El ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza, viajó este martes a Suiza para exponer ante la Organización del Trabajo Internacional (OIT) sobre la Consulta Indígena, específicamente en lo relativo al Proceso Constituyente para los pueblos originarios. Según se ha informado, el Secretario de Estado pondrá especial énfasis en la continuidad del Convenio 169 de la OIT, luego de que sectores del próximo gobierno de Sebastián Piñera manifestaran la idea de renunciar a este acuerdo, que en septiembre, tras cumplir diez años, debiera ser ratificado.

Pese a que Jorge Weke, Werkén del parlamento de Koz koz, critica la implementación que ha tenido el Convenio 169 en Chile, defiende este instrumento de derecho internacional. “Hasta ahora no hemos tenido participación activa en el Proceso Constituyente que tiene el Gobierno”, manifiesta a El Ciudadano, y recuerda que el Ejecutivo llegó al Wallmapu con la metodología, la participación y usando recursos para “el acarreo”, por lo que “nunca estuvimos de acuerdo con ese proceso”. De todas maneras, sostiene que si les hubiesen dado el mandato para realizar la consulta referida a la nueva Carta Magna, “podríamos haber hecho un trabajo con todas las comunidades de bases, hasta el último rincón de nuestros pueblos originarios, y no se nos hubiese quedado ninguno afuera”.

Para el Werkén, el Gobierno pudo haber informado sobre qué implica una nueva Constitución,  porque ésta debiera ser resuelta a través de una Asamblea Constituyente y no por medio de estas instancias gubernamentales, explica.

Jorge Weke

Pese a las críticas que realiza sobre la experiencia chilena en la Consulta Indígena del Proceso Constituyente, en términos generales defiende la ratificación del Convenio 169, ya que desde el año 2006 -como Parlamento de Koz koz junto a múltiples actores- han defendido este marco de derecho internacional para los pueblos originarios. “El Convenio es un avance para los pueblos indígenas”, sostiene, advirtiendo que “es sumamente importante que se mantenga”. “Fue una ganada que obtuvimos”, releva.

Jorge Weke explica que desde la ratificación del 169 han intentado que el gobierno de Michelle Bachelet modifique normativas en diferentes servicios, pero que tanto éste como el primer mandato de Sebastián Piñera “no han tenido la voluntad política de avanzar en temáticas que son muy profundas del derecho internacional”. En todo caso, la culpa para el Werkén no se debe al Convenio, sino que a los gobernantes.

Voluntad política

Weke manifiesta que el Gobierno no ha tenido la voluntad política de aplicar el estándar de la Consulta Indígena que establece el Convenio 169 de la OIT, puesto que -dice- “debiera hacerse en los proyectos que intervengan a los pueblos originarios”. En ese sentido, explica que su ratificación debiera implicar también el cambio de leyes sectoriales, para así aplicar la Consulta y tener el consentimiento de los pueblos, y no solamente apuntar a obtener un consentimiento a cualquier costo.

“Las consultas que ha hecho el Gobierno han sido nefastas, han sido negativas y muy malas, pero eso no es culpa del Convenio, sino culpa de los gobernantes que no tienen los cojones para llegar y aplicar una consulta y un consentimiento adecuado para los pueblos indígenas”, afirma.

El hecho de que el ministro Barraza esté en Ginebra defendiendo la ratificación del Convenio 169 de la OIT para nuestro país, es -plantea el Werkén- “una señal que podría ser interesante, pero vamos a ver cómo es la aplicación”. Junto con ello, el dirigente asegura que “Chile está acostumbrado a firmar convenios, pactos y protocolos, pero el problema es el momento de su aplicación”.

Por Javier Karmy Bolton

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