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  • El proyecto hidroeléctrico Hidroituango, considerado el más importante de Colombia, está enmarcado en una tensa situación social por el desplazamiento de familias y el asesinato en un semana de dos líderes sociales, que se oponían a la infraestructura energética.

    En semanas recientes se han presentado derrumbes y taponamientos de los túneles durante la construcción de la obra, que amenazan con inundaciones y más desplazamientos, así lo afirmó un trabajo de investigación de la cadena Telesur.

    Desplazamiento de comunidades

    El Movimiento Ríos Vivos junto a organizaciones de derechos humanos han denunciado que desde la puesta en marcha de la obra en 2009 se han efectuado desalojos “de forma violenta” contra las comunidades que se encuentran en los territorios afectados por el proyecto de la hidroeléctrica.

    Según datos de Ríos Vivos 500 familias han sido forzadas a abandonar sus territorios por parte de los organismos de seguridad del Estado colombiano.

    En febrero de 2017 Ríos Vivos denunció que el Estado Colombiano se ha negado a garantizar los derechos de los desplazados por Empresas Públicas de Medellín (EPM) y obligar el cumplimiento de principios básicos internacionales para los desalojos forzosos.

    Otras denuncias

    Desde Ríos Vivos han señalado que las familias no han contado con ninguna opción, como reubicación, mejores condiciones de vida, asistencia legal, entre otras garantías.

    Las denuncias del movimiento social y otras organizaciones no se restringe a la situación de las comunidades desplazadas, pues han alertado sobre la tala indiscriminada.

    También han advertido que en la zona de la obra puede haber alrededor de 700 cuerpos enterrados en fosas comunes, que serían víctimas del conflicto armado. Pero la hidroeléctrica sepultaría para siempre la posibilidad de que las familias encuentren a sus seres queridos desaparecidos.

    Ríos Vivos sostiene que de continuar con la obra y el llenado del embalse los cuerpos corren el riesgo de desaparecer definitivamente. “Esperamos que se proteja el derecho de las familias a encontrar los cadáveres de sus seres queridos. Para eso tenemos una audiencia programada para el 8 de mayo con el procurador general de la nación y otra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el 9”, aseguró el Movimiento.

    En este sentido, 25 diputados del Parlamento Europeo pidieron en abril pasado a las autoridades suspender el llenado del embalse de Hidroituango, programado para el 1 de julio, porque se cree que aún hay cadáveres sin exhumar en la zona de víctimas de desaparición forzada.

    Amenaza de derrumbes

    Tras el taponamiento de uno de los túneles de descarga del proyecto hidroeléctrico el pasado 28 de abril, el hecho obligó a que los habitantes de la menos cinco comunidades del bajo Cauca, departamento de Antioquia se mantuvieran en alerta por una futura crecida del río.

    El 30 de abril una nueva obstrucción por lodo, rocas y troncos en la entrada del mismo túnel, alarmó de nuevo a la comunidades antioqueñas.

    Tras los incidentes el gerente de EPM, Jorge Londoño declaró que el represamiento de agua se generó por una condición geológica que causó el desmoronamiento de roca y tierra en el interior del túnel. Para la compañía, un derrumbe imposible de prevenir sería el causante de la peligrosa obstrucción.

    A pesar de las razones esgrimidas por el gerente de la empresa, líderes comunitarios han señalado que el taponamiento podría haberse previsto.

    La integrante de Ríos Vivos, Isabel Cristina Zuleta aseguró que la empresa no recogió, como era su deber, los residuos de la tala de bosques secos en las riberas del Cauca.

    “EPM no hizo los estudios suficientes y se excusa detrás de un derrumbe, pero la realidad es que los restos de los árboles cortados y la materia orgánica que se llevó el río han generado esta emergencia”.

    De acuerdo a Zuleta la posibilidad de una catástrofe es muy alta, no hay información suficiente para que los habitantes tomen las precauciones necesarias ante un nuevo incidente causado por las obras de Hidroituango.

    Según la luchadora social, el caudal y los niveles de agua del Cauca están creciendo y amenazan a familias de las comunidades de Sabanalarga, Liborina y Buriticá, que habitan la ribera del río.

    “Las declaraciones sobre la falla geológica son ofensivas porque hacen parecer como si el problema hubiese acabado de llegar, la falla estaba ahí antes de la obra y sus estudios debieron prever la situación”, aseguró el Movimiento Ríos Vivos a través de un comunicado de prensa.

    La respuesta de EPM y el Gobierno

    Tras las denuncias de los organismo y movimientos sociales y ambientalistas sobre los riesgos de nuevos deslizamientos, la Procuraduría General de la Nación solicitó el jueves al Comité Nacional para el Manejo de Desastres poner en funcionamiento “de manera inmediata” un plan de contingencia para atender la emergencia provocada por el represamiento de aguas en Hidroituango.

    “Se solicita de carácter prioritario, asesorar y orientar las obras y actividades que actualmente están ejecutando las empresas responsables del proyecto, para que el agua represada por la obstrucción, sea técnica y progresivamente evacuada,sin que se generen riesgos para las personas y animales; y en todo caso, se logre la conservación y recuperación del caudal medio del río, aguas abajo”, señaló el Ministerio Público en un comunicado.

    El órgano de control tomó esta decisión luego de considerar la situación en la que se encuentran los municipios de Toledo, Liborina, Santa Fe de Antioquia, Buriticá, Sabanalarga, Yarumal, San Andrés de Cuerquía, Olaya, Ituango, Valdivía y Caucasia, ante la posibilidad de avalanchas e inundaciones por la presión de las aguas retenidas o a la fuerza del caudal que está siendo evacuado.

    Desde el 28 de abril, EPM recibió acompañamiento del Departamento Administrativo del Sistema de Prevención, Atención y Recuperación de Desastres (Dapard), así como de la Gobernación de Antioquia y la Cruz Roja.

    De acuerdo a la empresa las labores se han orientado a cuatro frente quitar los tapones de los túneles de la presa para que el agua corra por ellos, subir el nivel del embalse para obligar a que el agua fluya a través del vertedero, en caso de que alcance esa cota.

    Comunicar permanente con las comunidades aguas abajo y aguas arriba del proyecto para mantenerlos informados sobre la evolución y continuar la gestión ambiental para proteger la fauna.

    A pesar de las acciones emprendidas por el Gobierno y la empresa, las comunidades afectadas han indicado que existen riesgos de nuevos deslizamientos de tierras que llevarían a que repitan los incidentes anteriores.

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