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    En momentos que organizaciones de Derechos Humanos Reportan la muerte de 123 líderes sociales en Colombia muchos se preguntan: ¿Quién será el próximo en caer?.

    Ante esta pregunta, el Estado colombiano ha destinado recursos económicos y un plan para actuar en aquellas zonas en las que la violencia se desborda, que permita atender de manera individual y colectiva la seguridad de los dirigentes, campesinos, sindicales, indígenas y coumnitarios.

    Aunque esta iniciativa es plausible es probable que no sirva para detener la matanza de luchadores sociales.”Estamos en un período crítico”, apunta la activista Katalina Vásquez, directora de la revista digital Generación Paz, en entrevista al canal de noticia ruso Rusia Today (RT).

    “Es preocupante la justificación y tergiversación que están haciendo la derecha y sus líderes de opinión para tratar de minimizar las masacres a líderes sociales. Por una parte, aseguran que se trata de una utilización política de la izquierda y por otra, tratan de responsabilizar únicamente a las Farc y al ELN. El peligro es que se terminen legitimando todas las muertes”, explica Vásquez.

    Cuestiona que Santos haya insistido en negar que el asesinato de activistas fuese sistemático y lo atribuyera las muertes a “razones personales”, lo que resulta una contradicción con su decisión de activar una Comisión Nacional de Garantías para investigar los hechos y “actuar con toda contundencia contra quienes atacan a los líderes sociales”.

    Para Vásquez, la negligencia de Santos favoreció “las condiciones de impunidad a quienes cometen nuevos crímenes”.

     

    Recrudecimiento de la violencia

    Por su parte, la activista y directora de la Corporación Región, Marta Villa, en este reportaje de RT, atribuye al vacío dejado por la desmovilización de las Farc, que no fue ocupado por el Estado y está en pugna entre otros actores armados, así como a la aplicación de la Ley de restitución de tierras como “responsables del recrudecimiento de la violencia en Colombia”.

    Los cultivos de coca son considerados por Villa como un elemento que favorece las pugnas por el territorio.” Ahora que las Farc no participa en el negocio, otros grupos armados, entre ellos ex combatientes que desertaron de las zonas de desmovilización, tratan de ejercer control sobre los circuitos de circulación de droga”, explica Villa.

    En los últimos años se registró un aumento exponencial de la siembra de coca (Cortesía RT)

     

    En los últimos años se registró un aumento exponencial de la siembra de coca, lo cual ha sido el argumento recientemente utilizado por Santos para retomar las fumigaciones con glifosato, herbicida que no solo afecta los cultivos de coca, sino también otras plantaciones. Esto arruina a los campesinos de rubros lícitos que terminan abandonando la tierra envenenada.


    Un avión fumiga una plantación de amapola con glifosato líquido en Caquetá. 3 de marzo de 2002. / Daniel Munoz / Reuters

    “La mayor parte de la violencia en Colombia sigue estando ligada a los reclamos de tierra. Muchos de los líderes sociales asesinados tenían procesos jurídicos avanzados en temas de restitución, avanzaban en consultas populares para la implementación de proyectos de desarrollo social o pertenecían a organizaciones que se oponían a megaproyectos en sus zonas. Son reclamos que existían mucho antes de la firma del acuerdo“, apunta Villa en entrevista a RT.

    Un dato revelador de la desigualdad en la distribución de la tierra en Colombia lo ofrece un estudio de Javier Giraldo sobre el conflicto armado citado por RT: “entre 1980 y 1995, los narcotraficantes compraron las mejores tierras del país y se hicieron con 42% del territorio nacional. En 2007, los paramilitares despojaron 744.580 hectáreas, lo que dejó como resultado el desplazamiento de casi un millón de campesinos en los departamentos de Atlántico, Bolívar, Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, Guajira, Antioquia, Chocó y Meta”.

    Una paz frágil

    Villa advierte que las deudas de la implementación del Acuerdo de Paz son muy altas, especialmente en las áreas de tenencia de la tierra, erradicación de cultivos y planes de reincorporación de ex combatientes a la vida civil. “Creo que el riesgo de que haya un retroceso importante en esos temas es bastante latente”, dijo. “Pienso que la satisfacción de esas demandas se va a exigir por la vía de la protesta social, no por la vía de las armas”,agregó.

    Vásquez asume que “hay un reacomodo de los criminales herederos del paramilitarismo, que no solo están en el negocio de la coca, sino que participan en las economías ilegales que dependen de la minería, de la extorsión, y que tienen relación con la clase política de las regiones. Además, el ELN sigue en armas”.


    Un sacerdote bendice ataúdes que contienen los restos de 14 personas asesinadas en Medellín. / Fredy Builes / Reuters

    ONU alerta

    El reportaje destaca los criterios adelantados por la Comisión de Verificación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) que emitió una declaración para alertar sobre el peligro de la “estigmatización” y “criminalización” contra los dirigentes comunales, especialmente en las zonas más afectadas por la violencia así como la proliferación de grupos armados ilegales, interesados en promover sus economías con negocios ilícitos.

    Villa considera que el país sigue fragmentado en cuanto al acuerdo de paz. Esto quedó demostrado en las elecciones pasadas, cuando la gente que llevó a Duque a la Presidencia es la misma que votó contra el plebiscito y que aún no avala la negociación con la insurgencia. “¿La sociedad colombiana está dispuesta a defender el acuerdo? Solo una parte, que es la misma que ha seguido resistiéndose a la idea de que la guerra es el mecanismo para dirimir los conflictos. La otra no”, sostiene.

    Vásquez, por su parte, lamenta que los líderes sociales se hayan convertido en el blanco más vulnerable porque son ellos quienes “le han puesto el pecho a la pedagogía de paz en los territorios difíciles”, en esos espacios los históricamente más afectados por la guerra. “Ellos asumieron la tarea que el Gobierno no supo hacer; montados en lanchas, en caballos o pie, poniendo en riesgo sus vidas, llegaron a la Colombia profunda para decir que había que apoyar el acuerdo, aunque tuvieran los medios en contra y recibieran amenazas de bandas criminales que prometían asesinarlos”.

    Líderes en la mira

    “Rechazo categóricamente todos los actos de violencia en el país contra los líderes sociales y líderes políticos. Yo quiero que Colombia retome la agenda de la legalidad”, dijo el presidente electo, Iván Duque, el pasado 6 de julio.

     

    El nuevo mandatario aseguró que brindará protección “a todas las personas que se han desmovilizado, a los líderes sociales y líderes políticos”. El mismo día de esas declaraciones, la presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, dijo que esa institución se abstendría de ofrecer financiamientos a Colombia si retorna el conflicto armado, lo que fue interpretado como una clara señal de presión para no modificar el rumbo del acuerdo.

    Para Villa, este tipo de presiones no son suficientes para que el Gobierno de Duque frene su deseo de modificar lo pactado, pero “será una contención importante y necesaria”. Vásquez coincide en que la atención de la comunidad internacional al proceso será vital no solo para proteger la paz pactada, sino la democracia.


    Un campesino limpia una cosecha de coca en Cauca, Colombia. 27 de enero de 2017. / Jaime Saldarriaga / Reuters

    Aunque su pronóstico es reservado, la directora de la Generación Paz espera que el Gobierno de Duque logre superar la sombra del expresidente Álvaro Uribe, quien “dejó mucho miedo” entre los activistas de DDHH por la persecución y criminalización que ejerció durante su administración: “Ojalá que el Ejército logre llenar los espacios que dejó las Farc, como no se hizo con Santos, y se brinden garantías a la oposición, no solo porque fue pactado en el acuerdo, sino porque es lo que corresponde a una democracia”.

    “Estamos en un momento de mucha incertidumbre, de mucho riesgo para las organizaciones sociales”, añade Villa, “pero creo que no estamos en los niveles de violencia de los años 80, cuando ocurrió el exterminio de la Unión Patriótica (UP). Hay otra vigilancia, otra movilización. Es un momento de vulnerabilidad, pero también de una conciencia social que empieza a tomar protagonismo”.

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