

    CARLOS PRATS

    Prats cruzó por vía terrestre la cordillera de los Andes hacia Argentina el 15 de septiembre de 1973. Lo hizo para escapar de las amenazas de muerte de grupos fascistas que asolaban la capital en los días posteriores al golpe militar y que no le perdonaban su negativa a encabezar el golpe contra Allende. Era invitado del presidente Juan Domingo Perón quien le dispuso un departamento en el elegante barrio de Palermo.
    Prats era considerado uno de los prohombres más importantes de este país sudamericano, por su apego a la constitución y a los más altos valores republicanos. Había decidido dejar la Comandancia en Jefe del Ejército, el 21 de agosto de 1973. No pudo soportar la fuerte presión que realizaban otros generales la que se evidenciaba incluso a través de las protestas de sus esposas. Buscaban que dejara el cargo. O que se sumara al golpe en ciernes. Lo último que hizo antes de abandonar su institución fue recomendar a Pinochet para sustituirlo.
    Diez días antes de ser asesinado, Prats había completado sus Memorias que constituyen un documento histórico fundamental para comprender el tráfago político que marcó el auge y caída de la democracia chilena. Son también la prueba de que no estaba dispuesto a callar y contemplar impasible la destrucción del alma de Chile.
    Por eso lo mataron.

    Francisco Marín

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