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    The New York Times, uno de los medios más influyentes a nivel mundial, publicó este miércoles un reportaje titulado Una fuga de casi 700 mil salmones en Chile alarma a los ambientalistas. Como su nombre lo indica, el artículo da cuenta de lo ocurrido a inicios de julio de este año en una de las jaulas que la empresa noruega Marine Harvest tiene instaladas en la isla Huar frente a Puerto Montt. A partir de ese caso, analiza el impacto de la acuicultura en los ecosistemas marinos de nuestro país y en la subsistencia de los pescadores artesanales.

    El medio entrevistó a trabajadores del mar afectados por los efectos de la industria salmonera. El dirigente sindical Juan García, por ejemplo, le recuerda al New York Times que “en su infancia comía pescados frescos y mariscos que su madre recolectaba en la orilla de las costas australes, cuando la salmonicultura aún no existía en la región”. “Hemos visto los cambios brutales que ha tenido nuestra actividad”, le dijo al medio norteamericano.

    “Nos destruye la carnada, la sardina, el pejerrey. Es una especie voraz”, sostuvo en tanto Luis Mayorga, pescador artesanal que participó en la recaptura de los salmones fugados contratados por Marine Harvest ante el apremio de la legislación chilena para estos casos.

    En ese sentido, el periódico advierte que las cifras de recaptura que figuran en el informe elaborado por la empresa noruega contradicen lo establecido por Sernapesca, instancia que señaló el 15 de septiembre pasado que Marine Harvest recapturó solo un 5,54 por ciento de los peces fugados, un 21,5 por ciento menos de lo que señaló la compañía.

    “Marine Harvest les pagó a unos 120 pescadores artesanales de Calbuco para que firmaran ante notario una declaración en donde aseguran haber capturado cientos de salmones”, acusó el dirigente Juan García a The New York Times.

    El medio conversó con Liesbeth van der Meer, directora ejecutiva de Oceana en Chile, destacando que se trata de la mayor organización internacional que se dedica a proteger los océanos del mundo. Y su diagnóstico fue lapidario: “Estas especies podrían vivir dos años más y causar un daño irreversible en el ecosistema de los fiordos en la Décima región. No se sabe hasta dónde pueden llegar”, señaló.

    Junto con ello, denunció una “falta de transparencia” respecto de la cantidad de antibióticos en la salmonicultura chilena. “El año 2014 pedimos por Transparencia la cantidad de antibiótico que usaban por empresa. Nos costó cuatro años que nos dieran esa información”, relató Van der Meer, quien advirtió de paso que “estamos usando 360 toneladas de antibióticos anualmente”.

    Desprestigio mundial

    The New York Times habló igualmente con Estefanía González, coordinadora de océanos en Greenpeace Chile, quien planteó la siguiente reflexión: “La gran pregunta es: ¿queremos seguir con una industria que genera crisis ambientales todos los meses, que pasa por encima de las débiles leyes ambientales que tenemos en la legislación y con una autoridad incapaz de poder fiscalizar y hacerse cargo?”.

    Tras la publicación del reportaje sobre la realidad de la salmonicultura en nuestro país en el periódico norteamericano, González destaca que el hecho de que lo ocurrido con la fuga de peces haya aparecido en “el diario más influyente del mundo, demuestra que existe preocupación a nivel global respecto de los impactos que está teniendo la industria salmonera en Chile”. “Es evidente que a nivel internacional se está generando un daño reputacional importante a partir de las prácticas que ha tenido esta industria y las consecuencias de la actividad en ecosistemas que son altamente valorados internacionalmente”, sostiene.

    En ese sentido, la coordinadora de Océanos de Greenpeace apunta al Gobierno que -dice- “insiste en aparecer comprometido con el cuidado del medioambiente”, llamándolo a “tomar nota de esta situación de desprestigio que afecta a una de las principales actividades productivas del país”.

    El reportaje finaliza recordando que este 5 de octubre Sernapesca debe entregar su informe final al Consejo de Defensa del Estado con el objeto de que se evalúe si corresponde o no presentar acciones legales, arriesgando Marine Harvest sanciones que van desde medidas reparatorias y multas millonarias hasta el cierre del centro de cultivo.

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