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    España posee actualmente 29 expdientes abiertos en la Unión Europea (UE) por una “incorrecta aplicación de la legislación en materia de Medio Ambiente”, por  infracciones relacionadas con la biodiversidad e impacto ambiental, además de algunos asuntos referidos a aguas y residuos sólidos, en especial vertederos.

    El diputado Juantxo López de Uralde, portavoz de Unidos Podemos, solicitó al Ejecutivo español que detallara “la falta de transposición del derecho comunitario” en que incurre el país en materia ambiental.

    Según los datos enviados por el Gobierno, en respuesta a la pregunta del parlamentario, se pudo conocer que, entre los principales casos abiertos está el proyecto de regadío canal Segarra-Garrigues (Lleida); de explotación en varias minas a cielo abierto en el valle de Laciana (León); la no adopción, en determinados vertederos, de las medidas necesarias, como un plan de acondicionamiento o, en el caso de los no autorizados, su cierre; la línea de Ave Sevilla-Almería o la carretera M-501, por obligaciones resultantes de la directiva de hábitats; o sobre la designación de Zonas Especiales de Conservación (ZEC) en la región macaronésica, donde se encuentra Canarias.

    En el texto, el Gobierno destaca que esta situación implica a las tres administraciones en las que se divide la organización territorial del Estado: estatal, autonómica y local. Entre las tres se reparten las competencias en esta materia.

    Multa por aguas residuales

    Por ello, dice el Gobierno que trabaja “con la mayor diligencia posible” en coordinación con los gobiernos autonómicos y, sobre todo, en aquellos informes “antiguos” –como el caso de los que se refieren a depuración de aguas residuales y vertederos ilegales– de los que las comunidades autónomas son responsables.

    En este sentido, apunta que, aunque el país “aún no ha sido multado por incumplimiento de sentencia”, sí es posible que se “pudiera imponer una multa en materia de aguas residuales”.

    El texto señala que los informes que debe presentar España ante estos procedimientos “no tienen un plazo concreto”, pues es la Comisión Europea la que fija los plazos de respuesta en cada caso. Aun así, precisa el Ejecutivo que “España siempre ha cumplido los plazos establecidos por la Comisión para la remisión de informes”.

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