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    El pujante y vigoroso gigante suramericano, Brasil, que llegó a ostentar una de las economías emergentes más importantes del planeta, se encuentra en una aguda crisis política y social, que comenzó hace poco más de dos años cuando se le arrebatara el poder político a la presidenta constitucional, Dilma Rousseff, a través de un golpe parlamentario, para entregárselo -por la vía de facto- al acaudalado empresario Michel Temer.

    Fue en mayo de 2016 cuando el senado brasileño ejecutó el golpe parlamentario. En ese momento, la mayoría de los diputados de derecha que integran el congreso, aprovecharon la situación vulnerabilidad de la en ese entonces Presidente para tomar el Poder Ejecutivo por asalto, con la bandera de “la justicia y el debido proceso” o la guerra jurídica (lawfare).

    Temer ascendió al poder montado en una ola de dinero e influencias

     

    De inmediato el mandato del país fue tomado por Michel Temer, quien desde ese momento comandó una “cacería de judicial” contra todos sus rivales políticos, sobre todos aquellos relacionados con el gobierno de Rousseff y directamente contra el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, actualmente preso político e inhabilitado a la candidatura presidencial de octubre próximo en la que figura como amplio favorito para la victoria. Una estrategia que sin duda ha traído resultados rentables a la derecha brasileña, que por medio de “la vía administrativa” ha logrado afiatarse en el poder, eliminando a sus contrincantes directos.

    Pero no fue hasta el 31 de agosto de 2016 cuando Temer asumió -de manera oficial- el Régimen de Facto en Brasil. Desde entonces, los escándalos y denuncias de corrupción, sobornos, asesinatos, lavado de dinero, narcotráfico, esclavismo y judicialización política, marcan la agenda pública brasileña. Así, tan solo durante en el primer trimestre de 2018 el régimen de Temer rompió récords de corrupción y su credibilidad está en el suelo.

    Los datos demuestran el fracaso del régimen de facto de Michel Temer

    Récords de corrupción y sobornos

    En abril pasado, el diario digital Brasil 247 informó que el gabinete de Temer, batió récords históricos de corrupción en el país para solo un gobierno, al registrar -tan sólo en el primer trimestre de 2018- la mayor cantidad de casos vinculados a prácticas de corruptela.

    Un estudio realizado por la Contraloría General de la Unión (CGU) indica que al menos 89 funcionarios del Régimen de Temer habían sido reemplazados de sus cargos al corroborarse su vinculación en delitos de corrupción y sobornos. Esta cifra, indica el informe, es la más alta registrada desde el año 2003, cuando comenzó a medirse este indicador.

    De acuerdo con las estadísticas, del total de 142 funcionarios involucrados en este tipo de delitos, 72 fueron despedidos en marzo, lo que representa casi el doble del número de penalidades ocurridas en el mismo período de 2017.

    Además, en el segundo semestre de 2017, Michel Temer se convirtió en el primer jefe de Estado brasileño en ser acusado por la Procuraduría General de la República (PGR) por el delito de corrupción y soborno en un caso vinculado con la empresa frigorífico JBS, la procesadora de carnes más grande del mundo.

    El entonces presidente del frigorífico, Joesley Batista, declaró que Temer era uno de decenas de políticos que recibieron sobornos para “ayudar” a la referida empresa en varios negocios donde participaba de alguna manera el gobierno. En el caso de Temer, Batista mostró un audio donde Temer y él cierran el acuerdo para un soborno por varios millones de dólares.

    La grabación fue realizada durante una conversación sostenida en la residencia oficial y en donde se escucha como Temer avala el pago de sobornos para comprar el silencio del extitular de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, sentenciado en marzo de 2017 a 15 años de prisión por corrupción, lavado de dinero y evasión de impuestos, mismo hombre que impulsó el juicio político contra Rousseff, y que apoyó la ascensión de Temer al poder.

    Además, el audio muestra como su exasesor especial y exdiputado federal, Rodrigo Rocha Loures, actuó como intermediario para resolver los requerimientos de la empresa JBS, a cambio del pago de una “propina” semanal por 25 años de medio millón de reales (120.253 dólares), que llegarían a manos del inquilino del Palacio de Planalto, sede del Gobierno Federal.

    El mismo parlamento que persiguió a Rousseff y Lula, protege a Temer

    Un parlamento para Temer

    La sostenibilidad del régimen de Michel Temer se fundamenta en el poder que impone la derecha dentro del parlamento brasileño. Prueba de ello es la protección blindada que los diputados que integran este seno le prestan al empresario, al bloquear varias acusaciones que lo señalan directamente en la comisión de delitos de corrupción, sobornos y lavado de dinero.

    Cuesta confiar entonces en un parlamento que fue juez y acusador para perpetrar el golpe contra Rousseff y luego inhabilitar a Lula para la candidatura presidencial. Es decir, un congreso que actúa para erradicar al enemigo político, favorecer la inconstitucionalidad e institucionalizar la criminalidad como régimen de gobierno.

    En el caso de Temer, el Tribunal Supremo decidió abrir en 2017 una nueva investigación contra el empresario por sus vinculaciones al negocio de sobornos que permitieron financiar ilegalmente sus campañas electorales.

    Esta era, para entonces, la segunda investigación en la que se veía implicado Temer por casos de corrupción. Con anterioridad, el congreso brasileño había conseguido bloquear otras dos denuncias que había gestionado la Fiscalía General de la República contra él.

    Todos los casos guardan relación con hechos revelados por empresarios que decidieron colaborar con la justicia y que lo implican directamente en el cobro de comisiones ilegales. Pero, el parlamento derechista se ampara en una norma constitucional que impide imputar a la figura del Presidente, sin la autorización de al menos dos tercios de los diputados de la cámara, lugar donde los sospechosos de corrupción se cuentan también por decenas. Ésta es la herramienta clave que permite que en Brasil sea posible organizar golpes de Estado por la vía parlamantaria.

    Entre los casos figura la vinculación de Temer en el caso de sobornos que se hicieron públicas en las confesiones de los principales ejecutivos de la constructora Odebrecht, protagonista del mayor caso de corrupción de América Latina.

    “Los directivos de la empresa aseguraron que habían negociado con Temer el pago de 10 millones de reales (2,5 millones de euros) en dinero negro para financiar a su fuerza política, recientemente rebautizada como Movimiento Democrático Brasileño (MDB) —perdió la denominación de partido— en un intento de lavar su deteriorada imagen”, refiere una investigación de diario digital El País.

    Agrega este medio que el anterior fiscal general de la República, Rodrigo Janot, apreció indicios de que Temer “capitaneaba” una trama para financiar ilegalmente al entonces llamado aún PMDB. Pero Janot actuó sólo contra dos de los más estrechos colaboradores del presidente, los ministros Eliseu Padilha y Wellington Moreira Franco.

    “Janot dejó fuera a Temer alegando que la Constitución también prohíbe acciones judiciales contra un Presidente por actos cometidos antes de su mandato. Los hechos denunciados se habían producido cuando Temer era el vicepresidente con Dilma Rousseff, contra la que luego impulsó un proceso de destitución”, cita el medio.

    Sin embargo, tanto la nueva fiscal general, Raquel Dodge, como el Tribunal Supremo tienen una interpretación distinta, al entender que, “aunque no se pueda actuar contra el presidente, nada impide que este sea investigado mientras tanto para aclarar los hechos”.

    “Esta acción judicial no tendrá consecuencias políticas inmediatas, aunque supone un revés para los intentos de Temer de recuperar su imagen pública. Tanto es así que en los últimos días algunos colaboradores suyos han alentado la posibilidad de que el presidente concurra a las elecciones del próximo octubre, pese a que su popularidad ha llegado a caer por debajo del 5%”, cita El País.

    Temer junto a su socio Eduardo Cunha

    Tres denuncias como bombas

    Temer ha enfrentado al menos tres denuncias gravísimas por corrupción y sobornos. Del primer caso fue salvado por el Tribunal Superior Electoral, presidido por un magistrado que actúa sin tapujos como consejero ocasional de Temer. De la segunda y la tercera, la Cámara de Diputados.

    “Las acusaciones contra Temer dan para un libro. Hay serios indicios de que era un emisario suyo la persona que, el pasado marzo, recogió una maleta repleta de billetes enviada por un empresario corrupto, el mismo que días antes había visto en secreto al presidente en su palacio. Ni uno solo de sus más estrechos colaboradores en los últimos años está libre de cargos abultados. A uno de ellos, el exministro Geddel Vieira Lima, la policía le descubrió hace unas semanas un apartamento en el que escondía una montaña de billetes, 51 millones de reales, casi 14 millones de euros”, refiere El País.

    Con la misma eficiencia que actúa la “justicia” a favor de Temer, ejecuta la persecución política contra Lula, quien se sepultado por el caso del Lobby de Lava Jato, que si bien podría implicar efectivamente a da Silva en movidas fuera de la ley, tiene más rendimientos políticos que hambre de justicia.

    “Temer y los que con él han tomado el gobierno se protegen bajo el paraguas del foro privilegiado: los juzga el Tribunal Supremo, mucho más lento, y donde tienen asiento, entre otros, el magistrado que da consejos jurídicos al presidente o el que hasta hace unos meses era su ministro de Justicia. La protección legal en ese nivel permite además que en muchos casos la política pueda frenar a los tribunales. Así ha sucedido con Temer y con otro de los grandes artífices de la caída de Rousseff, Aécio Neves, líder del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), que se quedó a las puertas del triunfo en las elecciones presidenciales de 2014”, cita el País.

    Este mismo diario explica que si al igual que Temer, Aécio Neves ha sido beneficiado también con el favor de sus colegas senadores.

    “El mismo empresario corrupto que hablaba con Temer, el magnate de la carne Joesley Batista, grabó a Neves pidiéndole dos millones de reales -520.00 euros-. El Supremo ordenó apartarle del cargo y le prohibió salir por las noches. Pero el Senado anuló la decisión judicial, con la aquiescencia del propio Supremo. El alto tribunal, tras una discusión resuelta por un solo voto, aceptó que el Senado tenía potestad para revertir la decisión judicial. En esa cámara legislativa, el 40% de sus integrantes tiene también procedimientos abiertos por corrupción. Y por amplia mayoría socorrieron al compañero en apuros”.

    Temer subestima todas las acusaciones que se gestan en su contra

    Temer, dinero y lavado

    Pero los delitos de Temer no solamente se vinculan a la corrupción y el soborno, también están impregnados de lavado de dinero.

    Según un reporte, difundido por el portal El Financiero y la agencia Reuters, Temer habría tratado de ocultar un soborno al comprar propiedades a nombre de familiares, en las que apareen com dueños su esposa y su hijo de 9 años.

    Esta acusación fue evadida por Temer, quien para el momento ordenó investigar cómo ese reporte que lo vincula al caso de lavado de dinero, terminó filtrado en la prensa.

    En ese sentido, el Supremo Tribunal Federal autorizó investigar a Temer y revisar si él habría aceptado un soborno a cambio de la aprobación de un decreto favorable a operadores del puerto de Santos, el más grande del país.

    El diario Folha de S. Paulo reportó que la Policía Federal también sospecha que el empresario y otrora Vicepresidente de Brasil, ocultó el soborno con la compra de nuevas propiedades.

    En ese momento Temer dijo -en un mensaje por televisión- que las acusaciones son mentiras y aseguró que sus ingresos durante los últimos 60 años “han sido suficientes” para “justificar” la compra de las propiedades.

    “Solo una persona irresponsable, una persona mal intencionada se atrevería a incriminar a mi familia, mi hijo de 9 años, como personas que han lavado dinero. ¿En qué mundo vivimos? Yo les digo, señores, es increíble, es repugnante”.

    La investigación sobre los puertos es una de varias acusaciones que pesan contra Temer, y esta no es la primera vez que él recurre a la televisión para declarar su inocencia.

    La mayoría del pueblo brasileño no aprueba ni el mandato ni la gestión de Temer

    Crisis humanitaria en Brasil: Asesinatos y violencia por doquier

    La crisis política y democrática que impera en Brasil producto del régimen de facto que encabeza Temer, tiene una arista que ha procurado pasar bajo la mesa: el aumento ostensible de la criminalidad, la violencia y los asesinatos, delitos amparados por los altos niveles de impunidad que reinan dentro del país suramericano.

    Un informe titulado Monitor de la Violencia que fue realizado por el sitio G1, del Grupo Globo, junto al Núcleo de Estudios de la Violencia de la Universidad de San Pablo y el Forum Brasileño de la Seguridad Pública, indica que el gigante suramericano registró en el primer semestre de 2018 más de 26.000 asesinatos.

    Este informe, reseñado por la agencia Ansa, destaca que en Brasil se registraron 26.126 asesinatos entre enero y junio, con una tasa promedio de 12,5 crímenes por cada 100.000 habitantes, un promedio de 4.300 personas al mes. El estado más violento es Roraima.

    Pero el estudio, dice el informe, no refleja el total real de los asesinatos del país, pues no integra datos de los estados de Paraná, Tocantis y Maranhao, cuyas autoridades se negaron a suministrar información.

    Además, el estudio indica que en las zonas del Amazonas y del Noreste se han fortalecido grupos carteles criminales dedicados al narcotráfico, que habían surgido en un principio en la zona Sureste de Brasil.

    Por ejemplo, en Roraima se puede evidencia la tensión a la que está sometida la población producto de la violencia desatada y fuertes “motines carcelarios” que podrían originar una “tragedia nacional”.

    A Roraima le secundan Río Grande do Norte, Acre y Ceará. “Este es un tema grave y urgente, los datos de este monitor muestran que la violencia es uno de los principales obstáculos para la mejora de la calidad de vida de los brasileños”, afirmó Samira Bueno, directora del Forum Brasileño de Seguridad Pública.

    El régimen de Temer decidió enviar tropas militares, sobre todo a la zona de Roraima -territorio fronterizo con Venezuela- y desde entonces, en los meses de marzo y abril de 2018 los índices de asesinatos y tiroteos se incrementaron en la capital, Río de Janeiro.

    En general la espiral de violencia se explica por la actitud “omisa” del gobierno federal, señaló la especialista Samira Bueno al intentar una reflexión sobre un problema “complejo”.

    A todo esto se suman las constantes denuncias de represión y persecución por motivos políticos a los que son sometidos los ciudadanos diariamente por integrantes de las fuerzas policiales y del ejército brasileño, quienes infunden violencia y temor en la población.

    Temer convirtió a Brasil en un territorio disponible para las tropas estadounidenses

    Temer, el gran socio militar y empresarial de EEUU en América Latina

    En un análisis político realizado por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG) -institución dedicada a la investigación, estudio y análisis de los fenómenos políticos, económicos y sociales de América Latina- titulado: EEUU avanza sobre el Brasil de Temer y publicado el pasado 27 de mayo de 2018, se explica como el régimen de facto de Temer, ha privilegiado los intereses del gobierno y empresarios estadounidenses sobre su soberanía y necesidades del pueblo brasileño.

    Cita el informe de la CELAG que con la llegada de Temer al poder, el Ministerio de Defensa de Brasil y el Departamento de Defensa estadounidense concretaron -en marzo de 2017- la firma del Acuerdo de Intercambio de Información sobre Investigación y Desarrollo (MIEA – Master Information Exchange Agreement), que proporciona la expansión de la colaboración en investigación y desarrollo, y fomenta desarrollo de nuevas e innovadoras tecnologías de defensa.

    Este convenio convirtió a Brasil como el segundo socio comercial en la industria de defensa de EEUU en América Latina, después de México. Este proceso se agilizó luego de una reunión realizada el 30 de septiembre de 2016 -un mes después del golpe contra Dilma- cuando se realizó el primer “Diálogo entre las Industrias de Defensa de Brasil y EEUU” en Brasilia.

    También destaca el estudio que otro de los intereses de EEUU es la base aeroespacial Alcántara, ubicada en el municipio de Maranhão. En 2003, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva puso fin a las negociaciones con EEUU para el uso de esa base; sin embargo, Temer retomó el proyecto y presentó propuestas para que EEUU utilizara la base en junio de 2017. Desde entonces, representantes de empresas estadounidenses como Lockheed Martin, Boeing, Vector Space Systems y Microcosm visitaron la instalación y demostraron su interés en utilizarla.

    El 22 de mayo de 2018, el Subsecretario de Estado estadounidense, John J. Sullivan, se reunió con el ministro de Relaciones Exteriores de Brasil, Marcos Galvão, en Brasilia para formalizar la creación del Foro Permanente de Seguridad Brasil-EEUU, que tiene como objetivo “crear condiciones favorables para la articulación interagencia y el desarrollo de estrategias operativas en torno a seis áreas: narcotráfico, tráfico de armas, delitos cibernéticos, lavado de armas y dinero, crímenes financieros y terrorismo. La primera reunión se celebrará este año en Washington”, reseña el informe del CELAG.

    Para ese momento, la agenda del Subsecretario de Estado también incluyó –según el reporte del CELAG- “la discusión sobre comercio, inversiones, cooperación espacial y defensa, (…) el apoyo regional para la restauración de la democracia en Venezuela y encuentros con miembros de la sociedad civil brasileña. Todos, ámbitos y temas en los que el gobierno estadounidense junto con el sector privado de ese país vienen avanzando sin obstáculos desde el golpe contra Dilma Rousseff”.

    Las transnacionales estadounidenses están implicadas al golpe contra Dilma Rousseff

    En beneficio de las transnacionales estadounidenses

    Otro interés de EEUU en Brasil se enfoca en el que tienen sus empresarios en territorio brasileño. Explica el CELAG que durante los gobiernos de Lula da Silva y Rousseff se dio preponderancia al uso del software libre en las instituciones públicas.

    Pero después de consumado el golpe parlamentario que colocó a Temer en el poder, el 19 de octubre de 2016, Microsoft inauguró un Centro de Transparencia en Brasil, en asociación con el gobierno federal, para atender a varios gobiernos de la región aliados a EEUU como Argentina, Chile, Colombia y México.

    “Es el primer centro de este tipo en América Latina que, según la empresa, opera como ‘extensión del Programa de Seguridad Gubernamental de Microsoft y constituye un pilar fundamental del compromiso de integridad de la empresa en relación con sus productos y servicios’ y ‘permite que los gobiernos tengan acceso a información importante relacionada con la seguridad cibernética de los programas de Microsoft enfocados en la inteligencia, la protección contra malware (amenazas en línea) y la seguridad para combatir los delitos cibernéticos’, explica el informe del CELAG.

    “Brasil también suscribió un protocolo de intenciones entre Microsoft y la Secretaría de Tecnología de la Información (STI) del Ministerio de Planificación, Desarrollo y Gestión, que formaliza la cooperación para promover la seguridad cibernética en el país. A pocos días del evento de Microsoft, el 24 de octubre, Michel Temer anunció la contratación del software creado por Microsoft”, agrega el análisis.

    La permisividad de Temer con las corporaciones empresariales norteamericanas también produjo -en diciembre de 2017- la propuesta de asociación de la estadounidense Boeing con Embraer.

    Explica el CELAG que esta sociedad “no se restringe al área de la aviación comercial sino que incluye el sector de defensa (Embraer es proveedor crucial de hardware militar). La asociación crearía una empresa conjunta en la que Boeing tendría una participación del 80.01% y la empresa brasileña un 19.99%, modelo respaldado por el gobierno brasileño. Según Ronald Epstein, analista de Bank of America Corp, Boeing podría estar avanzando preventivamente para evitar que Commercial Aircraft Corp., de China, busque una relación más estrecha con Embraer”.

    Temer también aprobó la mayor importación en décadas de semillas de maíz transgénico (un millón de toneladas) producidas en EEUU por Monsanto y Bunge. “A esto se suma la inminente aprobación del llamado “Paquete Veneno” -27 proyectos de ley que facilitarán aún más el acceso a registro, fabricación, venta y utilización de los agroquímicos en el país- impulsado por la bancada ruralista”, cita el informe del CELAG.

    En esa misma línea aparece Stratfor -empresa privada estadounidense especializada en servicios de inteligencia y espionaje- y las petroleras Chevron, Exxon Mobil, Devon Energy y Anadarko.

    Explica el CELAG que “existen pruebas fehacientes sobre el vínculo entre Lava Jato” (la mega causa judicial utilizada por el régimen de Temer para justificar el golpe contra Dilma Rousseff y el reciente encarcelamiento de Lula da Silva) “y los intereses de empresas transnacionales estadounidenses en el Atlántico Sur, particularmente en las reservas de petróleo y gas del pre-sal en aguas brasileñas”.

    Tras el golpe a Rousseff, el régimen de Temer quitó los privilegios soberanos que tenía la estatal Petrobras en el sector de hidrocarburos, y dio acceso pleno a empresas directamente implicadas en el “impeachment”: Stratfor, Chevron, Exxon Mobil, Devon Energy y Anadarko.

    Los tres líderes socialistas son víctimas de la guerra judicial que promueve el régimen de facto en Brasil

    Nueva guerra judicial: Primero Dilma, luego Lula, ahora Fernando Haddad

    El sostenimiento del régimen de facto de Michel Temer, quien pretende ganar las elecciones presidenciales de octubre próximo al anular políticamente a Lula, también depende de ese proceso comicial.

    Es por ello que tras la orden de la “justicia” brasileña que decidió inhabilitar totalmente a Lula para los comicios, ahora redirige la guerra judicial contra el posible candidato sustituto de Lula: Fernando Haddad.

    Para ello la Fiscalía de Brasil realizó una denuncia por corrupción contra Haddad. Este proceso busca enjuiciar al político -en período electoral- por supuestos delitos de corrupción pasiva, lavado de dinero y formación de banda criminal.

    La denuncia fue ejecutada este martes 4 de septiembre de 2018 contra el ahora candidato a la vicepresidencia por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT).
    Según la Fiscalía, el PT habría pedido 2 millones 600.000 reales (aproximadamente 625.000 dólares) a la constructora UTC para pagar deudas de campaña cuando Haddad era alcalde de la ciudad de Sao Paulo.

    Este dinero, habría sido utilizado en 2013 por el PT para pagar deudas con una imprenta que había realizado los afiches de Haddad en su campaña para la alcaldía el año anterior. Así, el probable candidato presidencial del PT se habría visto beneficiado “indirectamente” del pago y de la disimulación del mismo, de acuerdo a la investigación, explica la agencia ANSA.

    El caso comenzó a partir de un testimonio de Ricardo Pessoa, ex presidente de la UTC, que se presentó ante la Justicia en carácter de arrepentido. En una nota que publicó el diario “O Globo”, la defensa de Haddad manifestó: “Sorprende que, en período electoral, una narrativa del empresario Pessoa, de UTC, sin pruebas, fundamente tres acciones de la Fiscalía de Sao Paulo”.

    “El empresario ya tuvo delaciones rechazadas en casi una docena de casos y cuenta sus historias de acuerdo a sus intereses”, agrega el comunicado. Haddad, de 55 años, será casi con seguridad el candidato del PT en las elecciones del 7 de octubre.
    Hasta ahora, es el vicepresidente en la fórmula de Lula, pero el ex mandatario ya fue impedido de participar en la contienda electoral, y por eso se estima que la oficialización del ex alcalde de Sao Paulo en su lugar es inminente.

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