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    Luego de conocerse la resolución de la Superintendencia de Medio Ambiente, que en medio de los recientes hechos que alumbran -aún más- los intereses del bacheletismo por favorecer al grupo Luksic decidió no multar a la empresa Antofagasta Terminal Internacional (ATI), a pesar de los graves incumplimientos detectados a la Resolución de Calificación Ambiental (RCA), diversas personalidades políticas y del mundo de la medicina expresaron su preocupación y se hicieron parte de un debate en el que el tráfico de intereses parece haber desbancado la obligación de las autoridades de velar por el derecho de sus ciudadanos a vivir en un medio libre de contaminación.

    “Nos parece vergonzosa la posición en que se encuentra la Superintendencia de Medio Ambiente, en que toda Antofagasta y el país observa una institucionalidad más proclive a privilegiar acuerdos con quien vulnera las resoluciones de calificación ambiental, que el respeto irrestricto de esos compromisos legales, que ya han producido graves consecuencias para la salud de más de 150 niños”, sostuvo Aliro Bolados, presidente del Colegio Médico Regional.

    Bolados criticó la total impunidad con la que la Superintendencia, cuya máxima autoridad –Cristian Franz– vale recordar que a través de la sociedad “Los Chungungos LTDA.” ha participado en el Grupo Alianza, firma que ha prestado asesorías a empresas mineras y energéticas como Barrick o Antofagasta Minerals (grupo Luksic), ha dejado en completa indefensión a los antofagastinos (Fuente).

    “Cuando fuimos a las oficinas de la SMA en Santiago nos quedó claro que todo el sistema público está sospechosamente de acuerdo en no tocar a quienes vulneran las normas ambientales y las RCA, en no fiscalizar ni sancionar adecuadamente, cuando se trata de firmas relacionadas con el negocio de sacar concentrados mineros contaminando a los antofagastinos”, sostuvo.

    Ante la dramática situación y la falta de voluntad, Bolados emplazó a Bachelet a defender el derecho de los ciudadanos a vivir en un medio ambiente libre de contaminación.

    “La SMA dice que no tiene facultades, el Minsal manifiesta lo mismo, por eso nosotros decimos que la única autoridad que nos queda es la Presidenta, quien como médico esperamos comprenda que hoy el daño es tremendo en Antofagasta, principalmente en nuestros niños que asisten a los establecimientos a pasos del puerto, lugar donde se manejan diariamente concentrados con metales pesados tóxicos sobre una ciudad con indicadores sanitarios desastrosos en materia de cáncer, como es Antofagasta”.

    Bolados criticó las medidas parche que se están implementando, relacionadas con maniobras de aseo o traslado del alumnado a otros centros mientras no se detiene el foco contaminante.

    “Todos los protocolos en materia de contaminación hacen referencia que lo primero es terminar definitivamente con la fuente genera el problema, sin embargo en Antofagasta eso no se aplica y opta sólo por medidas paliativas”, denunció.

    Pero la impunidad del grupo en el manejo de concentrados mineros no fue el único “favor” que salió a la luz en medio del escándalo #NueraGate. Este mismo domingo se desalojó a la comunidad de Caimanes, que durante 75 días mantuvo cortado el camino de acceso al Tranque de Relaves El Mauro, propiedad de Minera Los Pelambres, exigiendo que se cumpliera el dictamen de la Suprema, que el pasado 22 de octubre ordenó al grupo restablecer las aguas del río Pupío libres de contaminación, lo que todavía no han tenido a bien, ni cumplir el grupo, ni exigir el gobierno de Bachelet.

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