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    Tras una larga espera de casi 10 meses, transcurridos entre la incertidumbre y los plazos vencidos, el ejecutivo ingresó este martes la indicación sustitutiva al proyecto de Ley de Protección de Glaciares presentado por Bancanda Glaciar en mayo, más a medida de los intereses mineros que de la real y efectiva protección de los macizos de hielo.

    Con la indicación sobre la mesa cuesta creer que el Ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, no mentía cuando aseguraba hace unos meses que la moratoria se debía al resguardo de la calidad de la indicación y no a las eventuales presiones que pudiera estar ejerciendo en Consejo Minero.

    Y es que, a pesar de respetarse algunos de los contenidos de la moción original, como el reconocimiento de los glaciares como reservas de agua dulce y bienes nacionales de uso público, la prohibición de solicitar derechos de agua sobre ellos y el fortalecimiento de las atribuciones de la Dirección General de Aguas (DGA) para cursar multas ante eventuales irregularidades, la mayoría de las formaciones seguirán estando supeditadas a los intereses mineros del país.

    Para empezar, de acuerdo al texto denuncia emitido por las fundaciones ambientalistas Chile Sustentable, Fundación Terram y Greenpeace, la prohibición de obras y actividades comerciales en glaciares solo atañe a aquellas formaciones que se encuentran al interior de parques nacionales o reservas vírgenes, “excluyendo de la protección a todos los glaciares más importantes de la zona norte y centro del país, que son precisamente las reservas de agua más importantes en las zonas de mayor estrechez hídrica del país”.

    La decisión de eventualmente proceder a proteger otros glaciares queda a merced de la decisión del Comité de Ministros para la Sustentabilidad, que ha de considerarlos “reserva estratégica” para evitar su intervención, trámite durante el cual la indicación no propone la paralización de las faenas que se realizaran sobre la formación.

    “No propone instrumentos ni dineros públicos que permitan identificar esos glaciares “relevantes”. En consecuencia, la definición glaciares como “reserva estratégica” probablemente quedaría sujeta a la información que proporcionen empresas consultoras contratadas por empresas mineras interesadas en desarrollar proyectos en zonas de glaciares”, denuncian las organizaciones; “Esto sin duda resulta impresentable, y debilita aún más la credibilidad de la ya cuestionada institucionalidad ambiental chilena. Dejar a merced de las empresas y de las consultoras del SEIA la información sobre la importancia de cada glaciar, implicaría perpetuar y legitimar legalmente el criterio casuístico, sujeto a estudios privados, es decir perpetuar la amenaza que sufren actualmente los glaciares”.

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    El documento explica que aquellos no considerados como “relevantes” o “estratégicos” quedarían en manos de la decisión del Sistema de Evaluación Ambiental (SEIA); “Dejar en manos del SEIA, las actividades a desarrollar en los glaciares ha resultado francamente inconveniente, muestra de ello son Pascua Lama, Andina 244, Los Bronces y Pelambres. Por esta razón es que la moción parlamentaria apuntó a superar la evaluación caso a caso y propuso avanzar hacia una ley de protección general de los glaciares”.

    Con respecto a los glaciares que ya se encuentran al interior de concesiones mineras, la propuesta del gobierno contempla la revisión de las Resoluciones de Calificación Ambiental, pero no la revocación de estas.

    “Lo que hemos incorporado en la ley son plazos para que el titular que eventualmente esté interviniendo un glaciar que pueda estar afecto a alguna categoría de protección especial, le informe al ministerio para establecer medidas de monitoreo especial y, eventualmente, medidas de mitigación”, sostuvo el ministro de Medio Ambiente a Diario Financiero.

    No obstante, la revisión solo atañe a “proyectos que que hoy afectan a glaciares en parques nacionales o a glaciares “declarados reservas estratégicas”. Sin embargo, no se establece plazo para declarar cuáles serán considerados reserva estratégica. Tampoco se establece una moratoria al desarrollo de actividades sobre glaciares, mientras no ocurra esta calificación y no se acompaña financiamiento para fundamentar la declaratoria de “reserva 3 estratégica”. Adicionalmente deja todos los demás glaciares a merced de los emprendimientos mineros o energéticos que actualmente los destruyen. Más aún, dado que solo algunos proyectos mineros en zonas de glaciares cuentan con RCA, la Ley les permitiría continuar destruyéndolos”, denuncian las organizaciones ambientales.

    “En conclusión, el proyecto de Ley ingresado por el gobierno a la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados no entrega garantías para la protección efectiva de la gran mayoría de los glaciares del país, sino que los considera “sacrificables”. Por ello, resulta inconsecuente con la moción parlamentaria que nosotros apoyamos, por constituir una norma general que establece una clara protección a los glaciares de nuestro país”, concluyen Chile Sustentable, Greenpeace y la Fundación Terram.

    Críticas de diputados

    A pesar de que en general el proyecto fue bien valorado por los miembros de la Comisión de Recursos Naturales, la diputada Cristina Girardi (PPD) criticó la indicación por dejar a merced del Comité de Ministros la protección de los glaciares.

    En declaraciones que recoge el medio El Desconcierto, Girardo señaló que “Estamos generando el espacio para que los glaciares dejen de ser protegidos, no puede estar la protección al arbitrio de quienes cometen las arbitrariedades.”

     

     

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