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    El Gobierno de Venezuela publicó una lista de 50 empresas panameñas con las cuales el país suramericano suspendió “toda relación económica, comercial y financiera” por tres meses.

    A través de la Gaceta Oficial Extraordinaria, número 6.372, publicada este jueves, Venezuela acuerda la suspensión de toda relación económica, comercial y financiera, por un plazo de noventa (90) días, “como medida de protección del sistema financiero, económico y comercial”.

    Se trata de una ampliación de la lista de empresas panameñas con las cuales Venezuela ya había suspendido relaciones comerciales, de acuerdo a una resolución publicada el pasado 5 de abril.

    El decreto instruye a la Superintendencia de Bancos y otras Instituciones Financieras, (Sudeban), a la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) y al Servicio Autónomo de Registro y Notarias (Saren) a proceder al levantamiento y acopio preventivo de información relativa a actividades financieras consideradas como sospechosas ejecutadas por las empresas señaladas.

    Las empresas sancionadas incluyen a Varela Oil Company (Varoco), Varela Chemical Company Inc, Varela Overseas Corporation y Varela & Asociados, S.A, vinculadas al presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, quien también aparece en la lista de personas naturales con quien Venezuela suspendió relaciones económicas.

    La lista también incorpora a las empresas: Financiera La Hispanoamericana, S.A., Greenville Finance S.A., Gorgona Development Group Inc, Bienes Raíces Isla Grande, S.A. (Brisa), Inversiones Wolfgang, S.A., Grupo Financiero Continental S.A., Samot Financial Corp. y Gemma Internacional, S.A., entre otras.

    Venezuela suspendió relaciones económicas con un grupo de personas naturales (funcionarios), incluido el presidente de Panamá, así como con 46 empresas del país centroamericano el pasado 5 de abril.

    La medida está argumentada en “el uso recurrente del sistema financiero panameño por parte de sujetos nacionales venezolanos para movilizar dinero y bienes provenientes de delitos contra el patrimonio público”.

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