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    “Hidroaysén ya comenzó las obras, pese a encontrarse en pleno proceso de calificación ambiental”, señaló Patricio Rodrigo, secretario ejecutivo del Consejo de Defensa de la  Patagonia (CDP) al denunciar el irregular inicio de faenas por parte de la empresa. Con fotografías para constatar la denuncia y basándose en los planos presentados por la empresa, Rodrigo explicó que la obra en construcción correspondería al túnel de la sala de máquinas de las represas.

    La verificación de faenas por parte de la organización Defensores del Espíritu de la Patagonia, miembro del CDP –organización conformada por más de 40 organizaciones locales, nacionales y extranjeras – se registró en el río Baker donde Hidroaysén pretende construir 3 de las 5 mega-represas para su complejo hidroeléctrico. Investigaciones realizadas por el Consejo indican que ya se están construyendo dos túneles de 4 x 4 metros y de más de 70 mts. de profundidad, a cargo de 80 operarios que, utilizando explosivos, trabajan en turnos de 20 x 10 días.

    “Queremos que los organismos competentes investiguen esta iniciación ilegal de faenas y adopten sanciones administrativas por daño ambiental”, exigió el senador Guido Girardi. El parlamentario insistió en que Hidroaysén está violando la resolución de la Corema de la XI Región que, junto con acoger a trámite el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) de la sociedad compuesta por Endesa España y Colbún, el 22 de agosto pasado, hizo presente que “el titular del proyecto no podrá dar inicio a ninguna de las acciones u obras que éste contempla en tanto no haya sido notificado de la Resolución de Calificación Ambiental Favorable”.

    “Se requiere de una intervención inmediata y enérgica para detener este atentado a nuestro patrimonio mientras no culmine el EIA”, agregó Hernán Sandoval, presidente de Chile Ambiente, quien participó de la denuncia junto a Flavia Liberona, directora de la Fundación Terram, ambos miembros del Consejo de Defensa de la Patagonia.

    En cuanto a la Bancada Verde de la Cámara Baja, el diputado Marco Antonio Núñez calificó la situación denunciada como una “violación flagrante de la ley en medio del silencio cómplice de las autoridades”. “Sólo tienen autorización para mediciones topográficas pero no para realizar este atentado al Estado de Derecho de Chile”, acusó por su parte el diputado Gabriel Silber, quien exigió que se suspenda la admisibilidad del Estudio de Impacto Ambiental de Hidroaysén hasta que se aclaren los hechos.

    Coalición ARV

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