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    El Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil decidió este martes por mayoría reabrir el proceso de investigación electoral por supuestas irregularidades en la campaña electoral de la presidenta, Dilma Rousseff, informa EFE.

    Dilma-Rousseff-21

    La acción fue interpuesta por el opositor Partido de la Social Democracia Brasileño (PSDB), que pide la nulidad del mandato de la presidenta y de su vicepresidente Michel Temer.

    No obstante, según apuntó la estatal Agencia Brasil, los magistrados no cuestionaron el mérito de la acción para analizar si hubo irregularidades o no y solo evaluaron este martes si era procedente continuar con ese proceso.

    Después del análisis de las alegaciones de acusación y defensa, el caso será juzgado por el plenario de la corte.

    En total, cinco magistrados votaron a favor de dar continuidad al proceso y dos en contra.

    En febrero, la magistrada María Thereza de Assis Moura archivó el proceso, al argumentar que no se tenían pruebas suficientes para proseguir con la acción, pero el TSE volvió a debatir la reapertura del caso por una acción interpuesta por el PSDB, del candidato opositor derrotado Aécio Neves.

    El PSDB alegó que existen indicios de irregularidades en la campaña de Rousseff por la donación de recursos de las constructoras incluidas en la investigación por el gigantesco escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.

    La Justicia electoral había iniciado el último 25 de agosto la votación para dar continuidad o no al proceso, pero fue interrumpida y retomada este martes.

    El gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Rousseff, afirma que todas las donaciones que recibió fueron legales y quedaron registradas ante la Justicia electoral, y que las cuentas de la campaña fueron aprobadas en diciembre pasado por unanimidad en la misma corte.

    Además del proceso, que se reabrirá en el TSE, la presidenta Rousseff deberá pasar por la aprobación de la contabilidad de la gestión de 2014 por parte del Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que deberá determinar si hubo un “maquillaje fiscal” del informe.

    En caso de una reprobación de las cuentas, el Congreso determinará si abre o no un juicio político con fines de destitución de Rousseff, como pretende la oposición.

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