Asamblea Nacional rechaza violencia y bloqueo de vías en Nicaragua

La Asamblea Nacional de Nicaragua rechazó este jueves actos de violencia y bloqueos de vías en el país, que violan la libre circulación y otros derechos humanos.

Condenamos enfáticamente todas las formas de violencia que se han presentado en el país y generan intranquilidad, ansiedad, angustia e inseguridad a las personas y familias nicaragüenses’, indica una declaración emitida por el Parlamento.

De igual manera, los diputados rechazan la obstaculización de vías que pretenden afectar la vida y salud de las personas, la libre movilidad, el desarrollo del comercio y generar pérdidas en las actividades económicas y en los empleos.

La resolución fue apoyada por 74 de los 92 legisladores, mientras la bancada del Partido Liberal Constitucionalista se retiró del hemiciclo, un claro mensaje a favor de mantener la violencia y los cierres de vías y carreteras, según consideran sandinistas.

Por otra parte, la vicepresidenta Rosario Murillo afirmó este jueves que el pueblo nicaragüense pide paz, el retorno a la normalidad y respeto a la libre circulación, ante la crisis sociopolítica en la nación.

Seguimos recibiendo mensajes y cartas desde todos los rincones, en las que claman por la tranquilidad, explicó Murillo.

El Gobierno reiteró su disposición a mantener un diálogo nacional que asegure la paz, estabilidad, justicia, el fortalecimiento de la democracia y las instituciones.

En un comunicado, el Ejecutivo recuerda que desde el pasado lunes presentó una agenda que recoge el clamor del pueblo, afectado por los tranques y la violencia, pero aún sin respuesta de la oposición.

De acuerdo con el texto, el presidente Daniel Ortega y el Estado están comprometidos con la investigación y aseguramiento de la justicia, alrededor de los hechos de violencia ocurridos en el país desde el 18 de abril.

En tanto, las autoridades esperan por una convocatoria de la Conferencia Episcopal para participar activamente en la comisión de tres más tres, luego de la suspensión del diálogo por falta de consenso con los sectores sociales.

Para el gobierno resulta vital y prioritario abordar el derecho de la ciudadanía a la paz, mientras la contraparte insiste en una agenda de reformas políticas, calificada como intento de golpe de Estado por el jefe de la diplomacia nicaragüense.

La crisis se desató el 18 de abril contra reformas del Gobierno al seguro social, más tarde derogadas, pero que no detuvieron las protestas, a las cuales se sumaron otras demandas políticas.

Tales reformas sirvieron de pretexto para poner en marcha un plan dirigido desde el exterior con el objetivo de desestabilizar la nación y provocar el derrocamiento del gobierno nicaragüense, según observadores.

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