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    La justicia colombiana vive en la actualidad un momento decisivo. Desde hace varias décadas la imagen del Poder Judicial de Colombia ha venido en deterioro hasta llegar a ser ampliamente cuestionado por su falta de eficiencia y escándalos relacionados con sobornos y otros delitos vinculados al amparo de la corrupción en el país.

    Ya los jueces y magistrados colombianos no son vistos con buen ojo, es decir, ya no se perciben como hombres y mujeres intachables. Todo lo contrario, especialmente desde que en 2017 fuera descubierta la red criminal judicial conocida como el Cartel de la toga, que estaba integrada por jueces de la Corte Suprema de Justicia y que obtenían dinero a través de fiscales anticorrupción, a cambio de demorar o desviar procesos para favorecer a los acusados que pagaban por ello.

    Este escándalo criminal que impregnó todo el sistema judicial colombiano, dio inicio a un proceso de reforma de la justicia durante el gobierno de Juan Manuel Santos y que se convirtió en un punto de honor para todos los candidatos durante la campaña presidencial, elección que terminó por ganar el actual jefe de Estado, Iván Duque.

    Ahora, con la  la instalación del nuevo Congreso colombiano, la reforma del sistema judicial ha vuelto al tapete y se encuentra en la agenda prioritaria de esa institución, pero más allá de atacar la red delictiva dentro del órgano judicial, el temor de la gran mayoría de los colombianos es que esta reforma -en vez de procurar una institución más eficiente, justa y confiable- se convierta en un reducto conveniente para proteger al uribismo, su máximo exponente el expresidente Álvaro Uribe Vélez y sus cómplices de gobierno; coorresponsales de los crímenes de lesa humanidad ejecutados entre 2002 y 2010.

    Palacio de Justicia de Colombia

    La propuesta de reformar la justicia colombiana es parte fundamental de la agenda nacional de Iván Duque, socio, amigo y ficha de confianza de Álvaro Uribe Vélez. Tal ha sido la presión del gobierno por concretar tal reacomodo de la justicia colombiana, que el pasado martes -16 de octubre de 2018- el uribismo logró que la comisión primera del Senado aprobara el proyecto en primer debate y en medio de las discrepancias por el alcance de la creación de un tribunal único y la forma de elección del Fiscal General de la Nación.

    La enmienda constitucional propuesta por el gobierno de Duque y que juntó propuestas de los partidos Cambio Radical y Centro Democrático, tiene tres semanas de discusión en la referida comisión. Sin embargo, aún falta mucho camino por definir, pues el proyecto debe ser aprobado en primera vuelta antes del 16 de diciembre próximo, por ser una reforma a la Carta Política.

    Pero el Uribismo aún no está contento, pues una de las principales propuestas del Ministerio de Justicia, que es la de crear un nuevo tribunal de aforados para que investigue y juzgue a magistrados de las altas cortes, congresistas, jefes de organismos de control y a quien ocupe la vicepresidencia de la república, aún está en vilo.

    La justicia colombiana está manchada por los sobornos y la corrupción

    Detractores y defensores de la reforma uribista a la justicia colombiana

    Para el senador de Cambio Radical Rodrigo Lara, la actual reforma a la justicia que pretende aprobar el gobierno en el Congreso, le entregaría al presidente de la república la posibilidad de designar a dedo a los magistrados que investigarían a los aforados, primero porque elegiría uno directamente, y otro a través del Congreso, en el entendido que cuente con mayorías parlamentarias.

    “Este no es un proyecto para la justicia, es para someter a la justicia, para amordazar. Para sustituir a la Corte Suprema por una nueva corte designada por el presidente de la república que terminará naturalmente arrodillando la independencia y la libertad de la justicia”, explicó Lara citado por Semana.

    De igual forma el senador y excandidato presidencial Gustavo Petro rechaza la propuesta uribista al argumentar que el espíritu del Tribunal de Aforados es saludable pero “la intención del uribismo de pensarlo como un plan de salvamento”, buscaría doblegar a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia que actualmente mantienen procesos abiertos contra el senador y expresidente Álvaro Uribe Vélez.

    Dentro de la comisión hubo cierto consenso con la intención de crear el nuevo tribunal, pero a medida que avanzó el debate los partidos no acordaron la forma como se escogerían a los magistrados que investigarían a los aforados, lo que provocó el rechazo de la propuesta.

    El excandidato presidencial Gustavo Petro dice que el uribismo busca su salvación al reformar a su manera la justicia colombiana

    Al respecto, la senadora Paloma Valencia de Centro Democrático -citada por Semana- rechazó la afirmación de Petro y lo que llamó la “teoría de la conspiración” de Rodrigo Lara.

    A Petro le aseguró que la reforma “no tiene el nombre de Álvaro Uribe en ninguna parte”, y por eso su propuesta establecía que el Tribunal de Aforados entraría en vigencia después que se acabara el periodo de los actuales magistrados. “Para que no quedara ninguna duda”.

    Luego a Lara le dijo que el propósito no es arrodillar a las cortes frente al gobierno y el Congreso, sino de acabar con lo que denominó “justicia de tráfico de favores”, que en su criterio está configurada por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia es la que investiga a los congresistas, y es el Congreso el que adelanta el antejuicio político a los magistrados. “Este es el régimen del tú me investigas yo te investigo y hagámonos pasito”.

    “La propuesta de Valencia establecía que un magistrado lo escogiera la rama judicial (de una terna de candidatos postulados por el procurador general, el contralor y el defensor del pueblo), otro el presidente de la república (de una terna postulada por la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional) y el tercero la Comisión de carrera Judicial, pero de una terna postulada por el Senado y la Cámara de Representantes). El mismo procedimiento se seguiría para la elección de magistrados de la sala de segunda instancia”, explica Semana.

    Esa fórmula fue rechazada por varios congresistas que consideraban que dos de los magistrados que juzgarían a los aforados serían del bolsillo del presidente de la república o del Congreso de turno. Circunstancia que fue interpretada por algunos como una especie de golpe a los magistrados de las altas cortes, agrega el referido medio colombiano.

    Con la reforma, la balanza de la justicia colombiana parece inclinarse a favor del uribismo

    Lo que está en juego

    Aún faltan otros siete debates para definir si la reforma va o no. Sin embargo hay 10 puntos preponderantes que están en juego dentro de la reforma y que son explicados por Semana.

    El primero es restringir la tutela judicial, es decir, limitar la herramienta más importante que dispone el aparato judicial colombiano para que se respeten, reivindiquen y establezcan los derechos fundamentales.

    La segunda es definir quién será el juez de los funcionarios con fuero, como el presidente, los congresistas, los magistrados de altas cortes, el Fiscal y el Procurador; la tercera es cambiar la estructura administrativa de la Rama Judicial, que maneja de forma autónoma su presupuesto; la cuarta aboga para que el Congreso pueda definir “libremente” en qué se irá una quinta parte del presupuesto de inversión de la Nación, que para el 2019 serían unos 8 billones de pesos.

    La quinta reforma en disputa y propuesta por el uribismo, es crear un Tribunal Constitucional Supremo, que sería una única alta Corte y que tendría magistrados nuevos. Es decir, cambiaría de un golpe toda la cúpula de la Rama, lo que podría darle una visión totalmente nueva a las grandes decisiones judiciales del país.

    El sexto punto es quitar funciones electorales a los magistrados de las Altas Cortes, lo que busca evitar que éstos sigan contaminados por un cruce de favores y prebendas con los políticos, pero le da más poderes a éstos.

    Para Duque y Uribe concretar la reforma es algo prioritario en la agenda

    La séptima modificación sería que es que los magistrados de las Corte Suprema y el Consejo de Estado deben haber sido jueces o magistrados, lo que aseguraba que conocerían el quehacer judicial pero rompía las relaciones que tradicionalmente han tenido esas Altas Cortes con la academia. Además, podría dejar totalmente la Rama en manos de roscas judiciales, que han ido creciendo.

    El octavo punto es la eliminación de las contralorías departamentales y de los distritos y municipios grandes. “Esa idea es un viejo reclamo que estaba entre las propuestas del entonces presidente Álvaro Uribe en su fallido referendo de 2003, y se debe a que son fortines burocráticos, muchas veces se usan para presionar a rivales políticos o hacer negocios ilegales (…) A pesar de eso, como no se trata directamente de un tema judicial y como además hay intereses políticos de no perderlas, no es sencillo que la propuesta salga adelante”.

    La novena reforma busca incluir a la Fiscalía en la Rama Ejecutiva y permitir que sea el presidente quien nombre al Fiscal General y que el Congreso pueda ejercer una moción de censura contra el jefe de Estado, como en la actualidad puede hacer contra los ministros. “Ese cambio, que no fue aprobado ayer, cambiaría toda la lógica del sistema penal para hacerlo más similar al de Estados Unidos”, agrega Semana.

    Y el punto número 10 busca establecer un techo al tiempo que una persona pueda estar detenida preventivamente. Una medida que puede evitar que las personas duren años en la cárcel mientras espera por un juicio.

    El futuro de la justicia está en las decisiones que tome el congreso colombiano

    Las opiniones sobre la reforma

    Julio Andrés Sampedro, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Javeriana, mencionó en entrevista al diario El Tiempo que no está de acuerdo con la unificación de las cortes ni con revivir el fuero parlamentario.

    “La Constitución del 91 estableció la división entre la Corte Suprema y la Constitucional. Eso a mi manera de ver ha funcionado. Creo que hay un error con el Consejo Superior de la Judicatura (…) pero no es un problema tener varias cortes. Las otras dos han hecho un trabajo muy importante y no creo que sea una buena idea volver a tener una sola”, afirmó Sampedro.

    En tanto al fuero parlamentario, el Decano aseguró que con los niveles de corrupción actuales de Colombia, en las instituciones y en el Congreso, crear esta figura “genera elementos de impunidad para los más graves delitos de corrupción (…) y no le haría ningún bien a Colombia”.

    Por su parte, el expresidente y jefe del Partido Liberal, César Gaviria, rechaza los alcances de la reforma a la justicia presentada por el gobierno de Iván Duque, tras señalar que atropella a las Altas Cortes y afecta el mecanismo de la tutela para garantizar derechos fundamentales de los colombianos.

    “No es recortando las facultades de las Cortes. Todo lo contrario, debemos fortalecerlas (…) Nuestra posición frente a las cortes es inequívoca. Todos los parlamentarios del Partido vamos a defender la autonomía de la justicia, la integridad de la Corte Suprema y del Consejo de Estado”, dijo Gaviria citado por el portal lafm.com.co.

    El expresidente también dijo que la tutela “es uno de los más grandes avances en materia de derecho público y constitucional que hemos tenido en nuestra historia”, por tal razón, “no es atacando la tutela como vamos a ayudar a los que más necesitan justicia en Colombia”.

    Expresidente Gaviria no está de acuerdo con la reforma

    Entre tanto, el abogado especialista en derecho penal, Eduardo Emilio Pacheco, uno de los tres senadores del movimiento Colombia Justa Libres, en conversación con El Diario, expresó que la reforma debe centrarse precisamente en la justicia.

    Pacheco, especialista además en criminología y ciencias criminalísticas, con amplia trayectoria en el área del Derecho Penal y de los Derechos Humanos y en funciones públicas en la Fiscalía, señala: “Aquí hay una mezcolanza de cosas, hay diversidad de temas que se están tratando pero lo más importante es cambiar el acceso a la administración de justicia”.

    “Considero que la forma de elegir a los magistrados de las altas cortes debe cambiar. En Colombia para hacer justicia en cuanto tiene que ver en la administración de justicia y particularmente en las altas cortes debe darse por concurso, por meritocracia”, agrega.

    Senador Eduardo Pacheco

    Además, Pacheco resalta que para que haya verdadera justicia, toda persona que tenga méritos debería poder llegar a ser magistrado de las altas cortes a través de la meritocracia. “Otra vía distinta a esa no va a resolver ni el problema de la corrupción ni de la administración de justicia”, acota.

    Respecto a los entes de control del Estado pasa igual, comenta. “Hay una manipulación en la forma de selección de Contralor General de la República, también del Procurador, del Defensor del Pueblo, yo creo que hay que cambiar la forma de hacer las cosas. Al final esa forma de selección constitucionalmente hablando lo que generan son vicios de clientelismo y de burocracia y eso hay que acabarlo en Colombia”.

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