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    Comunidades indígenas Achuar en Ecuador comienzan a utilizar la luz del sol para electrificar sus casas y transportarse en canoas con paneles fotovoltaicos por los ríos de su hábitat en la Amazonía, en una de las formas con las que los pueblos indígenas buscan en las energías limpias un socio para un desarrollo sostenible.

    “Queremos generar una economía comunitaria basada en la sostenibilidad”, aseguró  el dirigente de ese pueblo originario, Domingo Peas, quien también ejerce de  asesor de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonia Ecuatoriana, que aglutina a 28 organizaciones y 11 nacionalidades nativas del país suramericano.

    El primer proyecto se remonta a la década pasada, cuando los achuar iniciaron la instalación de paneles solares en la comunidad de Sharamentsa, con 120 personas y asentada en la ribera del río Pastaza. Actualmente operan 40, a un costo de 300 dólares por unidad, aportados por donaciones privadas y fundaciones.

    Canoas eléctricas

    Los pobladores usan la electricidad para iluminar sus viviendas y bombear agua a un depósito de 6.000 litros de capacidad, gracias al cual la comunidad goza del servicio.

    “Hay una mejor calidad de servicios para las familias. Nuestro objetivo es crear otro modelo energético, que sea respetuoso con nuestro pueblo y con nuestros territorios”, dijo Peas.

    Los achuar dieron el siguiente paso en 2012, cuando comenzaron a poner en marcha el proyecto de canoas con motores eléctricos Kara Solar. Kara significa “sueño” en su lengua.

    La primera embarcación dotada de paneles solares en el techo, con capacidad para transportar 20 personas y un coso de 50.000 dólares, comenzó a cursar el río en 2017 y tiene su base en la comunidad achuar de Kapawi.

    La segunda canoa, con un costo de 35.000 dólares y su base en Sharamentsa (lugar de guacamayas escarlatas, en achuar), inició el transporte de pobladores en julio.

    La inversión provino en parte de donaciones privadas y el resto de fondos del premio IDEAS de Innovación Energética, establecido por el Banco Interamericano de Desarrollo, que esa comunidad recibió en 2015 y que estuvo dotado con 127.000 dólares.

    La red de transporte con energía solar de los achuar conecta a nueve de sus comunidades a lo largo de 67 kilómetros de los ríos Pastaza, frontera natural entre Ecuador y Perú, y Capahuari, en cuyos márgenes viven los aproximadamente 21.000 miembros actuales de ese pueblo.

    “Fue una idea indígena adaptada a la fabricación de canoas. Las usan para transportar personas y productos, como maní, canela, yuca y plátano (banano para cocinar)”, refirió Peas, en un área donde los ríos son las vías que interconectan sus asentamientos.

    La demanda de energía limpia en comunidades indígenas y locales y los casos de éxito como los de los achuar estuvieron presentes durante la Cumbre Global de Acción Climática, convocada por el gobierno del estado de California, en el este de Estados Unidos.

    Una exhibición de paneles fotovoltaicos, en la ciudad estadounidense de San Francisco, durante la celebración de la Cumbre Global de Acción Climática, donde se valoró positivamente el creciente peso de energías como la solar, la eólica o la microhidrelectricidad, para proveer de electricidad a pequeñas comunidades.
    El encuentro, celebrado el 13 y 14 de septiembre en esta ciudad de San Francisco, fue una celebración anticipada del tercer aniversario del histórico Acuerdo de París, alcanzado en la capital francesa en diciembre de 2015.

    Los delegados nativos también participaron en el foro alternativo “Nuestro pueblo. Acción climática por la gente”, entre el 11 y el 14 de septiembre, promovida por las organizaciones no gubernamentales estadounidenses If Not US Then Who (si no nosotros, entonces quién) y Hip Hop Caucus.

    Alianza para una energía adecuada

    El Grupo Mayor de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible (IPMG en inglés), conformado con 50 afiliados de 33 países, lanzó en julio la Alianza para la Energía Adecuada. Por América Latina suscriben organizaciones de Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú y cinco redes regionales y globales.
    El consorcio busca garantizar que los proyectos alternativos se alineen con el respeto y protección de los derechos humanos y proveer de acceso a al menos 50 millones de indígenas a energía renovable para 2030 que sea desarrollada y administrada de manera consistente con sus necesidades de autodeterminación y aspiraciones de desarrollo.
    Esto se lograría mediante asegurar la protección de derechos para impedir impactos adversos de iniciativas renovables en territorios ancestrales, fortalecer comunidades con su propio desarrollo sostenible y fortificar el intercambio de conocimiento y colaboración entre pueblos originarios y otros actores.
    La Alianza decidió realizar una fase piloto entre 2018 y 2020 con 10 países. Los primeros incluidos fueron Brasil, Colombia, México y Nicaragua, y podrían sumarse adicionalmente a Australia, Estados Unidos y Nueva Zelandia, por contar con grupos indígenas que ya operan emprendimientos renovables y poseen historias exitosas.

    Además de en Ecuador, en países como México, Australia, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Guatemala, Malasia y Nicaragua también han surgido experiencias novedosas de manos de comunidades originarias, según este foro.

    Por ejemplo, en Bolivia hay una alianza entre el gobierno local de Yocalla, en el sureño departamento de Potosí,  y la no gubernamental Luces Nuevas que quiere dotar de electricidad renovable a familias pobres.

    En Yocalla, un municipio habitado por 10.000 personas, en su mayoría indígenas pukinas, “755 familias viven en zonas rurales con electricidad limitada, la interconexión nacional aún no llega a esos lugares”, explicó a IPS la consultora del proyecto, Yara Montenegro.

    Gracias al programa, iniciado en marzo, 30 familias pobres recibieron paneles solares conectados a baterías de litio, producidas en la planta piloto de La Palca, en Potosí, y que almacenan el fluido.

    Cada sistema cuesta 400 dólares, de los cuales las familias aportan la mitad y la organización y el gobierno, la otra parte. La electricidad permite conectar dos lámparas, cargar un celular y escuchar la radio y con ella sustituyen el uso de leña, candelas y pilas convencionales.

    El desarrollo de fuentes limpias tiene un papel determinante en lograr uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que sustentan la Agenda 2030 para el Desarrollo (ODS).

    El objetivo siete se plantea establecer una “energía asequible y no contaminante”, pero además se trata de una meta que influye en el logro de al menos otros 11 ODS, que la comunidad internacional se trazó en 2015 para los siguientes 15 años, en el marco de las Naciones Unidas.

    Además, de ese avance depende el éxito de la Iniciativa de Energía Sostenible para Todos, el programa a ser ejecutado durante el Decenio de la Energía Sostenible para Todos 2014-2024, que pretende garantizar el acceso universal a los servicios modernos de energía, duplicar la tasa mundial de mejoras en eficiencia energética y la cuota de renovables en la matriz global.

    Pero la mayoría de agrupaciones para impulsar una transición energética no incluyen a los pueblos nativos, como lo señala el reporte, publicado en mayo, “Energía renovable y pueblos indígenas. Antecedentes para la Alianza”, elaborado por el Grupo Mayor de Pueblos Indígenas para el Desarrollo Sostenible (IPMG, en inglés).

    Problema y solución

    Para la filipina Victoria Tauli-Corpuz, del pueblo kankanaey igorot y relatora especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la energía representa “un problema y una solución” para la población originaria, según dijo a IPS en el foro alternativo de San Francisco.

    Por ello, “las comunidades tienen que estar en el centro para decidir y diseñar los proyectos, que ayudan a combatir la pobreza, pues permiten la electrificación, no dependen de la red eléctrica, fortalecen la defensa del territorio y dan beneficios a la gente”, recomendó.

    “De lo que se trata es de garantizar derechos y definir procesos de desarrollo”, resumió.

    Un ejemplo de proyectos con ese valor multiplicador que pide la relatora, lo brindan comunidades como la ecuatoria Sharamentsa y la boliviana Yocalla.

    En Sharamentsa opera un banco de baterías de 12 kilovatios que puede concebir una microrred. “Se planea un centro de abastecimiento de energía que permita la generación de productos de valor agregado, como procesamiento de plantas”, detalló Peas.

    En Yocalla, el plan dotará a otras 169 familias de sistemas en diciembre y luego tratará de extenderlo a todo Potosí. Pero, advirtió Montenegro, se necesitan alianzas para que los beneficiarios paguen menos. “En 2019 analizaremos el impacto, si a las familias les gusta, si están cómodos”, previó.

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