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    Aplicar recortes en lo social y estar supeditados a los lineamientos de organismos multilaterales, es el precio que tienen que pagar los gobiernos de aquellos países que acceden a préstamos y financiamientos internacionales.

    Los pueblos de estos países ven como se reducen los recursos presupuestarios destinados a promover programas de educación, salud, servicios e infraestructura, debido a las condiciones y políticas impuestas desde el exterior.

    Lejos de solventar los problemas, los gobiernos caen en un espiral en el que la deuda se incrementa cada día, por lo que deben de comprometer buena parte de sus ingresos en el pago de los compromisos, a costa de limitar el desarrollo social.

    Recientemente, países latinoamericanos como Argentina y Ecuador  debieron implementar una política de austeridad presupuestaria para complacer los designios del  Fondo Monetario Internacional (FMI).

     

    ¿Qué es la deuda externa?

    La deuda externa es la suma de las deudas que  contrajo un país con  bancos e instituciones financieras multilaterales  como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y Bancos Regionales de Desarrollo, como consecuencia de los préstamos recibidos en divisas extranjeras.

    Se compone de deuda pública y deuda privada. La primera hace referencia a las deudas contraídas por el Estado e instituciones, mientras que la privada es que deben asumir las empresas.

    A pesar de la económica en la que se encuentren, estas naciones pagan cada año grandes y crecientes cantidades de dólares. Este pago, denominado servicio de la deuda, incluye las amortizaciones del dinero prestado y los intereses del préstamo.


    ¿Financiamientos para el beneficio de quién?

    El argumento de que los financiamientos contribuyen al desarrollo de los pueblos  ha sido puesto en duda, ya los organismos multilaterales son los que resultan favorecidos con el pago de intereses y las condiciones crediticias.

    Un informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef)  ​plantea que los pagos realizados por los gobiernos no contribuyen a frenar el crecimiento de la deuda, ya que los intereses son tan elevados que acaban contrarrestando el monto abonado.

    De la ayuda bilateral que reciben los países pobres, una cuarta parte regresa a manos de los donantes en concepto de pagos de la deuda. En Tanzanía, uno de cada tres dólares que el país recibe en ayuda se emplea para esos gastos sin sentido, en lugar de invertirse en aliviar la pobreza y sentar las bases del crecimiento futuro. En Nicaragua y Zambia, el pago de la deuda llega a insumir uno de cada dos dólares de la asistencia bilateral que reciben esos países”, refiere el texto.

    Por tal motivo, este organismo denuncia que la deuda fomenta la “dependencia de la ayuda externa, reduce el ritmo de crecimiento, genera inestabilidad y absorbe dinero que podría asignarse a la salud, la educación y otros servicios fundamentales”.

    Incluso la Organización de Naciones Unidas (ONU), plantea que sólo haría falta una tercera parte de lo que se paga por concepto de servicio de la deuda para garantizar el acceso a la educación básica, el cuidado y la infraestructura sanitarias, una alimentación adecuada y el acceso al agua potable  en el planeta.

    Deuda latinoamericana

    América Latina ha sido históricamente una de las regiones más proclives a contraer deuda externa y en las últimas décadas los niveles de endeudamiento se han incrementado significativamente.

    Para 2012 la deuda de los gobiernos de la región alcanzaba al 29,4% del Producto Interno Bruto ( PIB); en 2017 se elevó a 43,3% y las proyecciones del FMI son que para 2023 se ubique en 52,7%.

    De acuerdo con los economistas  Federico Kucher (Argentina) y Nicolás Oliva (Ecuador) durante  los últimos 20 años los principales países de América Latina experimentaron un fuerte incremento en los niveles de deuda gubernamental.

    En 1998 la deuda del Gobierno argentino era del 33% del PIB, mientras que en 2018 la cifra se elevó al 55%. En Brasil pasó de 41 a 83; en Chile de 10 a 25; en Colombia de 16 a 49 y en México de 21 a 35”, plantean en el artículo titulado “Repensando los problemas de la deuda para la región”.

    La tendencia también se evidenció entre los bancos y empresas privadas no financieras. La deuda de la banca argentina era del 4% del PIB en 1998, en tanto que ascendió al 10% en 2018. En el caso de Brasil pasó de 9 a 33; en Chile pasó de 6,4 a 44; en Colombia de 3,9 a 5,6 y en México de 4,7 a 16,8.

    Menos ingresos y más deuda

    El aumento del endeudamiento se explica, principalmente, por la caída del precio de las materias primas, que representan en promedio más del 80 % de las exportaciones de la región.

    Entre 2013 y 2016 el precio del petróleo bajó 58,9 %, el del gas 32,4 %, el del oro 11,5 %, el del cobre 33,6 % y la soja 25,5 %, lo que expuso las debilidades estructurales de las economías latinoamericanas y redujo drásticamente los niveles de ingresos  y recursos, por lo que los gobiernos decidieron optar por financiamientos  otorgados organismos internacionales para compensar este hecho.

    Para poder cancelar la deuda, los países deben incrementar sus niveles de exportaciones con el fin de contar con los recursos suficientes para cubrir los pagos. Si el precio de las materias primas cae en picada, entonces no se generarán las divisas para cancelar los compromisos.

    Asimismo, existe una  relación de dependencia , ya que si los mercados internacionales no facilitan las importaciones de estos bienes  e implementan aranceles y restricciones, la deuda seguirá creciendo.

    “Los países deudores no tienen ninguna influencia significativa sobre las condiciones de importación de los países prestamistas”, advierte el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag).

    También señala que las posibilidades de exportaciones son extremadamente limitadas,  y no pueden, por consiguiente, equilibrar los déficits de la balanza comercial.

    Transferencia de riquezas al capital financiero

    Otro punto a resaltar es que la deuda pública se convierte en un mecanismo eficiente para la  transferencia de renta y riqueza de la población al capital financiero.

    En primer lugar, debido a las políticas impuestas por los acreedores, la clase trabajadora debe destinar gran parte de sus  ingresos al pago de impuestos que servirán para cumplir con las obligaciones de la deuda contraída por los gobiernos.

    De igual manera,  los recursos naturales  y energéticos del país deudor serán vendidos y comercializados para cumplir las obligaciones, en vez de sustentar el desarrollo social.

    Este mecanismo de redistribución a favor del capital es más eficiente, y más injusto socialmente, cuanto más regresivo es el sistema tributario, es decir, cuanto mayor es el esfuerzo y la participación de las clases populares en la recaudación.

    La CEPAL advierte que el grueso de la  recaudación de los países latinoamericanos recae en impuestos indirectos suponiendo un mayor esfuerzo para las clases populares.

    “Los impuestos sobre el beneficio para las grandes empresas son ridículos y llenos de bonificaciones, y el impuesto sobre el patrimonio, que grabaría a las clases más acomodadas, es casi inexistente”, plantea el organismo en un informe citado por la Celag.

    Cese de pagos

    Como consecuencia del aumento  indiscriminado de los intereses de los financiamientos y  los efectos de una crisis económica, los países deudores pueden verse en la necesidad de reestructurar su deuda o declararse incapacitados para ejercer el pago.

    Para que pueda producirse  una reestructuración de la deuda es necesaria una renegociación con los acreedores y que el país no haya incumplido con los pagos a los acreedores.

    Con la nueva negociación se reemplaza un acuerdo de pago por otro, que puede incluir la extensión de los plazos de pagos, la modificación de tasas de interés o del valor nominal de los instrumentos de pago.

    La nación no se declara insolvente, ya que afirma poseer recursos suficientes con los que puede asumir un nuevo compromiso bajo otras condiciones.

    En el “default” o cese de pagos el país se declara sin capacidad de asumir sus compromisos con los acreedores, por lo que pierde el acceso a los mercados de deuda.

    Otro de los riesgos que implica es que sus bienes en el extranjero pueden ser bloqueados por los acreedores.

    La salida a un default se da a través de un “rescate”, que involucra préstamos de emergencia del Fondo Monetario Internacional (FMI), con imposición de recortes sociales.

    Austeridad del FMI

    El hecho de que el capital fluye desde los países en desarrollo hacia los desarrollados, y no al revés, se explica en parte por la vulnerabilidad financiera que ha fomentado el Fondo Monetario Internacional (FMI).

    Aunque el FMI  fue creado en 1945 con la misión de brindar ayuda financiera de corto plazo a las naciones que tuvieran emergencias cambiarias o problemas de liquidez, para que no tuvieran que acudir a medidas proteccionistas dañina, lo cierto es que se ha convertido en una institución obsesionada con la austeridad, y que a cambio de sus préstamos, impone condiciones tan fuertes que no le permiten a los  países deudores, en especial los latinoamericanos, salir de las crisis.

    “En el contexto latinoamericano diría que los programas de ajuste estructural del FMI tienen un record muy problemático“,  indicó Diego Sanchez-Ancochea, profesor de economía de la Universidad de Oxford, en Reino Unido.

    En declaraciones a BBC Mundo recordó que la receta frecuente de austeridad, se volvió sinónimo de desigualdad y desempleo en los  países que acceden a los financiamientos.

    “El impacto sobre la distribución de la renta es a menudo negativo”, lamentó.

    Estos efectos negativos son producto de la aplicación del Programa de ajuste estructural (PAE) que impone el FMI para otorgar los préstamos.

    Con este programa se pretende estabilizar y reestructurar las economías en dificultad con la aplicación de recetas de corte neoliberal, que incluyen tanto políticas monetarias (devaluación de la moneda, aumento de los tipos de interés y restricciones de crédito), como presupuestarias (reducción a la inversión social  y prestación de servicios públicos, privatización de empresas estatales, incremento de impuestos, disminución del empleo público y los subsidios).

    Esta política supone un elevado costo social , que especialmente afecta a las clases más pobres.

    Presupuesto a la medida del FMI

    Con 45 votos a favor, 24 en contra y una abstención, el pasado 15 de noviembre la Cámara Alta del Congreso argentino aprobó el presupuesto para el ejercicio fiscal 2019.

    Este instrumento de planificación diseñado a la medida del FMI incluye fuertes recortes en las partidas presupuestarias de salud, ciencia y educación, cultura, obras públicas y vivienda; así como el aumento de recursos dirigidos a cancelar intereses de la deuda externa que para finales de 2019 representará el 87 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).

    El organismo le otorgó al gobierno de Mauricio Macri un préstamo de de 57.000 millones de dólares,  que incrementó  la deuda argentina al 70% de su PIB.

    El vocero del FMI, Gerry Rice se mostró complacido por la aprobación del presupuesto 2019 que presentó Macri al Senado, el cual incluye el programa de recortes impuestos por el organismo.

    Es clave para restaurar la confianza y garantizar la continuidad de las políticas” de la gestión macrista, dijo.

    Para recibir los 57.000 millones de dólares, el gobierno argentino deberá cumplir con tres condiciones. En primer lugar, la tasa de inflación, que actualmente se encuentra en 31,8% debe reducirse en los próximos 3 años de forma paulatina a 17%, 13% y 9%, respectivamente.

     

    Por otro lado, el organismo exige acelerar la baja del déficit fiscal  y que Argentina reduzca el stock de los títulos de deuda del Banco Central, para lo cual se efectuó un incremento de las tasas de interés de 40% a 45% hace algunos meses.

    El plan presupuestario, responde a la austeridad impuesta por el FMI y estipula un ajuste de 358.039 millones de pesos, que se logrará a través de una gran serie de recortes sociales que perjudican a la clase trabajadora, jubilados, pensionados, así como sectores primordiales para el país como la salud, ciencia, cultura y educación.

    La meta para el macrismo es lograr “ahorrar” 54% del gasto público con respecto al 2018, por lo que el nuevo presupuesto destinará solo un 38,7% al área social y establece reducciones de 13,9% en el financiamiento a hospitales, 41,2% en innovación y desarrollo tecnológico, 66,8% en regulación de política laboral y 36,3% en el programa de vivienda y desarrollo urbano, por mencionar algunos casos.

     

    Lo que no se reducirá y más bien aumentará es el pago de los intereses de la deuda, por lo que el gobierno macrista pasará de pagar 397.960 millones de pesos en 2018 a 593.016 millones en 2019 , lo que supone un incremento de 195.056 millones (49%).

    Asimismo, por la escalada del dólar aumentará el endeudamiento del sector público que para finales de 2018 representará un 87 % del PBI.

    De acuerdo con un informe del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV),la Argentina de Macri pagará lo equivalente a 1,6 mil millones de pesos por día, 68,3 millones por hora o más de 1 millón por minuto en concepto de intereses de deuda pública.

    “Si se compara lo destinado a pagar intereses de deuda con la inversión en áreas sensibles de la administración nacional, se puede llegar a la conclusión de que el Gobierno “usará sus 4 veces más fondos para Servicios de Deuda que para Salud, 2,6 veces más que para Educación y casi 13 veces más recursos para que para Ciencia y Técnica”. Esto significa que, por ejemplo, por cada  100 pesos estipulados al pagar servicios de deuda, sólo  38 van a Educación y  25 a Salud. Todo esto en un escenario en que el valor del dólar promedio se mantenga en los 40,10 pesos estimados por el Ejecutivo en su proyecto presupuestario”, reseña un artículo publicado en el portal Política Argentina.

    Crisis presupuestaria en Ecuador

    El proyecto del presupuesto para el ejercicio fiscal 2019 presentado por el gobierno de Lenín Moreno ha generado polémica, críticas  y protestas  en Ecuador.

    El plan presupuestario que asciende a 31.318 millones de dólares, destacan los recortes a los recursos para la educación y la salud,  y las perspectivas de un mayor endeudamiento externo. Temas que han dificultado su aprobación en la Asamblea Nacional.

    Buena parte de las críticas se basan en que para el 2019, el Gobierno necesita contratar deuda por  un monto de 8.166 millones de dólares, de los cuales el 56,53%, corresponderá a créditos con bancos comerciales y de inversión.

    Según el despacho de Finanzas, todavía se están negociando las condiciones de estos créditos, que representan  4.616,7 millones de dólares.

    “Los detalles no pueden hacerse públicos mientras se encuentren en curso los procesos”, señaló el ente citado por el diario El Comercio.

    Para el exministro de Finanzas, Fausto Ortiz, el gasto social queda relegado frente a  los compromisos de deuda a la hora de revisar las cifras.

    “Casi 9 mil millones de dólares es para atender servicio de deuda, que es mucho más que lo que se atiende por educación y por salud juntos. Y es quiere decir que la óptica del Gobierno tiene que ser cambiada en el futuro”, cuestionó citado por  el portal Vistazo.com.

    Sin embargo, el gobierno de Moreno prevé un comportamiento creciente de la deuda de cara al 2022.

    Según el análisis sobre la sostenibilidad del endeudamiento público en “escenario de estrés”, la deuda pública (deuda externa y deuda interna) llegaría a niveles cercanos al 55,20% , más de 15 puntos porcentuales que el 40% actual.

    En el transcurso de este año, el Gobierno ha obtenido más de 1.000 millones en préstamos de bancos extranjeros, como Goldman Sachs y Credit Suisse, lo que demuestra una clara tendencia al endeudamiento externo.

    ¿Bajo el yugo del FMI?

    En julio pasado una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) visitó Ecuador en julio pasado, y se espera que a principios de 2019 se presente el informe definitivo sobre la situación económica de este país durante el último trimestre del año.

    No  obstante, varios medios de comunicación advierten sobre la posibilidad de que el  gobierno ecuatoriano este trabajando en un acercamiento con el FMI, que le permita a la administración del presidente Lenín Moreno entablar un acuerdo de rescate.

    La recesión  que presenta la economía de Ecuador tiene como una de sus causas la caída del precio del barril de crudo y la sobreestimación hecha por el gobierno respecto a las ganancias que obtendría de la actividad.

    El ministro de Economía y Finanzas, Richard Martínez, tendió los primeros puentes con el FMI  para lograr un acuerdo similar al que suscribió recientemente el gobierno de Argentina con la entidad financiera.

    “Las cifras actuales de la economía ecuatoriana aumentan la necesidad del gobierno de conseguir el financiamiento para cubrir el déficit fiscal y las amortiguar la ya existente deuda externa. Mientras tanto, las empresas estatales y privadas del país no ven con buenos ojos ser quienes deban seguir financiando al fisco, situación que se haría insostenible para 2019”, refiere  el diario La República.

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