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    Entre los innumerables proyectos de extracción de recursos de la selva amazónica, destaca la construcción de más de 120 hidroeléctricas que están siendo planeadas para la cuenca amazónica del río Juruena y de sus afluentes, situados en el estado de Mato Grosso, centro oeste de Brasil.

    Esta región, una de las protagonistas en niveles de deforestación y caracterizada por los inmensos monocultivos de soja o algodón, así como los grandes pastos para ganado, también posee un gran  potencial hídrico y podría ser el escenario del avance de nuevos proyectos de inversión para la producción de energía.

    La centena de hidroeléctricas en la cuenca del Juruena, así como otras proyectadas en la región amazónica, podrían verse beneficiadas por el futuro gobierno. Las intenciones del residente electo Jair Bolsonaro de flexibilizar la legislación para favorecer la explotación de recursos naturales se suma al nombramiento de la futura ministra de Agricultura, Tereza Cristina da Costa Dias, hasta entonces representante de los intereses del sector del agronegocio, así como del ministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Araújo, quien defiende que el concepto de cambio climático es un “complot marxista”.

    No obstante, los planes de intervención en la Amazonia, así como la amenaza de los derechos de los pueblos tradicionales que la habitan, todavía están siendo protegidos por la Justicia brasileña, tal y como lo demuestra la reciente anulación de licencia para construir la primera de estas hidroeléctricas.

    Consulta a la población afectada

    En defensa del derecho de consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, la Justicia Federal del estado brasileño de Mato Grosso anuló el pasado 9 de noviembre el proceso de licencia ambiental para la empresa Pan Partners Investimentos Patrimoniais Ltda, responsable del proyecto de la central hidroeléctrica Sacre 14.

    En la decisión dictaminada, el juez Frederico Martins subraya que “la continuidad del proceso de licencia ambiental sin la realización del protocolo de consulta previa, libre e informada a todas las comunidades indígenas afectadas directa o indirectamente puede ocasionar un daño irreversible”.

    El derecho a esta consulta está determinado por la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y promulgada por el Decreto nº 5051/2004. La garantía de tal derecho también está recogida en el Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas.

    Esta decisión sienta un precedente legal de respeto al derecho de consulta previa, libre e informada, un principio ya anteriormente cuestionado en otros proyectos energéticos. Aunque Sacre 14 está clasificada como pequeña central hidroeléctrica (PCH) sus impactos no son desdeñables, tanto en el plano ambiental, social y cultural, como en el jurídico.

    La aprobación de la licencia para la construcción de esta PCH podría abrir el camino a la centena de emprendimientos previstos para la cuenca del río Juruena. Por este motivo, las poblaciones de la región están acompañando de cerca este proceso, que ya fue bloqueado en marzo y en octubre de 2017, por el mismo motivo.

    “No reconocemos el proyecto Sacre 14 ni, consecuentemente, su estudio de componente indígena como documento válido y representativo de los impactos ambientales, sociales y culturales a los que todos los pueblos de esta cuenta estarían expuestos”, relata la carta manifiesto que representantes de los pueblos indígenas Manoki, Nambikwara, Myky, Apiaká/Rio dos Peixes, Kayabi, Munduruku y Rikbaktsa elaboraron, firmaron y mandaron al Ministerio Público Federal de Mato Grosso para oponerse a este primer emprendimiento hidroeléctrico.

    El próximo canciller de Brasil considera que el cambio climático es un “complot marxista”
    Representantes de estas comunidades cuestionaron también el estudio sobre los impactos de las obras en las comunidades indígenas ya que faltarían, entre otros elementos, un análisis de la alteración del ecosistema de los peces del río, fundamentales tanto en la dieta como en los rituales indígenas.

    Pan Partners defiende, entre otros argumentos, que la inversión podría generar puestos de trabajo en la región, una promesa para muchos atractiva. Frente a la falta de respuesta por el recurso interpuesto por la empresa, la Justicia mantiene la obligación de cumplir los requisitos recogidos por la ley para poder avanzar con la licencia de tal inversión.

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