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    Con los votos de Morena-PES-PT, los partidos que apoyan al presidente electo Andrés Manuel López Obrador, la Cámara de Diputados aprobó la minuta de ley de salarios máximos en la Administración Pública, para que nadie gane más que el Jefe de Estado.

    De nada valieron los alegatos de los partidos tradicionales de la derecha: PRI y PAN, que pretendían postergar la aprobación al 30 de septiembre y adicionarle cambios a la moción.

    Del lado de Morena, Pablo Gómez autor de la iniciativa hace siete años, elevó el tono en tribuna y declaró que el régimen de privilegio aplicado a los elevadísimos salarios de la alta burocracia había terminado. Sobrevino una larga cauda de argumentos desde las voces del PAN, del PRI y Movimiento Ciudadano, que si bien apoyaron la minuta en lo general, le reprocharon cuestiones de terminología y nombres de organismos.

    En el ordenamiento se manda a los funcionarios del Poder Legislativo federal, de los entes públicos federales, tribunales administrativos de la Federación, procuraría general de la República, Presidencia de la República y las dependencias federales, recibir una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que es proporcional a sus responsabilidades.

    La propuesta de estructura salarial para los altos funcionarios de la administración pública fue una de las propuestas de campaña de López Obrador.

    López Obrador protegerá a los periodistas

    El próximo gobierno federal de AMLO se comprometió a garantizar los recursos necesarios para que el Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas siga operando e incluso se fortalezca.

    Asimismo, trabajará en una política integral de protección y prevención a la labor y seguridad de los comunicadores, combatirá la impunidad frente a crímenes cometidos contra ese gremio, impulsará que en los medios existan mejores condiciones laborales y salariales, y revisará la ley de publicidad oficial (llamada ley chayote) para que “haya piso parejo” en la asignación de la propaganda gubernamental en medios de comunicación.

    Este jueves, organizaciones de defensa de la libertad de expresión se reunieron con Alfonso Durazo y Alejandro Encinas, quienes serán secretario de Seguridad Pública y subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, respectivamente, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, para exponer la situación de la libertad de expresión y el riesgo al que se enfrentan los periodistas día a día y presentar propuestas ante esa crisis.

    Ahora López Obrador

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