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    Motivados por grandes intereses económicos, todos los gobiernos de la región amazónica han puesto bajo amenaza a los pueblos indígenas y adoptaron los mismos métodos para desplazarlos de sus territorios, según el diagnóstico de la dirigencia indígena.
    En declaraciones la agencia Fides, algunas organizaciones de ambientalista del continiente aseguraron que, en la última década, sin importar la ideología con la que se identifiquen, los gobiernos han aplicado los mismos métodos de persecución, división y desconocimiento del derecho a consulta previa para promover al capital transnacional en la Amazonía.

    Iremar Ferreira, del Instituto Madeira Vivo del Brasil, manifestó que las transformaciones políticas y sociales “no han sido acompañadas de modelos económicos coherentes con las promesas de soberanía en la orientación de los modelos de desarrollo y se han entregado los recursos naturales al dominio de grandes capitales transnacionales”.

    Dijo que un ejemplo de ello es la implementación de la iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional Suramericana (IIRSA) que “ha demandado inversiones multimillonarias de recursos estatales en sociedad con capitales privados, pero que no se está traduciendo en redistribución de riqueza, reducción de la pobreza, ni desarrollo con identidad; al contrario, está trayendo depredación de los recursos naturales”.

    Ferreira aseguró que el objetivo del IIRSA es garantizar la explotación de yacimientos hidrocarburíferos, mineros y de recursos genéticos, acuáticos y agropecuarios, así como facilitar su transporte hacia los grandes mercados y advirtió que “provocará la subordinación de los países sudamericanos al Brasil y de toda la región al empresariado mundial”.

    Belkys Herrera, líder de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Amazonía Colombiana (OPIAC), agregó que, aunque en su país “la política estatal empezó a reconocer la tenencia de la tierra por nuestra contribución a la conservación del bosque, persiste la visión de que la región amazónica es un territorio de una riqueza inexplorada y prima una visión extractivista y desarrollista”.

    Indicó que, como ocurre en todos los países, “estamos bajo amenaza, nuestros líderes son asesinados, nuestras organizaciones son divididas, para desplazarnos de nuestros territorios”.

    Según la dirigenta indígena, en los últimos dos meses en Colombia fueron asesinados seis líderes ambientales, indígenas y activistas sociales y “hoy nos acompañan desde la espiritualidad para continuar la lucha por la defensa de nuestros territorios”.

    Herrera dijo que en toda la región amazónica se repiten los mismos métodos. “Argumentan que los indígenas somos un obstáculo para el desarrollo, por tanto, nos persiguen, amenazan y nos matan, y nos niegan el derecho a consulta previa, contraviniendo el Convenio 169 de la OIT, pero más que la consulta, vulneran nuestro derecho a la vida y al territorio”, lamentó.

    Remarcó que en los territorios indígenas son crecientes las amenazas tanto del capital transnacional como del capital delincuencial.

    “Por un lado están las grandes corporaciones que cuentan con el aval de los gobiernos y, por otra, los intereses de grupos los dineros del narcotráfico que avasallan nuestros territorios para ampliar las plantaciones de coca y marihuana”, sostuvo.

    En ese contexto, las economías indígenas y campesinas no tienen ninguna posibilidad de competir. “Cultivamos cacao, plátano, recolectamos productos, pero no contamos con transporte para llegar a los mercados, no existen políticas de precio y comercio justo para nuestros productos”, subrayó.

    Herrera cuestionó las propuestas extractivas que, como la minería en todas sus escalas, contaminan y generan impactos sociales y ambientales y planteó que es necesario superar la mirada tradicional del desarrollo económico y “consolidar modelos acorde a su potencial como bosque tropical y sus características ecosistémicas”.

    Ferreira y Herrera participaron en el quinto Foro Internacional Andino Amazónico de Desarrollo Rural, que tuvo lugar del 24 al 25 de octubre en la ciudad de Cobija, Pando, con la participación de delegados de Bolivia,, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú.

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