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    chrome_2016-01-26_12-32-13Ciudad de México, 26 de enero de 2016. El subdelegado de Conciliación de la Procuraduría Agraria, Alfredo Ramírez Gómez, busca la división de los habitantes de Monte del Toro, en Ejutla de Crespo, Oaxaca, para favorecer la entrada a la empresa minera “Fortuna Silver Mines”, denunció la asamblea general de la comunidad.

    Fortuna Silver Mines opera en el vecino  ejido de San José del Progreso, y busca expandir su proyecto minero a pesar de no contar con el consentimiento de las comunidades, detallaron los habitantes de Monte del Toro en un comunicado.

    Ante las pretensiones de expansión de la empresa, Monte del Toro y otras comunidades y ejidos del distrito de Ejutla decidieron declarar su territorio como prohibido para la minería el 8 de noviembre de 2015, y exigieron a la Procuraduría Agraria que se apegue a su reglamento interno, que establece que “esta dependencia tiene la facultad de promover la defensa de los derechos y salvaguardar la integridad de las tierras de los pueblos indígenas”.

    A pesar de la declaratoria, el funcionario Alfredo Ramírez Gómez se presentó en las oficinas del Comisariado de Bienes Ejidales los días 14 y 20 de enero de 2016 para pedir a las autoridades la separación de parcelas ubicadas en la agencia municipal de la Noria, “lo cual nos extrañó ya que Monte del Toro no ha solicitado dicha separación, además de que no existen conflictos en la comunidad”, informó la asamblea.

    Las y los habitantes de Monte del Toro reafirmaron su rechazo “rotundo” a otorgar dominio pleno sobre las parcelas de las y los ejidatarios, así como su separación, ya que esto es una condición legal que favorece a Fortuna Silver Mines”en perjuicio del ejido. También solicitaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca que realice una investigación sobre la actuación de las empresas mineras en la región, así como un monitoreo sobre las posibles violaciones a los derechos colectivos de los pueblos indígenas producidos por esta actividad económica.

    La declaratoria de territorio prohibido para la minería en nueve ejidos y comunidades se debió a que el 90 por ciento de sus ejidos y terrenos fueron concesionados para explotación minera, principalmente de oro, plata y zinc, sin proceso de consulta de por medio.

    Con información de centroProdh

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