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    Presidenta Bachelet recibió una carta de organizaciones ecologistas que rechazan la idea de construir megarrepresas en ríos de la Región de Aysén. El Consejo de Defensa de la Patagonia llamó al gobierno a “respetar los mecanismos de evaluación de proyectos energéticos y evitar respaldos políticos anteriores, como los expresados por Edmundo Pérez Yoma”.



    La directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, declaró que “las grandes represas han producido daños e impactos irreversibles en todo el mundo. Entre ellos destaca el desplazamiento forzado de los habitantes de los territorios inundados por las represas hidroeléctricas u ocupados por obras anexas”.

    Los participantes declararon que “procesos poco democráticos y poco transparentes para la toma de decisiones en torno a estos mega emprendimientos, impulsados por grandes empresas con un poder de influencia desmedido, pueden sentar precedentes negativos”.

    En el trasfondo del Día Mundial de Acción Contra las Represas, conmemorado internacionalmente, organizaciones pertenecientes al Consejo de Defensa de la Patagonia, entregaron una carta a la Presidenta Bachelet para recordar los perjuicios causados a comunidades y ecosistemas por grandes represas hidroeléctricas en Chile y el mundo y realizaron al mediodía de este viernes una masiva protesta en la Plaza de la Cultura, frente al Palacio de La Moneda y en el paseo Ahumada, en el centro de Santiago. A la manifestación llegó más de medio millar de personas, que, portando carteles y gritando consignas, reclamaron contra la idea del consorcio Endesa-Colbún de construir 5 megacentrales hidroeléctricas en ríos de la Patagonia chilena.

    En la ocasión, la directora del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, declaró que “las grandes represas han producido daños e impactos irreversibles en todo el mundo. Entre ellos destaca el desplazamiento forzado de los habitantes de los territorios inundados por las represas hidroeléctricas u ocupados por obras anexas, con el consiguiente abandono de viviendas, pérdida de fuentes de empleo tradicionales, de tierras fértiles y bosques, así como de importantes elementos de su vida cultural y espiritual”.

    La misiva entrega a a la Presidenta destaca la urgencia que debe dar el gobierno a reformar la política energética y llama a la Presidenta a “cumplir su palabra ante el país respecto de la evaluación de proyectos energéticos, pues estos deben establecer el requisito previo de la instalación legal e institucional de la estrategia de gestión integrada de cuencas”.

    “Tenemos la convicción de que una democracia genuina es aquella en que las decisiones políticas se toman de manera transparente, considerando la opinión ciudadana, favoreciendo la descentralización de la toma de decisiones y apoyando el empoderamiento de las comunidades locales respecto al cuidado de sus recursos y patrimonio” enfatizó Juan pablo Orrego, director de Ecosistema.

    A su vez, Rodrigo Herrera, director ejecutivo de Greenpeace Chile, indicó que “las opciones de energía renovables existen en el país son muchas y la implementación de un mega-proyecto como Hidroaysén –aún no formalizado- tendría dramáticas consecuencias para el mercado energético, pues agudizaría el monopolio en el sector y bloquearía la diversificación de actores y de fuentes que el país necesita. Por lo tanto, se puede decir con toda propiedad que el área de influencia de tales mega-proyectos es todo el país y que todos los chilenos del presente y futuro son afectados por ellos”.

    Por su parte, el representante del Comité Pro Defensa de la Fauna y Flora, Eduardo Gissen, afirmó que “el todo sustentado en una mirada estratégica de largo plazo, en un proyecto de país que ponga muy alto la protección y conservación de nuestros recursos naturales y de la naturaleza en general, exclusivo origen y fuente de elementos tan vitales como el aire, el agua, los alimentos y la calidad de vida”.

    Las organizaciones no gubernamentales (ONG) exigen “una postura de imparcialidad de parte de los funcionarios de gobierno en relación con los proyectos de construcción de represas, ya que las señales políticas dadas por secretarios de Estado y otros funcionarios públicos a proyectos que aún no han sido evaluados en este tema, son hechos graves, antidemocráticos, inaceptables y generan la percepción ciudadana de un gobierno co-optado desde adentro por las grandes empresas. En este contexto el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, ya por diseño politizado en el mal sentido de la palabra, da aún menos garantías de ecuanimidad y objetividad a la ciudadanía”.

    En la misma línea, las ONG consideran “urgente” reformar el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) “de manera que los plazos de evaluación de los proyectos se ajusten a su envergadura y se obligue un estudio de alternativas a proyectos propuestos para que la autoridad y la ciudadanía dispongan de la información necesaria para aprobar o rechazar y así poder optar por la mejor alternativa en términos socio-ambientales”.

    Finalmente, los participantes declararon que “procesos poco democráticos y poco transparentes para la toma de decisiones en torno a estos mega emprendimientos, impulsados por grandes empresas con un poder de influencia desmedido en los ámbitos de la política, la academia, los medios de comunicación, la Justicia y otros, pueden sentar precedentes negativos y afectar la convivencia y gobernabilidad del país. La orientación del desarrollo energético en Chile, excepcionalmente rico en fuentes renovables de energía, depende netamente de decisiones políticas”, señala la carta.

    Por Mitzi URTUBIA
    Ecosistemas

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