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    La Contraloría General de Venezuela comenzó el procedimiento de auditoría patrimonial al presidente de la Asamblea Nacional (AN) en desacato, Juan Guaidó, informó este lunes el contralor de ese país, Elvis Amoroso.

    Durante una rueda de prensa en Caracas, detalló que la medida se toma porque Guaidó presuntamente ocultó o falseó datos contenidos en su declaración jurada de patrimonio y ha recibido dinero proveniente de instancias nacionales e internacionales sin justificarlo ante las autoridades competentes.

    “La auditoría patrimonial es el mecanismo utilizado por este Máximo Órgano de Control Fiscal para comprobar la veracidad de la declaración jurada de patrimonio, y comprende el examen y evaluación de la situación patrimonial y de las actividades económicas llevadas a cabo por el sujeto sometido a verificación”, leyó el contralor general. 

    El opositor se autojuramentó “presidente interino” de la nación sudamericana el pasado 23 de enero con el patrocinio de Estados Unidos, país que lo reconoce como mandatario y pretende que sea él quien administre el dinero de la estatal Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), entre otras funciones que corresponden al presidente reelecto, Nicolás Maduro.

    Amoroso anunció la medida en rueda de prensa. Foto: Contraloría.

    Qué establecen la Constitución y las leyes

    Amoroso explicó que esta acción se ejecuta de conformidad con lo previsto en la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal y en el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción.

    Entre los considerandos mencionó que la “Contraloría General de la República es un órgano integrante del Poder Ciudadano que previene, investiga y sanciona los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa; así como también vela por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público”.

    Asimismo, el artículo 289 de la Carta Magna venezolana establece, entre las competencias de esa instancia, “…practicar fiscalizaciones, disponer el inicio de investigaciones sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas, imponer los reparos y aplicar las sanciones administrativas a que haya lugar de conformidad con la ley…”.

    La Asamblea Nacional está en desacato desde 2016. Foto: AFP.

    La Constitución también estipula que los diputados o diputadas son a dedicación exclusiva y, por tanto, no pueden recibir ningún tipo de remuneración con ocasión de otro trabajo público o privado. Igualmente, no podrán ser propietarios, administradores o directores de empresas que contraten con personas jurídicas, ni podrán gestionar causas particulares de interés lucrativo.

    Mientras que el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra la Corrupción, faculta a la Contraloría “a recibir, estudiar, cotejar, verificar las declaraciones juradas de patrimonio que le fueren presentadas por los servidores y servidoras públicos, incluyendo la de los diputados y diputadas de la Asamblea Nacional”.

    ¿Puede ser inhabilitado?

    Si se comprueba que Guaidó cometió irregularidades puede quedar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas hasta por un máximo de 15 años, pues eso es lo que establece el artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal.

    Guaidó tiene 35 años, es miembro fundador del partido de ultraderecha Voluntad Popular (VP), en 2010 resultó electo diputado suplente para la AN y, en 2015, como miembro principal del Parlamento. El 5 de enero de este año asumió la presidencia de esa instancia que se mantiene en desacato desde 2016.

    El pasado 29 de enero, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) venezolano decretó medidas cautelares en su contra en repuesta a la solicitud del fiscal general de la República, Tarek William Saab: “prohibición de salida del país sin autorización hasta tanto se culmine la investigación; prohibición de enajenar y gravar los bienes de su propiedad y bloqueo e inmovilización de cuentas bancarias y/o cualquier otro instrumento financiero en el territorio venezolano”.

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