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    La Unión Europea (UE) aprobó este martes extender durante un año las sanciones contra Venezuela como medida de presión para restablecer la “democracia” en el país latinoamericano.

    La información se dio a conocer por medio de un comunicado publicado este lunes y en el que detalla que las penalizaciones incluirán “la congelación de activos de 18 funcionarios responsables de violaciones de los Derechos Humanos y de socavar la democracia y el Estado de Derecho”.

    El Consejo Europeo ha especificado que los mencionados funcionarios seguirán teniendo prohibido viajar a países miembros de la UE, y que el embargo de armamento que pesa sobre Venezuela seguirá vigente mientras dure el periodo acordado para la sanción. Dicho embargo ya fue respaldado por los ministros de Exteriores de la UE hace casi exactamente un año.

    “A la vista del continuo deterioro de la situación en Venezuela, el Consejo [de la UE] ha decidido renovar las medidas restrictivas actualmente en vigor hasta el 14 de noviembre de 2019”, anunció esta institución que representa a los países del bloque.

    El organismo responsable de las sanciones explica que “estas medidas están destinadas a alentar soluciones democráticas compartidas para conseguir la estabilidad política en el país” y contribuir a satisfacer “las necesidades apremiantes de la población”. Así mismo señalan que las sanciones son “flexibles y reversibles” y que están diseñadas “para no dañar a la población venezolana”.

    El 13 de noviembre de 2017, el bloque adoptó su régimen general de sanciones contra el país latinoamericano e impuso un primer embargo de armas, así como de material susceptible de ser utilizado para fines de represión interna.

    Ante el “deterioro” de la situación en el país, el 22 de enero, los europeos decidieron sancionar a sus primeros siete altos cargos venezolanos, entre ellos Diosdado Cabello, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

    La UE le impuso a Cabello una congelación de activos y la prohibición de viajar al bloque, al igual que al resto de sancionados como el ministro del Interior, los presidentes del poder electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, entre otros.

    A raíz de los comicios presidenciales del 20 de mayo, que resultó reelecto Nicolás Maduro, los europeos ampliaron su ‘lista negra’ a otros 11 altos cargos, entre ellos Delcy Rodríguez.

     

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