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    El expresidente de Ecuador, Rafael Correa, se convirtió oficialmente este martes 2 de julio en otro de los líderes políticos latinoamericanos víctima de la persecución judicial, acción que alientan gobiernos neoliberales, serviles a los intereses de los Estados Unidos, para contrarrestar y debilitar las fuerzas progresistas en la región, así como a sus actores principales.

    Los antecedentes son recientes en la región.  Esta estrategia que aparenta estar dentro del marco legal de cada país, utiliza a la justicia para acusar y encarcelar a líderes que pueden lograr el resurgir de la unidad latinoamericana con base en la alianza de las fuerzas de izquierda que pueden emerger nuevamente como un bloque antiimperialista unitario y replegar el brote de gobiernos de derecha en varios países de Suramérica.

    La intención entonces  es frenar la alianza y hermandad de pueblos y gobiernos que lograron liderazgos como el de Hugo Chávez en Venezuela, Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina, Luiz Inácio Lula Da Silva en Brasil, Evo Morales en Bolivia, Fernando Lugo en Paraguay, José Pepe Mujica  en Uruguay, Rafael Correa en Ecuador, Manuel Zelaya en Honduras y Daniel Ortega en Nicaragua; quienes concretaron un gran bloque geopolítico comercial, soberano y de integración, ajeno a los intereses del gobierno estadounidense.

    En Ecuador el proceso de judicialización contra Correa, concretado este martes luego que el Fiscal General (encargado) de Ecuador, Edwin Paúl Pérez, solicitó prisión preventiva en su contra ante la Corte Nacional de Justicia (CNJ), pidió notificar a Interpol mediante difusión de alerta roja su captura y extradición; y en conciencia la jueza Daniella Camacho dictó la orden de prisión preventiva contra el líder ecuatoriano; comenzó días después de la victoria presidencial que obtuvo en abril de 2017 el actual mandatario, Lenín Moreno, gracias al apoyo incondicional que le dio el propio Correa y las fuerzas de la Revolución Ciudadana.

    Moreno, antiguo Vicepresidente de la República durante la gestión de Correa, comenzó a deslindarse del correísmo y sus fuerzas progresistas para alinearse, entonces, con actores políticos de derecha vinculados a sectores radicales de oposición a la Revolución Ciudadana.

    De esa manera y con apoyo de los medios de comunicación aliados a la guerra sucia que siempre se gestó contra Correa mientras fue Jefe de Estado, Moreno comenzó un periplo para colocar en espacios claves de las instituciones judiciales a personeros que históricamente han sido enemigos políticos de Correa y del proceso que lideró para reivindicar las necesidades del pueblo ecuatoriano.

    En ese sentido, Correa denunció este miércoles en una entrevista ofrecida a Rusia Today (RT) que la administración de Lenín Moreno y la designación “a dedo” del Contralor de la República, Pablo Celi de la Torre; del Fiscal General (encargado), Edwin Pérez; y el nombramiento de los más recientes miembros del Consejo de la Judicatura, han sido procesos violatorios a la Constitución y por ende rompen el orden constitucional y originan que Ecuador esté totalmente fuera del estado de derecho.

    Esta denuncia la viene haciendo Correa, desde que Moreno comenzó a perseguirlo judicialmente. El 22 de enero de 2018, Correa ofreció una entrevista al medio argentino Página 12, donde explicó que Moreno, argumentando una supuesta lucha anticorrupción, logró sacar del gobierno al Vicepresidente Jorge Glas, al involucrarlo -sin contar con pruebas que lo incriminen- en el caso de sobornos vinculados a la empresa brasileña Odebrecht en América Latina y sentenciarlo a más de seis años de prisión, lo que además acarrea su inhabilitación política.

    “Es la judicialización de la política, el “Lawfare” como lo llaman los gringos. Se trata de aniquilar al adversario político llenándolo de causas. Es toda una estrategia, como en la guerra. Primero, exacerban un caso de corrupción y generalizan, para que la gente se sienta indignada. Después, los medios ubican al culpable y se produce un linchamiento mediático que dura meses”,  explicó Correa a Página 12 en ese momento.

    “Es lo mismo que hicieron con Dilma, con Lula y con la propia Cristina (…) Con todo esto tratan de destruir la fuerza moral de nuestra gente diciendo que todo fue producto dela corrupción. Eso es mentira, Ecuador dio pasos agigantados en la lucha contra la corrupción. En el caso de Jorge Glas, se dice que recibió sobornos y no se ha encontrado nada. ¡Se instaló en el imaginario colectivo, pero no hay pruebas! Resulta que los miembros de Odebrecht que han confesado, fueron sobreseídos”, agregó.

    Correa también ha denunciado de manera continuada, que esta estrategia de la derecha para atacar a los gobiernos progresistas, no es más “que la judicialización de la política”; un abuso que no puede permitirse en la región, porque además forma parte de una “estrategia de desinstitucionalización de nuestros países, la pérdida del Estado de Derecho”.

    Anular a Correa

    La anulación política de Correa es clave para evitar el resurgimiento de las fuerzas progresistas en toda Latinoamérica, sobre todo con la más reciente victoria de Andrés Manuel López Obrador en la Presidencia de México, triunfo que incluso ha logrado que el discurso xenófobo y segregacionista del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sea en las primeras de cambio, bastante respetuoso  con su homólogo recién electo.

    En vista de ello, no es casual la gira que culminó hace una semana el vicepresidente de EE. UU., Mike Pence, quien realizó reuniones en la región para alentar los ataques contra Venezuela y el gobierno que lidera Nicolás Maduro, que culminó con un encuentro que sostuvo con Lenín Moreno en Quito.

    En ese sentido, Rafael Correa explicó a RT este miércoles que la estrategia de Moreno, como ejecutor de los intereses de Washington, es aniquilarlo políticamente e incluso matarlo físicamente.

    Al respecto Correa explica que la opción de matarlo es real, porque en medio de la persecución que se ejecuta en su contra, le fue suspendida la seguridad presidencial que le corresponde como expresidente de la República.

    La otra opción es la judicialización, pues ya le fue arrebatada, en un proceso viciado, su inmunidad con ex jefe de Estado, luego que la Asamblea Nacional decidiera quitarle ese derecho a pesar de no contar con los 92 votos necesarios para tal fin.

    “La idea es anularme civil y políticamente”, a través de un juicio ilegal, convocado con una orden judicial ilegítima, al que Correa no acudirá, para entrar en un ciclo donde se detendrá el proceso por ausencia del acusado, mismo que podría extenderse hasta por 10 años, lo que ocasionaría la inhabilitación del líder progresista ecuatoriano.

    “Hay que parar la judicialización de la política. ¡Que nos derroten en las urnas, no con sus artimañas! (…) Ecuador no es un Estado de derecho;  ¿Cuál es el marco legal con que se nombró al contralor?; él es el instrumento de persecución del actual Gobierno ecuatoriano; ¿Con qué marco legal constitucional se nombró al fiscal, que es el que me persigue? (…) fue nombrado a dedo, sin concurso, con la consigna de meterme preso“, cuestionó Correa.

    Agregó que “es evidente que se está cooptando la Justicia para perseguir a dirigentes de izquierda (…) Más daño que a nosotros, están haciendo daño a nuestras democracias, a nuestros países, a la institucionalidad tan fundamental para el buen vivir”.

    Previamente

    De acuerdo a información reseñada por la agencia Andes, el 2 de mayo de 2018, el pleno del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) transitorio decidió designar como Fiscal General encargado a Edwin Pérez, luego que Carlos Baca Mancheno fuera censurado y destituido por la Asamblea Nacional.

    La designación de Pérez será vigente, según lo acordado por este organismo, hasta que se convoque a un concurso para elegir al titular definitivo. El organismo transitorio, con esa decisión, dejó sin efecto la posesión de Gen Rhea, quien había asumido la Fiscalía General el viernes 27 de abril al ser el fiscal subrogante en reemplazo de Thania Moreno, quien también resultó suspendida.

    Posteriormente, en junio de 2018, Marcelo Merlo fue nombrado como Presidente encargado del Consejo de la Judicatura, después que el Cpccs cesó en sus funciones a los anteriores vocales.

     

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