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    Las banderas negras y los lienzos que hace meses cubren las caletas de la V Región son categóricos. Para los hombres y mujeres de mar la causa del colapso de esta pesquería es un marco legal que, desde 2002, instauró el sistema de Límites Máximos de Captura por Armador (LMC) basado en criterios de asignación económicos de los recursos, por sobre criterios ecosistémicos que permitieran su sustentabilidad.



    Para la pesca artesanal a través de la Confederación Nacional de Pescadores Artesanales de Chile (Conapach), el colapso de la merluza era una situación que en cualquier minuto iba a ocurrir. Así lo advirtieron a las autoridades y a los parlamentarios a principios de la década cuando, siguiendo la tendencia mundial, los gobiernos de la Concertación estaban convencidos de que Chile debía ser una potencia pesquera a nivel mundial.
    En esa oportunidad también existían antecedentes en otras latitudes donde el colapso de recursos bajo este sistema de administración era una realidad. Así lo hizo saber en el 2000, en la Universidad de Valparaíso, Parzival Copes profesor de la Universidad Simon Fraser de Canadá, quien advirtió que este régimen no era un sistema de conservación como lo presentó al país, la subsecretaria de Pesca de esos años, sino que era un sistema de asignación económica para las empresas.
    De esta manera, la institucionalidad pesquera fue muy obediente de la tendencia mundial en materia económica pues, a través de la ley corta de pesca, estableció un sistema de cuotas individuales denominado Sistema de Limites Máximos de Captura y privatizó los recursos pesqueros, entregando la propiedad del 80% de la cuota global anual de todas las especies con importancia económica, a la industria pesquera, durante un periodo de 10 años liderada por dos grupos económicos: Luksic y Angelini. En el caso de la merluza común estableció una participación de la cuota de captura de 65% para la flota industrial y 35% para el sector artesanal.
    Con esas reglas de juego injustas, pero propias de un sistema económico basado en la privatización de los recursos, la industria ha logrado aumentar su patrimonio, mientras las comunidades de pescadores artesanales, observan con impotencia como su actividad, al igual que la merluza común, está a punto de desaparecer.
    Es así como a tres años de la aplicación de los LMC, de acuerdo a los cruceros hidroacústicos del buque de investigación Abate Molina, la merluza común decayó en un 73% con signos de una imposible recuperación, puesto que existe una mayor presencia de especies juveniles incapaces de reproducirse. Sin embargo, la merluza no es el único recurso que tiene síntomas de disminución. A fines del 2004, de acuerdo a información emanada de la subsecretaría de pesca, el 71% de la principales pesquerías de importancia económica se encontraba en un nivel crítico de sobre explotación y todas ellas, a excepción de la merluza del sur, fueron asignadas en su mayoría a la industria pesquera.
    A juicio de Cosme Caracciolo, presidente de Conapach, “la autoridad y la industria debe entender que “no se puede mantener un criterio de maximización económica cuando hablamos de una actividad que se basa en la extracción de recursos naturales renovables y dinámicos. Es evitable que ocurra lo que estamos viviendo con la merluza”.
    De acuerdo a la información de la Subsecretaría de Pesca, actualmente la estructura del stock de merluza común está constituida en su mayoría por especies juveniles que no han llegado a su edad de madurez sexual, por lo tanto no es posible una renovabilidad de esta especie con los actuales niveles de captura. De acuerdo a datos manejados por el Instituto de Fomento Pesquero, IFOP, durante el periodo 2001-2005 la escasa población adulta es vulnerable a la explotación en los períodos de concentración durante el desove, siendo fácilmente capturada con la red de arrastre de la flota industrial. Así, el máximo rendimiento de pesca industrial coincide con el período de desove, peligrando el proceso de renovación y reduciendo más los adultos de la población.

    CUOTAS DE AIRE

    Por otra parte, todas las decisiones en materia de administración pesquera deben ser consultadas previamente a los consejos zonales y al Consejo Nacional, donde la fuerza de la industria pesquera se ha hecho sentir dirigiendo las decisiones hacia un plano económico y no hacia el desarrollo sustentable de los recursos.
    Dentro de esta dinámica se entiende lo sucedido el pasado 4 de julio durante la reunión del Consejo Nacional de Pesca (CNP), instancia donde se determinan las cuotas de captura para todos los recursos. El ex subsecretario de Pesca, Carlos Hernández, tras haber anunciado la decisión de proponer una reducción considerable de la cuota de merluza común, pues así se amerita según los últimos informes técnicos que dan cuenta de una cercana desaparición de este recurso de no tomarse medidas en corto plazo. Sin embargo, el presidente de Asipes, Rodrigo Sarquis, solicitó que la votación fuese suspendida hasta septiembre próximo cuando se cuente con los resultados del estudio hidroacústico, que hoy está llevando a cabo el buque Abate Molina. Ante esa propuesta, el subsecretario asintió sin problema, y los únicos miembros de ese consejo que exigieron que se votara la medida fueron los cinco consejeros que representan a la pesca artesanal.
    Respecto de cuánto puede llegar a variar la situación de este recurso, de acuerdo a los antecedentes que entregará en septiembre próximo el IFOP tras conocer los resultados del estudio hidroacústico, el Jefe de Evaluación de pesquerías del IFOP, Cristian Canales señala que “según nuestras estimaciones y la dinámica de este recurso no visualizamos una mejoría notable de aquí a un año más. Es decir, las condiciones debieran mantenerse por debajo de lo que se esperaba”, además explica que “el año pasado teníamos más expectativas, y el hecho que este año no se hayan alcanzado ciertos números y que la disminución de la merluza se haya visto con mayor fuerza en esta Región (V) que por años fue el área artesanal de mayor fuerza ese es un índice que indicaba que la condición no estaba de lo mejor”
    De esta forma quedó demostrado que los criterios económicos y políticos, a la hora de determinar las cuotas de captura, tienen una dinámica muy alejada de las recomendaciones científicas orientadas a una explotación racional que garantice su preservación. En el caso de la merluza común, cuando se otorgaron las cuotas de extracción para el año 2007 con todos los antecedentes incorporados, es decir, con el conocimiento de la presencia sólo de especies juveniles y de la estimación del stock, ya se hablaba de un nivel de riesgo. Por lo tanto, la cuota que recomendaba el IFOP era de 42 mil toneladas. Sin embargo, cuando se discute y determina la cuota, en el Consejo Nacional de Pesca, se decreta finalmente un total de 62 mil toneladas, lo cual elevó aún más el nivel de riesgo para este recurso.
    A juicio del profesor Ciro Oyarzún, del departamento de Oceanografía de la Universidad de Concepción, quien estuvo a cargo de la división de Administración Pesquera de la Subsecretaría, durante los primeros meses de la gestión de Carlos Hernández, “el problema radica en que la entidad a cargo de determinar las cuotas de captura, el Consejo Nacional de Pesca, se encuentran representados todos los sectores que participan de esta actividad, por lo tanto es legítimo que cada uno quiera defender lo que la ley les otorga como propio”.

    De esta manera dicha participación ha dificultado tomar decisiones sensatas que permitan la recuperación de este recurso, y al mismo tiempo evitar que otros sigan el mismo camino.
    Por esa razón, para Oyarzún la designación de cuotas no puede ser una determinación democrática, ya que los peces no se comportan democráticamente.

    “En una aplicación ecosistémica, los interesados en esta pesca desean estar en la instancia de decisión y es legítimo, pero todos los datos sociales, biológicos, económicos y políticos deben estar sobre la mesa, pero no pueden primar estos dos últimos cuando se toman decisiones ecosistémicas como se ha hecho hasta ahora”, enfatiza el académico.
    Lo anterior, según Oyarzún, “ha hecho olvidar el principio precautorio, el cual establece que frente a una eventual obra o actividad con posibles impactos negativos en el medioambiente, la decisión política debe ir en función de proteger el recurso. Sin embargo, acá se ha trabajado al revés, es decir, en función de pescar más”.

    La primera solución que el ex subsecretario Carlos Hernández había propuesto en ese sentido, y comprometido con el sector artesanal, era la disminución de la cuota de merluza común, sin embargo la industria no estaba dispuesta a ceder. Si bien el sector artesanal, a través de Conapach, reconoce que una medida como esa no es la solución, pero que a esta altura es la única capaz de limitar el esfuerzo de pesca, y de frentón la sobre explotación de un recurso a punto de extinguirse.

    NUEVO SUBSECRETARIO

    El nuevo Subsecretario de Pesca, Jorge Chocair, (PRSD) asumió la subsecretaría en el peor momento, y reconoce que alguien lo felicitó por su llegada al cargo, pero que lamentaba que en esta oportunidad le tocara administrar escasez y no abundancia. En ese sentido él está conciente de las causas de la crisis de la merluza, si bien reconoce causas ambientales, también reconoce que “hoy estamos frente a una crisis, porque históricamente no hemos sido lo suficientemente rigurosos a la hora de administrar los recursos (…) creo que las evaluaciones de las principales especies se han hecho bien, pero se han tomado decisiones en determinados casos , y tal vez, no se tomaron de acuerdo a los informes, pero esa parte tengo que estudiarla ya que me preocupa mucho”.
    La subsecretaría de pesca está trabajando en una serie de medidas que permitirán por un lado recuperar este recurso y al mismo tiempo mitigar el impacto social que está teniendo la ausencia de merluza en las capturas del sector artesanal. No obstante, de acuerdo a los hechos es conveniente que se considere el impacto que ha tenido paulatinamente la política de administración, tanto en éste como en el resto de los recursos que son administrados por este sistema de asignación de recursos, pues es necesario entender que además de un negocio, los recursos pesqueros son la fuente laboral de más de 120 mil personas a los largo de toda la costa chilena y si la tendencia sigue pensando en los recursos como activos y concentrándolos en manos de unos pocos que tratan de sacar el mayor valor de ellos, el costo que deberán asumir los gobiernos de turno con la gran cantidad de gente desocupada, será más alto, si por el contrario, se aplica un poco de voluntad política para asumir lo que durante cinco años se ha negado, no habría colapso.

    Daniela Olivares

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