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    Aumentó a 46 el número de feminicidios en Panamá en los últimos cuatro años y estas cifras se mantienen en ascenso, informó el Ministerio Público.

    De acuerdo con la fiscal de homicidio-femicidio, Geomara Guerra, en 2016 se emitieron 10 sentencias, y estas crecieron a 24 en lo que va de año; mientras que los fallos de pena suman 27, lo cual refleja la eficiencia por parte de los fiscales.

    A los expertos les preocupa que muchos de los casos de violencia que iniciaron con discusiones, concluyeron con la vida de una mujer y hasta de un hombre.

    En octubre de 2018 se contabilizaron 15 feminicidios a nivel nacional, 16 tentativas e igual número de muertes violentas de mujeres, tipificadas como homicidios, según cifras oficiales.

    Alejandro Pérez, psiquiatra explicó que la violencia doméstica afecta a seis de cada 10 familias en la nación, lo que constituye el delito de mayor incidencia y prevalencia. Además, las secuelas que deja en las víctimas y los hijos, quienes han sufrido un episodio como este suelen ser niños ansiosos, inquietos, aislados, tristes con sueños perturbados que le genara falta de apetito y trastornos alimenticios.

    Pérez manifestó que actualmente, el 95 por ciento de los hombres son los agresores que actúan muchas veces impulsados por falsos conceptos o prejuicios tales como que “los hombres no lloran” y “la mujer es un objeto de mi propiedad”, cuando el verdadero amor lo que hace es compartir y apoyarse.

    Para prevenir la violencia de género y familiar, unas 190 unidades Especializadas en Violencia de Género de la Policía Nacional tendrán la responsabilidad de atender los casos de violencia femenina y coordinar con las autoridades de justicia competente para la atención de los casos.

    Legislación

    A pesar de que desde hace cinco años el país cuenta con la Ley 82 del año 2013, que tipifica el feminicidio como delito en Panamá, aún no se termina de implementar esta normativa.

    Por ejemplo, aún se está a la espera de la creación del registro nacional de agresores, así como de los juzgados especializados en los delitos de violencia contra la mujer.

    La falta de recursos tantos económicos como de personal ha sido uno de los limitantes; así lo reconoció la magistrada Ángela Russo, quien dirige la Unidad de Acceso a la Justicia y Género.

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