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    El Tribunal de Justicia de Luxemburgo de la UE ha impuesto a España una multa de 12 millones de euros por la deficiente depuración de las aguas residuales.

    Agotados todos los pasos y las explicaciones de defensa para evitar la sanción, el Ministerio para la Transición Ecológica deberá afrontar esta dura multa que habla mal de la gestión ambiental en España. Además el Tribunal Europeo obliga a España a pagar una multa coercitiva de 10.950.000 euros por cada semestre de retraso en la aplicación de las medidas para cumplir una sentencia condenatoria del 2011.

    La sanción es fruto del incumplimiento de la normativa europea sobre aguas de 1991. Esta establecía la obligación de los municipios de más de 15.000 habitantes de cumplir con una serie de requisitos sobre plantas y sistemas de tratamiento y depuración de aguas, para prevenir los vertidos contaminantes a los ríos y al mar.

    España debía incorporar estas mejoras antes del 1 de diciembre del 2000. Sin embargo no lo hizo, por lo cual la Comisión Europea presentó una demanda ante el Tribunal de Luxemburgo contra España, que fue condenada en 2011 por el incumplimiento de esta obligación en un total de 43 aglomeraciones urbanas.

    La Comisión dio un nuevo plazo a España para cumplir sus obligaciones, concretamente hasta julio de 2013, pero, una vez rebasado ese período, inició un nuevo proceso de infracción que condujo a Bruselas a llevar a Madrid de nuevo al Tribunal de Justicia, tras constatar que no se habían hecho los progresos necesarios. La nueva condena sentenció que 17 aglomeraciones continuaban sin cumplir sus obligaciones.

    La mayor parte de los municipios que han incumplido las normas europeas (deficiente saneamiento) son de Andalucía. En la última lista negra quedan nueve localidades.

    No se incluye ningún municipio de Catalunya, comunidad que ha hecho un notable esfuerzo de depuración de las aguas de los ríos, gracias al canon de saneamiento que pagan los usuarios desde hace años.

    España tiene 29 expedientes ambientales abiertos ante la Unión Europea

    Dura reprimenda: 19 años de retrasos

    El Tribunal Europeo subraya en su fallo que las dificultades jurídicas y económicas que esgrime España para justificar el retraso en la ejecución de la sentencia no le eximen de sus obligaciones comunitarias.

    Para calcular la multa coercitiva, el Tribunal de Justicia ha valorado la larga duración de la infracción (7 años a partir de la sentencia del 2011). No obstante, y en consideración a los progresos que haga España, el Tribunal decide imponerle una multa coercitiva de carácter decreciente fijada sobre una base semestral.

    El Tribunal de Justicia argumenta que el número de aglomeraciones urbanas en cuestión, “así como los numerosos procedimientos por incumplimiento incoados por España, justifican la adopción de una medida disuasoria”. Ésta se establece “a fin de evitar que se repitan en el futuro infracciones análogas del derecho de la UE”.

    La lista de aguas negra

    Las aglomeraciones urbanas que están en este procedimiento (y con condena ya firme) son las siguientes: siete en Andalucía (Alhaurín el Grande, Barbate, Coín, Isla Cristina, Nerja, Matalascañas y Tarifa), una en Asturias (Gijón Este) y una en Canarias (Valle de Güimar). Así lo indicó el Ministerio.

    De ellas, cuatro aglomeraciones urbanas (Barbate, Matalascañas, Nerja y Gijón Este) cuentan con declaración de interés general de Estado.

    En la vista oral previa, la Comisión Europea admitió que Santiago de Compostela ya se encontraba en situación de cumplimiento, por lo que España no ha sido sancionada por esta aglomeración.

    En cambio, el fallo no admite que Tarifa cumpla ya sus obligaciones, pues las muestras obtenidas fuera del período estival -en el que la carga es más elevada- no satisfacen las exigencias de la directiva.

    De las nueve aglomeraciones urbanas finalmente incluidas en la sanción, se prevé que tres (Nerja, Alhaurín el Grande y Coín) se encuentren en situación de conformidad antes de finales de 2018. Otras dos (Isla Cristina y Gijón Este) lo estarían antes del final de 2019, mientras que previsiblemente dos (Matalascañas y Valle de Güimar) lo estén en 2020.

    La aglomeración más retrasada es la de Barbate, cuya licitación de la redacción del proyecto y del estudio de impacto ambiental se prevén para este año, pero no se espera que pueda entrar en funcionamiento hasta 2022, según admite el Ministerio.

    El 99,3% cumple

    Esta actuación fue incluida como “a ser ejecutada por la Administración General del Estado” en el Protocolo suscrito con la Junta de Andalucía en julio de 2017.

    El Ministerio destaca que en la actualidad, el 99,3% del total de las aglomeraciones españolas (2.083) cumplen con los requisitos de recogida de las aguas residuales.

    El 85,2% de la carga contaminante total es objeto de un tratamiento secundario de depuración y el 73% de la carga que llega a zonas sensibles es objeto de un tratamiento terciario más riguroso.

    “Nos ha costado 20 años entender lo que es la directiva comunitaria marco del agua”, dijo en una reciente comparecencia parlamentaria la ministra Teresa Ribera al comentar las carencias en la depuración de las aguas y la limpieza de ríos. El Ministerio prepara un Plan Nacional de Depuración de Aguas con medidas de choque.

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