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    Un informe preliminar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que estuvo de visita en Costa Rica entre el 14 y 18 de octubre, revela que “de acuerdo con la información recibida por parte del Estado, se estima que desde enero hasta septiembre de 2018, alrededor de 52,000 nicaragüenses ingresaron y se han quedado en el país.

    Por otra parte, la información suministrada indica que al momento de la realización de la visita se registraban hasta 40.386 personas que habían manifestado necesitar protección internacional en Costa Rica”.

    Agrega que de los 52.000 nicaragüenses, un total de 13.697 personas habían formalizado ante las autoridades migratorias su solicitud de asilo en el vecino país del sur.

    Puntos ciegos y albergues

    Durante su visita, la CIDH estuvo en el puesto fronterizo de Peñas Blancas, donde pudo “observar la parte del recorrido que realizan las personas nicaragüenses por senderos y pantanos para cruzar por ‘puntos ciegos’ a Costa Rica, saltando el muro fronterizo”.

    Basándose en estos testimonios, el organismo determinó que quienes han migrado son en su mayoría estudiantes que participaron en las protestas, defensores de derechos humanos, líderes de movimientos sociales, campesinos, personas que han contribuido y apoyado a estas personas a través de la provisión de alimentos, casas de seguridad y medicinas, así como médicos, periodistas y exmilitares.

    Aunque la CIDH reconoce al Gobierno costarricense la implementación de una “política de fronteras abiertas”, más una serie de políticas públicas en favor de los migrantes nicaragüenses.

    Asimismo, pudo detectar varios desafíos a los que se enfrentan los solicitantes de refugio: el alto costo para acceder al trámite (únicamente a través de llamadas telefónicas) y la larga duración de los procedimientos (hasta un año y medio sin recibir respuesta a la solicitud).

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