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    Especialistas exigen más participación ciudadana en la toma de decisiones ambientales y en el monitoreo a quienes contaminan.


    contaminacion
    El manejo incorrecto de los desechos, perjudica a casi todas las ciudades. La mayoría de los grandes ríos y lagos están contaminados por la basura domiciliaria, las aguas servidas y la actividad industrial o minera. Pareciera que en Chile poco importa la salud del ambiente.
    En nuestras regiones hay graves problemas de contaminación, especialmente en los ríos, lagos, napas subterráneas y mar. La despreocupación es aterradora y la falta de controles, indiscutible.
    Los sitios más envenenados del territorio nacional son los que tradicionalmente han sido presa del exceso del hombre y están condicionados por tres actividades. Primero, está la contaminación producida por la minería; ejemplo patente de ello es Calama, Chañaral, Coronel, el río Loa, entre otros. Segundo, es toda la actividad industrial, concentrada principalmente en Santiago, en ciudades como Talcahuano y Valparaíso. Tercero, surge el tema del envenenamiento de las aguas por parte de empresas como Celco u otras de cultivo salmonero, quienes se ensañan con los ríos cercanos, como el Cruces (Valdivia).
    “Se ha dicho que la industria salmonera elimina, en carga orgánica, el equivalente a lo que produce una población de 3 millones de personas. Esto lo hace en un territorio amplio y, salvo en el caso de los fiordos, con corrientes importantes, por lo que su impacto se ve disminuido”, asegura Alfredo Erlwein, Investigador del Centro de Estudios Ambientales (CEAM), de la Universidad Austral de Chile (UACh).
    No obstante, muchos lugares turísticos también están afectados. Es el caso de los lagos Villarrica (Araucanía), Rupanco y Llanquihue (Los Lagos) que reciben aguas servidas sin tratamiento y residuos industriales líquidos, riles, de industrias acuícolas cercanas.
    Algunos de estos casos datan desde hace décadas y con ellos floreció la paradoja de que todavía no existen respuestas definitivas sobre el asunto ambiental. Lo peor es que se avizora que nunca se logrará eliminar la totalidad de la basura acopiada por décadas.
    Los gobiernos no han sido los más ágiles para impedir los desastres ambientales; a pesar de los debidos estudios de impacto ambiental, previos a la autorización para que las fuentes contaminantes se instalen cerca de los centros urbanos, los ríos y el mar.

    AVANZAMOS LENTO
    Respecto del manejo de los desechos en las ciudades, las opiniones son muy diversas. Paola Vasconi, Geofísica perteneciente a la Fundación Terram y especialista en medioambiente, comenta que se ha avanzado más lento de lo esperado, “En el caso de los desechos sólidos, a pesar de contar con dos políticas de manejo integral de los residuos sólidos, sigue habiendo graves dificultades. La política nacional sigue centrándose en la disposición final de los residuos sólidos domiciliarios, sin programas serios de reciclaje de basura”.
    La especialista añade que con la privatización de las sanitarias se ha avanzado rápidamente respecto de las aguas servidas: “Hoy, cerca del 70% de las aguas servidas del país tienen algún tipo de tratamiento, ya sea a través de plantas de tratamiento o de emisarios submarinos”. Pero no todo es color de rosa. La profesional agrega que persisten problemas de olores, debido al lodo que generan estas plantas, los que aún no han sido resueltos y que los costos de este proceso han sido traspasados íntegramente al consumidor, generando un gran negocio para las empresas sanitarias.
    El investigador del CEAM, cree que la institucionalidad ambiental no ha resuelto el problema estructural de la normativa de descargas a cursos de agua: “La contaminación se sigue midiendo por concentración y no por cantidad de contaminantes, lo que en sí es contradictorio, aunque técnicamente mucho más fácil de fiscalizar. Urge una perspectiva territorial y análisis de flujos de masa de contaminantes a nivel de cuencas”, y añade que respecto a la contaminación de las napas con efluentes de vertederos, “nos falta avanzar bastante, pero eso también está relacionado con nuestra manera de producir basura; cuánta producimos y cuánta se separa-reclicla”, afirma Erlwein.
    Por su parte, Antonia Fortt, Ingeniera ambiental de Oceana, asegura que para tener un buen manejo de desechos, ya sea sólidos, líquidos o gaseosos; se debe contar con regulaciones estrictas y fiscalizables. Dichas medidas deben ser penadas de manera ejemplar, para que las industrias se vean obligadas a implementar los mejores sistemas de disposición. “Eso hoy en Chile no ocurre, pues la fiscalización es sectorial y no depende de la CONAMA”, asevera Fortt.
    El que no exista un marco regulador eficaz, no es nuevo. Pero, la tardanza de la Superintendencia Ambiental es interpretada por algunos sectores como una protección formal a las empresas. “El Gobierno no ha controlado a Celulosa Arauco con el pretexto de que pueden verse reducidas las fuentes de trabajo”, expresa un pescador de Mehuín, caleta cercana a Valdivia, que por estos días es protagonista de uno de los conflictos ambientales más polémicos, y que cuenta con la firma de Angelini.
    La Ingeniera de Oceana concuerda plenamente con el hombre de mar, respecto de que el Estado no controla al empresariado: “Eso es muy posible, ya que el modelo de desarrollo chileno se basa en la explotación y exportación de materia prima en bruto, sin valor agregado. La única forma de que tenga precio, es no controlando los costos ambientales, entre otros la contaminación”.
    El investigador de la UACh, piensa que quizás se da esta actitud en el Estado, pero que lo “sustantivo es que el problema ambiental es tan nuevo que los organismos públicos (y los científicos) no han llegado a una estructura eficiente de gestión ambiental”. Sostiene y agrega que el sistema predictivo (Evaluación de Impacto Ambiental), tiene serias limitaciones, que recién se estudian en el campo de las ciencias ambientales: “Si la sociedad priorizara la salud ambiental por sobre el crecimiento económico, se procedería con mayor precaución”.
    La Geofísica de Terram, añade que una de las grandes debilidades de la institucionalidad ambiental es la fiscalización: “Las razones son múltiples: primero, nuestro país tiene poco más de una década asumiendo seriamente la temática ambiental. Motivo de ello existe poca normativa y la que existía con anterioridad, se encontraba dispersa en muchos cuerpos normativos, dando facultades a distintos organismos, lo que entorpecía su ejecución”.

    MÁS PARTICIPACIÓN CIUDADANA
    Frente al tema de la contaminación, la sociedad tiene gran responsabilidad. A esto se suma la ineficacia del Estado y la despreocupación de todos los grupos sociales. La contaminación no debe ser considerada un tema de moda, sino una tragedia en la cual toda la ciudadanía está implicada.
    Por ello es necesaria más participación ciudadana en el monitoreo a quienes contaminan.
    Paola Vasconi piensa que una ciudadanía informada, educada y capacitada en los distintos temas ambientales sería de un gran beneficio para el Gobierno, “pues ella podría asumir un rol protagónico y extremadamente relevante en la gestión ambiental del país. No sólo fiscalizando y monitoreando para que los distintos sectores productivos y el Gobierno cumplan con la normativa y protejan la salud de la población, el medioambiente y el patrimonio natural del país; sino para cumplir un rol propositivo en materia de políticas, leyes y normativas que contribuyan a proteger el medioambiente”. Subraya y añade que, “sin embargo, para que esto ocurra, el Gobierno primero debe destinar los recursos que lleven a un empoderamiento de la ciudadanía en materia ambiental y, más importante aún, tiene que dar las señales correctas para que la ciudadanía transite por ese camino”.
    Alfredo Erlwein explica que se podría avanzar, haciendo más “viable la participación ciudadana en la toma de decisiones (proceso de participación del SEIA, consultas ciudadanas) y en la denuncia (habilitación de mecanismos para la realización e internalización de las denuncias ciudadanas)”.
    Por su parte, Antonia Fortt, plantea que los ciudadanos debiéramos dejar de ser agentes pasivos y reaccionarios. “Nuestro rol es ser proactivos. Debemos informarnos de lo que ocurre. Aquí el rol de los medios de comunicación es fundamental. Una ciudadanía informada es capaz de movilizarse y elegir a sus autoridades, y sobre todo hacer respetar lo que dice la constitución respecto del derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación”, puntualiza.

    Mauricio San Cristóbal

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