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    La justicia de Brasil parece ser ciega, sobre todo cuando se juzgan los intereses de unas clases sobre las otras. Este jueves 5 de abril se ha declarado culpable al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por casos de corrupción. Seis contra cinco fue el fallo del Supremo Tribunal Federal de Brasil que determina el encarcelamiento del líder popular.

    Doce horas duró el juicio que cuestionó si debía permanecer en libertad a la espera de que su caso fuera debatido por instancias superiores.

    La sentencia no determina su ingreso inmediato a la cárcel, pues en los próximos cinco días el mandatario podrá presentar un recurso ante el tribunal de Porto Alegre, aunque todo juegue en su contra.

    La condena se sustenta en la acusación del juez Sergio Moro por corrupción y lavado de dinero (parte del megacaso lavado a presión, que reveló una trama de corrupción alrededor de la empresa estatal Petrobrás y un compendio de sobornos pagados a dirigentes políticos por parte de la constructura Odebrecht), además de recibir un lujoso apartamento triplex, frente a la playa, en el Condominio Solaris, en Guarujá (Sao Paulo), a cambio de beneficiar a la constructora OAS, que nunca pudo demostrarse.

    Pese a todo esto, los intereses de llevarlo a prisión y evitar que pueda presentarse como candidato a las elecciones presidenciales por el Partido de los Trabajadores (PT) es una medida desesperada de la derecha dado el apoyo alcanzado en los últimos meses por el líder popular, encabezando las encuestas de los comicios de octubre con un porcentaje de aceptación del electorado que duplica al de su más cercano competidor, el ultraderechista Jair Bolsonaro, quien alcanza un 18% sobre el 36% de Lula.

    Lula es un duro en Brasil, Lula es querido en Latinoamérica. Y no es para menos, pues entre 2003 y 2010 logró que alrededor de 30 millones de brasileños se elevaran por encima del umbral de la pobreza mediante programas sociales de impacto internacional. Mejoras en el sistema educativo y acceso a la educación superior; reducción de la tasa de desempleo, inferior incluso a la de Estados Unidos o Alemania; boom en los precios de las materias primas; crecimiento de las exportaciones, ingresos e inversiones; y hallazgo de reservas de petróleo fueron sólo algunas de las razones por las que se ganó el afecto y voto y confianza de los brasileños.

    Pero era, quizás la más importante y la que más temor generaba en sus adversarios que planificaban darle jaque mate en el juego político, la de inspirar a un país a través del asenso de un hombre que pasó de vivir en extrema pobreza a presidir la mayor economía de América Latina.

    Tribunal parcializado a favor de la derecha

    La medida de encerrar a Lula deja clarividencia de una justicia parcializada, luego de que se le aplicara todo el peso de la ley a diferencia de lo ocurrido con el actual presidente de Brasil, Michel Temer, quien también fue acusado de corrupción, obstrucción de la justicia y estar a la cabeza de una organización criminal que manejaba sobornos, procesada por el fiscal general brasileño Rodrigo Janot.

    Para garantizar la libertad de Temer y mantenerlo en el poder del gigante latinoamericano, el Congreso evitó que éste pudiera ser juzgado, tras el apoyo de 251 diputados contra 233 (la mayoría de los que votaron a favor del presidente enfrentan investigaciones por diversos delitos).

    Antes de la votación de los diputados, Temer destinó cientos de millones de dólares del presupuesto federal a proyectos y demandas de los mismos congresistas que definirían su futuro: bienes a cambio de apoyo. Allí radicó su éxito.

    Grupos rurales y empresariales en el Congreso también se vieron beneficiados con la reducción y eliminación de multas por daños ambientales y una flexibilización de las normas contra el trabajo esclavo, impulsadas por el mandatario derechista.

    ¿Odio de clase colonial y genocida o justicia honesta? He allí el dilema.

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