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    Este domingo, Keiko Fujimori, líder del principal partido opositor peruano, Fuerza Popular, se presentó ante la audiencia judicial que dará la sentencia acerca de la solicitud de la Fiscalía, que obedece a la prisión preventiva por 36 meses por supuestamente haber cometido el delito de lavado de activos, publicó portal web N24.

    Hasta ayer, Fujimori no había confirmado su presencia en la sala, pero el juez que lleva el caso, Richard Concepción Carhuancho, no ha sido considerado como imparcial y debería ser recusado, tras la diatriba entre los medios y los grupos de simpatizantes fujimoristas que pedían su procesamiento en las puertas del juzgado, reseñó YVKE Mundial.

    La política (Keiko), llegó serena y acompañada por su esposo Marc Vito y su hermana Sachi Fujimori, sin hacer declaración alguna. Además, a los pocos minutos de ingresar al tribunal otras 11 personas sospechosas de formar parte o dirigir una red de lavado de activos en el seno del partido para blanquear aportes irregulares llegaron al órgano judicial.

    Sobre todas las personas recae un pedido de prisión preventiva. La única que declaró a los medios fue Ana Herz de Vega, quien funge como principal asesora de Keiko Fujimori, dijo que la política acudió al tribunal “dando la cara como siempre”.

    “Somos un partido político, y quieren criminalizar a los partidos políticos. Es defensa de la democracia, nada tenemos que ocultar”, señaló a la prensa peruana Herz de Vega.

    El pasado viernes, el fiscal José Domingo Pérez solicitó la prisión preventiva contra este grupo, apenas dos días después de que la gran mayoría de ellos hubiera sido liberados de una detención preliminar.

    Esa detención preliminar, que fue ordenada también por el juez Carhuancho, fue levantada antes de que se cumpliese los diez días autorizados después de que un tribunal superior aceptara una apelación presentada por los defensores legales del grupo.

    El recurso anulado por la decisión de Carhuancho ha sido el argumento esgrimido por la defensa de Fujimori para recusar al magistrado. La investigación fiscal está dirigida contra la financiación irregular de la campaña de Keiko Fujimori para las elecciones presidenciales de 2011, donde supuestamente grandes donaciones de dinero no fueron declaradas, sino disfrazadas con una contabilidad ficticia en la que figuraban múltiples aportes de personas particulares.

    Entre las donaciones ocultas, según las autoridades del país estaría al menos un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, protagonista del mayor escándalo de corrupción de la historia de Latinoamérica.

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