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    En el mundo se han difundido  casos excepcionales de personas que llegan a sobrevivir hasta doce días  sin agua, sin embargo, el tiempo promedio de supervivencia es de entre tres y cinco días.

    Este  vital liquido  fundamental  para todo ser humano, tanto para el consumo, como para el aseo personal ha sido privatizado en Japón. 

    Por primera vez las empresas privadas obtendrán concesiones para administrar los servicios de suministro de agua,  esto según por las crecientes dificultades de los proveedores públicos. La decisión está avalada por una ley  aprobada en el seno del Parlamento nipón.

    La nueva normativa fue aprobada con una mayoría de votos en una sesión plenaria de la Cámara Baja. El proyecto fue sancionado también por la Cámara de Consejeros.

    Esta nueva legislación busca fortalecer a las empresas de abasto de agua en los municipios, que sufren por el envejecimiento de las instalaciones, según se desprende del texto citado por la cadena NHK.

    La ley allana el camino para que los gobiernos locales vendan los derechos para administrar los servicios de agua durante 20 años.

    El proyecto se llevó al Parlamento ante un estudio que  señalaba  que la situación empeoraría en los próximos meses, esto, ha propósito de que un   tercio de los ejecutivos municipales, que gestionaban el suministro del líquido vital, no pudieron cubrir los costos operativos, así lo dio a conocer el Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar.

    La investigación de la cartera de Salud, Trabajo y Bienestar determinó el años pasado que el 15 por ciento de las tuberías de agua en todo Japón habían excedido la vida útil máxima de 40 años establecida por ley. Al ritmo actual de reemplazo, tomaría 130 años completar la renovación de todos los conductos, señaló la institución.

    Los defensores del cambio esperan que la transferencia de concesiones al sector privado lleve a la introducción de los conocimientos de gestión corporativa y permita a los municipios una mayor eficiencia.

    Sin embargo, los críticos del proyecto consideran que la privatización del abastecimiento de agua podría conducir a la subida de los precios.

    El agua se verá como una mercancía y no como un derecho obligatorio para el ciudadano;  empresarios comenzarán a desarrollar campañas de marketing y de oferta y demanda, dejando a un lado lo fundamental para el ser humano y ofreciéndole un tratamiento de mercadeo.

    Durante las discusiones previas a la aprobación de la ley, miembros de la oposición argumentaron que los servicios públicos proveen agua segura y confiable y la revisión del sistema resultaría en la venta de empresas públicas a compañías privadas que solo buscan ganancias.

    Instaron al gobierno central a estudiar más casos en el exterior de privatizaciones en el suministro de agua que habían fracasado.

    Una consulta al pueblo, primer afectado en esta decisión no fue planteado ni por la oposición ni por el Gobierno. Medios locales no han reseñado la reacción del pueblo nipón ante la privatización del suministro de agua.

    De acuerdo con el nuevo código, los gobiernos centrales y prefecturales deben exigir a sus contrapartes particulares documentos sobre la gestión de la calidad del agua, esto según para garantizar el suministro de agua potable.

    Los funcionarios gubernamentales tendrán la potestad de realizar inspecciones en las instalaciones y retirar las concesiones en caso de hallar irregularidades.

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