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    ¡El Estado soy yo! Es una frase atribuida por allá en el año 1655 al rey francés Luis XIV. En nuestros tiempos es una frase que solemos recordar para asociarla a gobiernos autoritarios o que adaptan condiciones sociales, leyes o un decreto con la finalidad de hacerlas favorables a sus intereses.

    Éste puede ser el caso del saliente presidente paraguayo, Horacio Cartes, quien actualmente es acusado de violar la Constitución de su país para garantizarse un escaño con voz y voto en el Senado. Para ello presentó en días recientes su renuncia al cargo de Jefe de estado, sin esperar, el breve lapso de tiempo faltante para que asuma su relevó Mario Abdo Benítez. Cartes se ha topado con un obstáculo: hay sectores de su partido que consideran que él ya no es el Estado. A la oposición tampoco le agrada la idea de aceptar una renuncia que, en la práctica, significa eludir el respeto a la Constitución. Por tanto no ha tenido el quorum para hacerse con las suyas.

    Sin embargo, no es la primera vez durante su mandato que Cartes se comporta así. Ya lo ha hecho, y en forma grotesca, para favorecerse descaradamente, sin que le importe la destrucción del pulmón vegetal del Paraguay: el Chaco (al norte del país).

    En color amarillo, el Chaco paraguayo

    El Decreto para herir de muerte al Chaco

    El 14 de septiembre de 2017, Horacio Cartes promulgó el famoso decreto 7702, que elimina la obligación de preservar el 25% de los bosques naturales. Esta obligación está claramente establecida en una Ley, denominada la 422/73.

    Eso significa, evidentemente, una violación legal. Jurídicamente es usual que las leyes orgánicas no puedan ser sustituídas o modificadas por decretos, sino por otra ley orgánica u otro instrumento legal de superior rango, de acuerdo a la organización administrativa de cada Estado.

    El decreto 7702 va dirigido especialmente a la depredación de el Chaco, el pulmón vegetal de Paraguay. Allí se concentran 12 millones de hectáreas de bosques. Hace décadas la cifra era de 27 millones de héctareas. Pero en fin, la mano del hombre (generalmente el hombre de negocios) extiende una frontera “civilizatoria” que a cada minuto se convierte en un boomerang, en una trampa para la supervivencia de la especie humana.

    Que casualidad que en el área sujeta a deforestación, gracias al decreto 7702, se encuentra una estancia propiedad del presidente Cartes, quien necesitaba incrementar el área de pastizaje de su hacienda. Según reporta la agencia argentina Télam, el Mandatario no tuvo reparos en utilizar el decreto que él mismo promulgó para ordenar la tala de 2 millones de árboles. Si le parece sorprendente y bárbara la cifra puede consultar acá la fuente original de la información.

    Hay otro dato alarmante, Paraguay tiene uno de los mayores porcentajes de deforestación del planeta, con la destrucción de 275.000 hectáreas de bosque nativo en forma anual.

    El Chaco es una reserva forestal en peligro

    El latifundista Cartes

    El medio paraguayo ABC Color reseña que el establecimiento ganadero de Cartes se encuentra en Mariscal Estigarribia, lleva el nombre de San Francisco y ocupa 14.979 hectáreas. En Paraguay se consideran latifundio las propiedades de tierra mayores a las 10 mil hectáreas.

    La ley que atropella Cartes establece varias condiciones para la defensa de las áreas forestales: 1) la de conservar el 25% de bosques de la propiedad y 2) la de reforestar el 5% que está destinada para aquellas propiedades de similares características que no tuvieran bosques a la fecha de entrada en vigencia, es decir ya estaban “peladas” a esa fecha, en términos vulgares.

    Si alguien duda de las intenciones que tuvo Cartes, pues remitámonos al apoyo que brindó la Federación Paraguaya de Madereros al decreto 7702. Juan Carlos Altieri, presidente del colectivo empresarial, afirmó: “Estamos de acuerdo porque los comunicados que están dando tienen medias verdades; hay una ley que está por encima de ese decreto y la ley es clarita, tiene un tanto por ciento que hay que dejar y tiene un mecanismo también de aprobación de proyectos si no cumple la ley. Un decreto no puede obligar a ninguna autoridad a dar los permisos, si la ley está vigente, esa es la parte que nadie cuenta”, expresó.

    Por último, agregó que finalmente el propietario del bosque es quien se va a beneficiar con el dinero que tendrán que pagar aquellos que echaron más de lo debido.

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