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    Representantes de la Red de Acción de Plaguicidas y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) y de la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI) expusieron ayer sólidos argumentos a los miembros de la Comisión de Agricultura, Silvicultura y Desarrollo Rural de la Cámara de Diputados, a favor de una moción legislativa (*) que prohíbe los plaguicidas más comprobadamente dañinos para la salud humana y el medio ambiente.


    Este proyecto de ley (Boletín Nº 4877-01) fue presentado por los diputados Marco Enríquez-Ominami, Sergio Aguiló, René Alinco, Marcelo Díaz, Roberto León, Fulvio Rossi, Alejandro Sule y Eugenio Tuma, recogiendo la preocupación ciudadana por el uso de agrotóxicos 1a y 1b (extremada y altamente peligrosos, según la clasificación de la OMS).

    Invitadas a participar en la sesión ordinaria del 17 de julio de 2007 de la Comisión de Agricultura, María Elena Rozas, coordinadora de la Alianza por una Mejor Calidad de Vida (RAP-AL Chile) y Alicia Muñoz, secretaria general de ANAMURI, señalaron que “no hay forma de garantizar que los agrotóxicos clasificados como 1a y b no causen graves daños al ambiente y a la salud de las personas. La cancelación del registro de estos venenos evitará que continúen provocando graves intoxicaciones y muertes en el país. En los países de la OCDE el uso de estos plaguicidas está prohibido o estrictamente limitado, incluso la FAO desde hace años está haciendo llamados a los países en desarrollo para que proscriban su uso lo antes posible”. Asimismo, enfatizaron la imperiosa necesidad de contar con una ley que no sólo elimine los plaguicidas citados, de reconocido impacto tóxico agudo en la salud de las personas, sino también aquellos que producen graves efectos crónicos, como tumores, cáncer y profundas alteraciones en los sistemas reproductivo, neurológico, endocrino e inmunológico. “Por lo menos se debería exigir a las empresas comercializadoras que incluyan frases de riesgo sobre estos efectos crónicos en las etiquetas de los plaguicidas, como se hace en los países de la Unión Europea”, señaló María Elena Rozas.

    Alicia Muñoz describió la dramática situación de los trabajadores y trabajadoras agrícolas, como también de las familias de zonas rurales expuestas al uso intensivo de plaguicidas y fertilizantes químicos, enfatizando la necesidad imperiosa que los parlamentarios cumplan con su papel de regular y fiscalizar en esta materia. La dirigenta de ANAMURI recordó que el año 2000 la diputada Adriana Muñoz y otros parlamentarios presentaron una moción destinada a proteger a los trabajadores y a las comunidades de la utilización de agrotóxicos, la cual aún no se convierte en ley.

    También asistieron a esta reunión Francisca Rodríguez, coordinadora internacional de ANAMURI, y Patricia Bravo, de RAP-AL.

    En representación del gobierno, asistió como invitado el director del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG).

    (*) La moción, en su Artículo único, señala:

    Agréguese el siguiente inciso segundo al art. 35 del Decreto Ley Nº 3.557 de 9 de febrero de 1981: “Sin perjuicio de lo establecido en el inciso anterior, estará absolutamente prohibida la importación, producción, comercialización, distribución y uso de plaguicidas de las categorías 1a y 1b. Un reglamento actualizará la nómina de plaguicidas que sean subsumidos en tales categorías conforme a los estándares internacionales fijados por la Organización Mundial de la Salud. Su infracción será sancionada con multa de 50 a 500 UTM”.

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