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    El Gobierno de Nicaragua informó que, a través de la Dirección General del Sistema Penitenciario Nacional, dio cumplimiento a 50 órdenes de excarcelamiento a favor de personas que se encontraban detenidas por haber cometido delitos contra la seguridad común y la tranquilidad pública.

    En un comunicado del Ministerio de Gobernación, precisaron que los integrantes de este grupo que se liberó recibieron el beneficio legal de convivencia familiar u otras medidas cautelares.

    Medios locales reportaron que los 50 opositores fueron trasladados en buses, presuntamente, a sus hogares.

    Ésta era una de las exigencias que hacía la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (ACJD) al Gobierno de Daniel Ortega para reanudar el diálogo.

    El retorno a la mesa de negociación, con la presencia del nuncio apostólico Waldemar Stanislav Sommertag y del enviado especial de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Rosadilla, se concretó el 14 de marzo después de que la Alianza lo interrumpió el 11 con la solicitud de liberación, reseñó Sputnik. 

    Medios locales reportaron que fueron trasladados por la policía en autobuses. Foto: La Prensa.

    Los sucesos violentos se desataron en Nicaragua, entre abril y julio de 2018, tras una fallida reforma al sistema de seguridad social que derivó en manifestaciones violentas para exigir la renuncia de Ortega.

    Los actos vandálicos que se registraron en la nación dejaron pérdidas en el sector comercio  por 672,8 millones de dólares, y en el de turismo alcanzaron los 158,7 millones de dólares, de acuerdo con datos oficiales.

    El diálogo entre las parte se retomó el pasado 14 de marzo. Foto: AP Photo.

    De acuerdo con cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en los choques violentos murieron 325 personas, mientras que en el informe que presentó la Comisión de la Verdad, Justicia y Paz ante la Asamblea Nacional en octubre, se reportaron al menos 269 fallecidos.

    Desde el sector oficial se denunció un golpe de Estado y se acusó a Washington de financiar a los grupos opositores, mientras que los manifestantes señalaron al Gobierno de “represor” y lo culpabilizan por las muertes.

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