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    La pérdida de calidad de vida, acompañada de la ineficiencia de los servicios públicos y la política neoliberal vigente, ha llevado a los puertorriqueños a buscar refugio en otros países, específicamente hacia Estados Unidos.

    Este éxodo de boricuas refleja un alza después del retorno de más de 83 mil personas en el primer trimestre de 2018, tras la devastación provocada por el huracán Irma y María, cuya cifra representa el 40 por ciento de los exiliados.

    Después de que ambos fenómenos naturales azotarán de manera sucesiva a la nación en septiembre de 2017, unas 211 mil 695 personas la abandonaron por la falta de electricidad, agua potable y servicios médicos, entre otras necesidades básicas.

    Según datos del Negociado de Estadísticas de Transporte de Estados Unidos y que fue citado por el diario nacional El Nuevo Día, en octubre de 2017 dejaron el país 95 mil 892 ciudadanos.

    Mientras que los tres principales aeropuertos de esta isla del Caribe, controlados por Estados Unidos desde hace 120 años, reportaron que el movimiento de pasajeros entró en su etapa final, motivo por lo cual los puertorriqueños que se refugiaron en Estados Unidos no retornan a su país.

    Las autoridades señalaron que de abril a julio de 2018, seis mil 910 puertorriqueños se marcharon por los aeropuertos de Carolina, principal del país, Aguadilla (noroeste) y Ponce (sur), con la intención de hacer valer la ciudadanía impuesta en 1917 por el Gobierno norteamericano, para reclutarlos para las fuerzas armadas de esa nación durante la Primera Guerra Mundial.

    De acuerdo con la Encuesta de la Comunidad del Negociado del Censo, sostiene que el movimiento neto de pasajeros no es una forma de medición directa de migración, pero si es considerado como uno de los principales indicadores y agregó que desde 2010, alrededor de 431 mil 942 personas se marcharon de Puerto Rico, los cuales 68 mil 278 se fueron entre los veranos de 2016 y 2017.

    El diario Nuevo Día, también reseñó que ante la bancarrota de Puerto Rico, la pérdida de seguridad y la caída en la calidad de la educación, además de los altos costos en la formación universitaria pronostican un descenso en la población.

    La Junta de Supervisión Fiscal impuesta por Estados Unidos para controlar las finanzas del gobierno puertorriqueño y que se halla en bancarrota fiscal por la deuda pública de 73 mil millones de dólares, estima que para 2023 la población caerá por debajo de los tres millones de habitantes, de los 3,5 millones actuales.

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