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    Ecosistemas fluviales son el principal depósito utilizado por Celulosa Arauco y Constitución (Celco) a la hora de evacuar los residuos tóxicos de su producción de pulpa de celulosa. Sin embargo, a pesar de la negación de sus ejecutivos sobre la contaminación que estos elementos tienen sobre los ríos elegidos, en el último tiempo una serie de sucesos en contra del medio ambiente han deteriorado ecosistemas hidrobiológicos, perjudicando también las actividades de pescadores artesanales.



    Celco ha demostrado ser la más irresponsable en términos ecológicos, y también capaz de invertir monstruosas sumas de dinero para vulnerar las conciencias de quienes viven de los recursos marinos o lacustres, bajo el seudónimo de proyectos de fomento productivo, siguiendo al pie de la letra la política del buen vecino y bajo el alero de las políticas medio ambientales, cuyas leyes han propiciado que sus desechos lleguen al mar.
    Un hecho que demuestra que para el Estado el mar es un inodoro, es la información extraoficial manejada por Ignacio Poblete Newman, asesor legal de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach).
    El abogado asegura que el Consejo de Defensa del Estado aún no concreta la tan bullada demanda en contra de Celco.
    “Sabemos que la empresa habló con el gobierno y que sólo serán demandados por los daños al río Mataquito. El hecho sería calificado como un derrame puntual, sin incluir los daños a los recursos del mar o de la zona estuariana afectadas por el contaminador. Para el Estado, al parecer, los ríos desembocan en la Cordillera”, argumenta el jurista.
    Más allá de las ilegalidades ambientales que esta empresa ha cometido a la hora de producir celulosa, sin recibir una sanción real, un hecho poco conocido es la estrategia que esta empresa ha utilizado para neutralizar el trabajo organizado de los pescadores artesanales en contra de los ductos con salida al mar que contemplan sus fábricas, tanto en Valdivia, como en el Complejo Forestal Nueva Aldea, en el Valle del Itata, Región del Bio Bio.

    La estrategia consiste en mantener conversaciones con personas puntuales, vulnerables a ofertas millonarias, pero jamás sentándose frente a los afectados directos para comunicar lo que implica aceptar las tentadoras propuestas.

    MEHUÍN AMENAZADO

    Mehuín es el mejor ejemplo de un trabajo organizado por parte de una localidad que defiende hasta la muerte los recursos naturales que sustentan su vida, historia y tradiciones.
    El Comité de Defensa del Mar de Mehuín, desde 1996 se ha opuesto a la intención de Celco para instalar un ducto con salida al mar. Sin embargo, en los últimos dos meses ha debido enfrentar los efectos de la mano invisible del Grupo Angelini.
    Una nueva negociación entre dirigentes de la pesca artesanal y representantes de la empresa, la segunda en estos diez años de lucha, ha instalado un nuevo hito en esta guerra que logró su punto álgido, y legendario, con el denominado “Combate Naval de Mehuín”, en agosto de 2006, cuando pescadores artesanales se enfrentaron con funcionarios de la Armada para evitar que Celco realizara las mediciones necesarias que exige el Estudio de Impacto Ambiental.
    El nuevo hito en Mehuín, es una virtual guerra civil, que en dos notas publicadas por La Tercera (Copesa) intentó instalar en la opinión pública la certeza de una supuesta división entre los habitantes de la zona frente a la instalación del ducto.
    Los miembros del Comité de Defensa, frente a la supuesta ruptura, tienen una posición clara al respecto. “Sólo representa el interés de un pequeño grupo de personas del sindicato Sitimar que preside Joaquín Vargas ex presidente de la Federación de Pescadores de Mehuín (…) muchos de ellos no son pescadores, y sólo por intereses creados se asociaron a la organización”, explica el vocero del Comité, Eliab Viguera.

    BOICOT A CELCO

    Los negociadores de Celco han sido identificados en diferentes medios por Vargas, según el ex dirigente estos serían Eduardo Harvey, de quien poco se conoce, y Jorge Salazar Ruiz, quien es presidente del Club de Deportes Valdivia y asesor ambiental de una corporación local.
    La tarde del jueves 13 de agosto, estos individuos, habrían dado un ultimátum a la Federación. El documento firmado por parte de sus socios, además de la rúbrica de su presidente y su secretario, debía ser entregado a Celco para dar curso a la negociación y de esa forma contar con un escrito legal que avalara la participación de la totalidad de los pescadores de Mehuín.
    A esas alturas todos quienes apoyan recibir el dinero de Celco, estaban confiados que todo marcharía bien, sin embargo, el secretario de la organización, Juan Quezada, quien hasta ese momento había hecho creer a los socios que estaba de acuerdo con la negociación, increpó a los mediadores de Celco negando la firma del documento.
    De acuerdo a la información que los vecinos entregaron al Comité, estas personas se habían reunido en un sitio eriazo en donde, según advierten: “Estaban desarrollando una guerra de guerrillas con el claro objetivo de despachar a los tres causantes de la bajada de la negociación con Celco: Sergio Díaz, Juan Quezada y Eliab Viguera, todos miembros del Comité de Defensa del Mar”. Esta situación quedó constatada en una denuncia por amenazas en el retén de Carabineros de Mehuín, el mismo día jueves a las 20 hrs. en contra de los dirigentes de Sitimar y el Sindicato numero 1, Joaquín Vargas y Eduardo Pino entre otros, y que hoy es investigada por la Fiscalía de San José de la Mariquina.
    “Ahora quedó al descubierto que es lo que persigue y provoca Celco con este tipo de maniobras criminales, en las cuales se ampara en la propia gente ofreciendo plata, pero son maniobras criminales que presumimos que ha utilizado para bajar otros conflictos ambientales en otras regionales”, dispara Viguera, quien además agrega: “Jamás se ha declarado públicamente este tipo de acciones matonescas por parte de Celco, como por ejemplo que andan en camioneta con armas persiguiendo a las personas que pegan panfletos en contra de Celco”.
    El Comité de Defensa del Mar apoyado por la Conapach y sus abogados en Valdivia, está coordinando recurrir a instancias internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dado que perciben “una clara complicidad por parte del Estado chileno en este conflicto, que perjudica tanto los derechos de los pescadores como de las comunidades mapuche lafquenches que habitan toda la costa de Mehuín”.
    De acuerdo a la apreciación de Viguera, en torno a este conflicto no se puede hablar de una de negociación con Celco.
    “Eso es falso, puesto que la estrategia de esta empresa siempre ha sido enfrentar a los pescadores unos contra otros y de esa manera despejar el camino para poder realizar los estudios que por diez años hemos evitado”, enfatiza el dirigente.
    Hasta el momento y a pesar de todas las publicaciones en la prensa, Celco no ha emitido opinión alguna para desmentir su intromisión en las comunidades, ni mucho menos para desmentir la existencia de negociaciones que el mismo Vargas ya asumió públicamente.
    Angelo Romano, gerente de Asunto Públicos de la fábrica en Valdivia, no responde los llamados de la prensa, y en el departamento de comunicación reconocen que no existe una declaración ni se maneja información al respecto, dejando abierta la puerta para asumir lo que el silencio otorga.

    DIVISIÓN INVENTADA

    Pero una prueba indiscutible de la unión y la fuerza de la comunidad de Mehuín, a pesar de la mano invisible de Celco, es el apoyo que han sumado, pescadores de Queule, Puerto Saavedra en la IX Región, y algunas organizaciones de la VIII Región, quienes están dispuestos a navegar hasta la costa de esta localidad cada vez que la amenaza del estudio aparezca nuevamente.

    Días previos a la desarticulación de la negociación, miembros del Comité de Defensa, viajaron durante horas por tierra para recibir una embarcación que los pescadores del sindicato “La Caleta”, de Puerto Saavedra, aportaría para fortalecer la vigilancia de la costa , ante cualquier posible intento de estudios por parte de Celco.
    Al llegar al puerto artesanal, a pesar de la lluvia y el frío los 25 socios del sindicato y “La Caleta” -nombre de la nueva lancha- esperaban a sus compañeros de más al sur para subir dicha embarcación de fibra, motor fuera de borda y capaz de alcanzar 60 kilómetros por hora.
    Tres mujeres de la zona vitoreaban “no al ducto”, alentando a los pescadores mientras subían la lancha de 15 metros de eslora al camión que más tarde la trasladaría a la Región De Los Ríos.
    Los pescadores se comprometieron para viajar a Mehuín en cuanto reciban la noticia del acercamiento de la empresa al mar. “Hoy ya la pesca se torna complicada sobre todo en esta zona, por el mal tiempo no hay pescado y con el ducto instalado y los desechos en el mar nos van a matar toda la crianza de pescado”, advierte Angela Varas, socia del sindicato, hija y esposa de pescador.
    Además nos cuenta que “a los pescadores no nos ayuda el gobierno regional, sólo ayuda a los agricultores, por eso tenemos la obligación moral de unirnos con los pescadores de Mehuín y defender nuestro mar”.

    LA MANO NEGRA ENTRÓ

    El ejemplo más claro de lo que la comunidad de Mehuín quiere evitar es lo que hoy viven los lugareños de Perales, localidad perteneciente a la comuna de Coelemu, ubicada en desembocadura del río Itata en la provincia de Ñuble, Región del Bio Bio.
    Desde que el Complejo Forestal e Industrial, CFI, Nueva Aldea, la sexta planta perteneciente a Celco, y la mayor en producción de celulosa, comenzó a operar en agosto de 2006, vertiendo sus desechos al Itata, la economía de los peralinos, sufrió efectos inmediatos.
    Estos hombres y mujeres dedicados a la recolección de orilla, algas y mariscos, están obligados a mentir sobre el origen de sus recursos, puesto que debido al flujo de información que hay en zonas más urbanas de la provincia, los términos “compuestos cancerígenos” o “mutagénicos”, son habituales en las conversaciones desde que la empresa se instaló en la zona.
    La señora Marta Henríquez, que a sus 43 años lleva 36 dedicados a la recolección de algas, hoy es la presidenta de la junta de vecinos de Perales, y quien asumió la defensa de sus vecinos frente a lo efectos que está teniendo la empresa.
    Nos cuenta que cuando llevan sus productos a Coelemu o Quirihue para comercializarlos, “nos dicen que no van a comprar porque, según ellos, ya están contaminados por eso han bajado las ventas. Tenemos deudas como todos los chilenos y si nos va mal, ¿quien nos va a ayudar a pagar?”.
    El CFI, aún no está operando al 100%. Para ello, es necesario un recipiente mucho más amplio que el lecho del Itata, capaz de soportar el caudal de 75 millones de litros diarios de desechos autorizados por la Conama para la producción anual de 856.000 toneladas de celulosa. Por ello la fábrica contempla un Sistema de Conducción y Descarga al Mar de los Efluentes conformado por una cañería de 50,8 Km., y 1,5 metros de diámetro, que transportará los residuos hasta dos kilómetros mar adentro desde la fábrica, en la comuna de Ranquil, hasta la desembocadura del río, en Coelemu.
    Pero la preocupación de los habitantes de Perales, por la definitiva llegada del ducto al mar, está acompañada de la impotencia de enterarse a finales de julio que Santiago Muñoz, presidente del Sindicato de Pescadores, firmó un contrato para la ejecución de un proyecto de fomento productivo con CFI Nueva Aldea a espaldas de la comunidad.
    El proyecto denominado “Desarrollo Tecnológico del Cultivo de Lisa como Modelo Replicable Asociativo Empresarial”, tiene un costo total de $115.663.000, y es cofinanciado por Innova Bio Bio y Nueva Aldea. Innova Bio Bio es uno de los denominados nodos tecnológicos propiciado y financiado por la CORFO.
    A su vez la implementación tecnológica estará a cargo de la Facultad de Ciencias Oceanográficas de la Universidad de Concepción y Biocostas Consultores.
    Quien les informó de la existencia de este acuerdo fue la concejala Angélica González, quien además asegura: “Existen otros acuerdos y aportes para el sindicato como motores, embarcaciones, equipamiento y capacitación de buzos, que no fueron informados a los socios del sindicato”.
    Esa información alteró la paciencia de los peralinos, quienes habían soportado en silencio la prepotencia de Muñoz cada vez que le consultaban por información referente al ducto, ya que la compra de camionetas para sus hijos y un terreno donde construye cabañas de turismo, generaba algunas dudas entre los socios del sindicato.
    “Qué proyecto productivo podemos hacer con el financiamiento de Celco, si cuando el ducto llegue al mar ya no habrá productos marinos. Si nos financian motores, redes, áreas de manejo como lo hicieron con Santiago Muñoz, y con la otra gente de Dichato y Coliumo, qué haremos con eso, si ya algunos compradores están rechazando nuestros recursos por temor a que estén contaminados”, expresa angustiada Marta Henríquez.
    Para los vecinos de esta localidad una indemnización por parte de la empresa, es la única solución a las pérdidas económicas que ha provocado Celco. En ese sentido están siendo apoyados por la concejal y otros personeros.
    González admite que la gente de Perales “ha sido engañada y maltratada en la municipalidad, nadie da respuestas claras a sus exigencias, por eso estamos viendo la posibilidad de presentar una demanda y exigir una indemnización de por vida para esta gente”.
    Los pescadores de Perales finalmente expulsaron a Santiago Muñoz del sindicato, y la nueva directiva espera reunirse lo más pronto posible con los ejecutivos de Celco para conocer en qué consiste este proyecto, y cuáles son los términos del contrato, puesto que Santiago Muñoz, no ha entregado un solo documento a sus socios.

    LA MESA

    El 16 de enero de este año, en el marco de la ceremonia de entrega a la intendenta de la VIII Región, María Soledad Tohá, del primer informe de la mesa de diálogo público privada constituida en diciembre de 2005, entre representantes de Celco, el gobierno regional y organizaciones de pescadores artesanales de la zona, el presidente de Ferepa Bio Bio, Hugo Arancibia Zamorano, dio a conocer la aprobación de los pescadores al emisario submarino, en la provincia de Ñuble.
    Ese hecho provocó el rechazo de las organizaciones de pescadores agrupadas en la Conapach y del Comité de Defensa del Mar de Mehuín. Ambas organizaciones concordaron en que la aprobación de los pescadores al ducto “se debe a la presencia de dirigentes corruptos, como Hugo Arancibia, que no tienen el más mínimo respeto por los recursos, y que hace mucho dejaron de vivir de ellos, a cambio del dinero que le entrega esta misma empresa”, sentencia Cosme Caracciolo, presidente de Conapach.
    Sin embargo, las organizaciones de pescadores de Coliumo y Cocholhue, que rechazaron la instalación del ducto no fueron admitidas en la mesa de trabajo, pues denuncian que se les excluyó por no pertenecer a Ferepa Bio Bio.
    Es necesario señalar, que Arancibia fue unos de los pocos dirigentes de este sector que apoyó la aprobación de la actual Ley de Pesca que consagró el sistema de Limites Máximos de Captura por armador, privatizando los recursos pesqueros que hoy tiene sumido en una aguda crisis a los pescadores artesanales de la zona centro sur del país.
    Lorenzo Torres, es presidente del único sindicato de pescadores de la caleta de Coliumo que se negó a participar de la mesa, pues sabía que de ella podía salir una aprobación a la intención de la empresa, lo cual amenazaría la sustentabilidad de los recursos y con ello su actividad.
    “Llevo toda una vida viviendo de la pesca, por eso voy a pelear por el futuro de mi gente”, afirma Torres.
    No obstante, a pesar de la posición de este pescador y dirigente, hoy la firmeza de su sindicato se ve amenazada por algunos socios que si están dispuestos a aceptar cualquier oferta de Celco.
    Daniel Soto es uno de ellos, pues argumenta que “no podrán luchar en contra de una compañía de esa magnitud” y ante el inminente peligro que corren los recursos “es mejor recibir una compensación o ayuda en vez de quedarse sin nada”.
    Al igual que en la fábrica de Valdivia, tratamos de forma insistente conversar con Iván Chamorro, Gerente de Asuntos Públicos de Arauco y -ex de Nueva Aldea-, sin embargo, cuando contestó su teléfono evadió la conversación, delegando la entrevista a otro funcionario quien pidió reservar su nombre. Esta persona, negó la entrega de aportes directos a las organizaciones, así mismo aclaró que todo dinero entregado depende del acuerdo en la mesa de diálogo con los pescadores representados por Hugo Arancibia.
    Reconozcan o no la entrega de aportes directos a las organizaciones o de manera individual, la creación de esta mesa de diálogo demuestra que Celco, después de 10 años tratando de convencer a los pescadores de Mehuín, tomó apuntes sobre cómo y con quiénes sentarse a trabajar y de esa forma avanzar sin obstáculos en la construcción del ducto.
    La comunidades de Mehuín, Queule y Puerto Saavedra, más los mapuche-lafquenches están logrando desarticular otra de las amenazas que deben enfrentar. Si bien el escenario no fue el acostumbrado; el mar, la unidad logró que Celco, no llegara a su cometido por medio de estas oscuras maniobras, manteniendo sus costas libres de contaminación.
    No obstante, es de esperar que también los pescadores artesanales y dirigentes que hoy están tirando el futuro de las próximas generaciones, literalmente, al basurero, se retracten, y se sumen a la fuerza de los pescadores de Mehuín y de otras zonas a lo largo de la costa que están luchando por defender el mar que ha sustentado su cultura durante siglos.

    Daniela Olivares

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