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    La carretera eléctrica Cardones-Polpaico pretende recorrer 784 kilómetros cruzando cuatro regiones del país -Metropolitana, Valparaíso, Coquimbo y Atacama-, según dicen, para fortalecer el proyecto de interconexión entre el Sistema Interconectado Central y el Sistema Interconectado del Norte Grande. Su cronograma inicial indicaba que en diciembre de 2017 estaría en operaciones, pero varios problemas técnicos, administrativos, así como con proveedores y juicios con comunidades, lo tienen a un paso de perder su permiso ambiental.

    Ya en febrero de este año InterChile declaraba que “el cronograma original del proyecto Cardones-Polpaico ha tenido algunas modificaciones”, pero que esperaban que el segundo semestre del 2018 pudieran tenerlo operativo. Sin embargo, el abogado Juan Molina, representante y miembro de la Comunidad Agrícola La Dormida de Olmué, región de Valparaíso, cree que la iniciativa ha sido tan mal evaluada que debiera anularse el permiso ambiental, porque -argumenta en conversación con El Ciudadano el titular “ha cometido infracciones en el proceso de evaluación ambiental”.

    Cuando en diciembre de 2015 el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) entregó la RCA del proyecto Cardones-Polpaico, la Comunidad Agrícola La Dormida, que integra a unas 800 familias de la quebrada Alvarado, se enteró que InterChile había constituido una servidumbre con el que entonces era el presidente de la comunidad. “La empresa le pagó un dinero pero nadie se enteró”, relata el abogado, quien narra que tras irse a juicio, lo ganaron. Entonces, solicitaron la nulidad del permiso ambiental porque en éste se había omitido que el proyecto se construiría en la Reserva de la Biósfera La Campana-Peñuelas.

    “Eso no está en ninguna parte de la RCA”, sostiene Molina, y agrega que si los servicios evaluadores hubieran revisado esa información tendrían que haberlo declarado inadmisible inmediatamente, porque -sostiene- una Reserva de la Biósfera “tiene un valor ambiental especial, por algo la UNESCO lo reconoce, por algo la Intendencia tiene un plan de gestión especial para ese lugar. Eso sin mencionar que 50 mil personas suben todos los fines de semana”. Sin embargo, el SEA declaró admisible el proyecto, aunque el Servicio Nacional de Turismo (Sernatur), la Corporación Nacional Forestal (Conaf) y la ciudadanía, llamaron la atención de esta situación.

    La explicación que InterChile entregó es que cambió el trazado original para proteger unos cóndores que -cuestiona Molina- “nunca explicaron cuáles eran ni dónde estaban, ni aportaron pruebas, ni siquiera un dibujo”.

    La mandante entonces articuló que, como cambiaron el trazado para proteger a las aves, ahora debían construirlo en la Reserva, y como nuestro país -según la empresa- no ha ratificado el cuerpo legislativo respecto a las reservas de la biósfera, el territorio de La Campana-Peñuelas “no tiene ningún valor en Chile”. Sin embargo, ésta es una de las diez reservas de la biósfera que abarcan cerca de 11,4 millones de hectáreas, y el año 2009 La Campana fue ampliada 14 veces su tamaño original. Aquí se puede ver la lista de las reservas vigentes en Chile.

    Entonces, una vez que InterChile modificó ese trazado, el SEA le solicitó al titular que evaluara el impacto que tendría su proyecto sobre la Reserva, lo que a juicio de Molina se debe considerar como una “modificación sustancial” a la iniciativa y, por lo tanto, requería de un proceso de participación ciudadana. “Por eso presentamos una ‘reapertura de participación ciudadana’, porque las opiniones de la gente también son evaluadas por la autoridad y son resueltas conforme a derecho”, explica el abogado.

    Una docena de infracciones a normas y reglamentos

    “Si bien el SEA no acogió a trámite nuestro recurso argumentando que no teníamos interés, ¡cuando vivimos aquí!… No es que estemos cerca, las torres pasan a metros de mi casa, ¡si yo vivo aquí!”, exclama Molina. Para el SEA, carecían de legitimidad activa porque sostuvieron que su domicilio estaba en Limache, “lo que quiere decir que ni siquiera leyeron lo que presentamos y nos atribuyeron domicilio en otro lugar en circunstancias que vivimos en Olmué”, explica el abogado. Frente a esa respuesta interpusieron un reclamo en el Tribunal Ambiental que fue acogido (Número de causa: R-173 / 2017) y que se prevé que a comienzos de mayo se realizarán los alegatos.

    Para Molina este caso es muy importante porque es “la primera vez que se va a discutir el fondo del problema de Cardones-Polpaico que dice relación con que fue aprobado contra ley y contra reglamento”, dice, y anuncia que tiene el mandato de su comunidad para llevar el juicio “hasta las últimas consecuencias y seguir a la Corte Suprema”.

    – ¿Qué le van a solicitar al Tribunal Ambiental en los alegatos?

    Queremos que se constituya y vengan a ver por dónde van a pasar esas torres. ¡Si es una zona de una belleza impresionante! Está en estudio por su flora y fauna y aún se mantienen tradiciones campesinas y nada de eso está evaluado, y obviamente, no está ni compensado, mitigado o reparado en la RCA. En el fondo, estamos pidiendo que se haga justicia.

    – ¿En qué se basa su argumentación?

    Nos basamos en una docena de infracciones a normas y reglamentos que ha cometido de forma expresa a la ley de evaluación ambiental, y a nuestro juicio, son gravísimas, que comprometen derechos patrimoniales, políticos, constitucionales, de toda una población de la región de Valparaíso. Pero además, este proyecto está pésimamente evaluado, ha presentado problemas en todo el país y está judicializado en diferentes partes, tanto así, que hay un informe de la Cámara de Diputados que da cuenta de todas las irregularidades del proyecto.

    – ¿Qué expectativa tienen de que el Tribunal pueda acoger la demanda de nulidad de la RCA?

    Nosotros entendemos que el Tribunal Ambiental es un Tribunal en derecho, que ha acogido el fundamento de comunidades cuando han presentado conforme a la ley sus fundamentos, y nosotros creemos que este es el caso, por lo que esperamos que se anule la RCA de Cardones-Polpaico.

    – Si se llega a anular la RCA, ¿se pone en peligro todo el proyecto?

    Claro, recordemos que este proyecto fue evaluado de forma interregional, porque cruza cuatro regiones, entonces cuando nosotros pedimos la nulidad de la RCA, se pone en peligro todo el proyecto.

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