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    Estudio asegura que vivimos en un país que deteriora cada vez más los recursos naturales. Ecologistas responden qué tan crítica es la situación.



    Chile convierte en humo sus riquezas naturales. Ni los esmeros públicos y privados logran detener el caos. En el país existe un daño ambiental enorme en los últimos años. El deterioro, se ve reflejado en el incremento de los conflictos en las comunidades más pobres, que son las que deben soportar la injusta desigualdad que provoca la falta de una agenda ambiental a largo plazo del Gobierno.
    La biodiversidad biológica está siendo perjudicada por la deforestación, la preferencia por la agricultura, la expansión urbana y la explotación de la flora y fauna, pese a la puesta en marcha de la Estrategia Nacional de Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad.
    El balance es negativo. Y es avalado por las conclusiones del tercer “Informe País. Estado del Medio Ambiente 2005”, elaborado por el Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile y financiado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama); la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal); y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
    “Nuestro país se ha empequeñecido y se sigue empequeñeciendo. Tenemos menos suelo, menos bosques, menos agua (dulce), menos aire, menos recursos del mar”, dijo a El Ciudadano el académico a cargo de la investigación, Nicolo Gligo, durante su visita a Valdivia.
    El documento de 371 páginas está dividido en tres grandes capítulos: Macropresiones sobre el medio ambiente; Estado del medio ambiente y del patrimonio natural; y Políticas e instrumentos para la gestión ambiental.
    “Llegamos a la conclusión de que la actividad económica es un factor de macropresión del medio ambiente que va mucho más allá de las posibilidades de reacción de la comunidad y específicamente del sector público”, explicó Gligo.
    Pese a los contundentes resultados del estudio, la directora ejecutiva de la Conama, Ana Lya Uriarte, se negó a calificar como negativo el balance del estado ambiental chileno, señalando que “la primera conclusión del informe es que debe ser leído con mucha atención y rigurosidad, evitando caer en la tentación de las reducciones”.
    No obstante, la gestión ambiental realizada hasta ahora por la presidenta Michelle Bachelet no es valorada positivamente por los ambientalistas, principalmente por el incumplimiento de los compromisos asumidos durante su campaña electoral con el sector “verde”.

    COMPROMISOS VIOLADOS
    En noviembre de 2005, Bachelet aseguró que durante su administración “no se consideraría la opción nuclear como parte de la matriz energética del país”.
    Sin embargo, a comienzos de octubre la mandataria anunció el financiamiento de estudios que determinarán la factibilidad de desarrollar esta forma de generación de energía en el país.
    Los ecologistas reprochan el doble discurso y el incumplimiento de los compromisos del Gobierno.
    “No tenemos un Ministerio de Medio Ambiente, no hay un Plan Nacional de Eficiencia Energética. Sí un financiamiento para estudiar las energías nucleares que Bachelet dijo no impulsaría. ¿Por qué invertir para estudiarlas? ¿Por qué no invertir en un Plan Nacional de Eficiencia Energética, incentivos para la construcción y vivienda que integre eficiencia y ahorro energético? No hay un Plan Nacional de Ordenamiento Territorial. Seguimos sin Ley de Protección del Bosque Nativo. ¿Hay que seguir?”, increpa el sociólogo y director del Programa de Economía Ecológica del Instituto de Ecología Política (IEP), Bernardo Reyes Ortíz.
    Para la bióloga y coordinadora nacional de Ecosistemas, Flavia Liberona, lo que vemos luego de 7 meses de Gobierno es que la causa ambiental no es un tema relevante para el Estado: “La gestión ambiental del Gobierno ha sido bastante deficiente. Ella (Bachelet) se comprometió que dentro de los 100 primeros días habría cargo de ministro de Medio Ambiente. Recién la segunda semana de octubre el Proyecto de Ley fue aprobado en la Comisión de Medio Ambiente del Senado y va a pasar a sala. Con esto tenemos varios meses de retraso”. Añade que otro compromiso fue dar a luz la Ley de Bosque Nativo, “El proyecto está desde mayo en el escritorio del ministro de Hacienda y no ha ingresado al parlamento”.
    El abogado y director ejecutivo de la Fiscalía del Medio Ambiente (Fima), José Ignacio Pinochet, asegura que el Gobierno no ha cumplido ninguno de los compromisos ambientales, tal como lo han señalado los ambientalistas que los suscribieron. “Respecto a la promesa de nombrar un Ministro del Medio Ambiente, cabe decir que el proyecto de ley que se presentó al Congreso es sólo una pantalla y, si tiene algún efecto, será el de entorpecer aún más el funcionamiento de la Conama; pero en ningún caso crea ni el órgano, ni el funcionario”, subraya el jurista.
    Por su parte, la geofísica y coordinadora del Programa de Medio Ambiente de la Fundación Terram, Paola Vasconi, piensa que decir que el Gobierno no ha cumplido sus compromisos hoy, es muy anticipado: “Creo que es muy pronto para decir eso. Sin lugar a dudas hay un retraso importante que si no se subsana pronto, muchos de los compromisos adquiridos por la Presidenta no se van a poder cumplir”.
    Una visión un poco más optimista, respecto de los compromisos gubernamentales, es la que tiene la directora ejecutiva del Programa Chile Sustentable, Sara Larraín, “La Presidenta ha mostrado voluntad por respetar los acuerdos, y eso parece ser cada vez más inusual en el ámbito de la política. En el caso de los estudios para la opción nuclear, los presidentes de los partidos de la Concertación cedieron ante el lobby nuclear y presionaron a La Moneda. De paso ignoraron la política energética que ella ha definido”.

    GESTION AMBIENTAL

    El diseño institucional actual impide implementar una política ambiental adecuada, debido a que profundiza los problemas existentes en la estructura de incentivos de los agentes económicos. Dentro de las falencias en la gestión ambiental podemos destacar: uso y regulación de recursos naturales; pobre fiscalización; carencia de certeza jurídica; y falta relacionar protección del medio ambiente con el modelo de desarrollo del país.
    Respecto de la gestión ambiental del Gobierno, Sara Larraín señala que hay ámbitos en que se avanza y otros en que no tanto, “El proyecto legal sobre la creación del Ministerio de Medio Ambiente está en trámite legislativo y eso es un avance. Por otro lado, los presidentes de partidos de la Concertación presionaron a la Presidenta y consiguieron que destinara fondos al estudio de la opción nuclear (…) Hay pros y contras. Por supuesto que uno quiere ir a mayor velocidad”.
    Claro, todos aspiramos a ir más rápido. Pero las situaciones de contaminación detectadas en el país obedecen a un problema de gestión más que de institucionalidad. Si la autoridad no reconoce esta dificultad, habrá más retrasos.
    La geofísica de Terram, indica que tuvieron altas expectativas por el programa de Gobierno, pero “hasta ahora ha sido muy lento y ha dejado harto que desear. Vamos a entregar nuestra valoración cuando se cumpla un año de Gobierno, pues queremos dar un poco de tiempo para ver cómo se manifiestan las cosas. Igual creemos que aún no se define una política ambiental con objetivos de largo plazo”.
    Dentro de los propósitos a largo plazo, hay que introducir instrumentos de ordenamiento territorial con participación ciudadana para que no se repitan casos como el de Valdivia, donde murieron miles de cisnes por la contaminación de Celco.
    En este sentido, el sociólogo del IEP es tajante al calificar la gestión ambiental del Gobierno como, “Mala, muy mala. Que hablen los hechos: El Río Cruces sigue contaminado, recién ahora el humedal fue inscrito en el Registro de Montreux. Pascua Lama se resuelve en negociaciones entre privados, con la empresa rompiendo con su poder económico la institucionalidad y las organizaciones ciudadanas. El Gobierno no tiene una propuesta para proteger los glaciares de la actividad minera aunque estos están en la mira de muchos proyectos mineros”.

    VIA RAPIDA ELECTRICA
    La decisión del Gobierno de respaldar y acelerar los procesos de desarrollo de centrales de generación eléctrica (fast track o vía rápida) ha sido blanco de innumerables críticas. Ello, según los detractores, porque no garantiza que los proyectos sean resueltos en plazos más breves.
    Respecto si es un retroceso el anuncio hecho por la ministra de Minería y Energía, Karen Poniachik, el director ejecutivo de la Fima, es categórico, “El ministerio de Minería invertirá el dinero de todos en un funcionario ‘fast tracker’, cuya función será ‘agilizar’ la evaluación de impacto ambiental de los proyectos eléctricos. Como si fuera poco que la participación ciudadana en la Ley del Medio Ambiente sea una formalidad; que los ciudadanos tengamos menos facilidades, plazos y recursos: ahora el gobierno invierte dinero de todos en apurar este trabajo, que exige tiempo y dinero a los ciudadanos que quieren participar”.
    La directora de Chile Sustentable, agrega que Chile cuenta con procedimientos sobre proyectos con impacto ambiental, “esa institucionalidad debe ser respetada como cualquier otra ley, de otro modo se atenta contra el Estado de Derecho. En gobiernos anteriores ha primado una suerte de política de hechos consumados, en que el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (Seia) no es respetado, porque las autoridades políticas dan su visto bueno de antemano y los demás funcionarios deben acatar una orden central”.
    La representante de Terram, analiza que poner una mayor presión al interior de la Conama no corresponde, “porque hoy la Comisión Nacional de Energía tiene su representante a la hora de evaluar los proyectos. Entonces no corresponde que haya una figura en particular en los proyectos de energía que busque agilizar o priorizar la evaluación de los proyectos eléctricos”.
    Reyes es categórico al expresar que “no es un retroceso, es una burla al discurso de la propia doctora Bachelet cuando de candidata ofreció un ‘nuevo trato’ a las organizaciones ecologistas, en la integración de 10 acuerdos ambientales para desarrollar una agenda ambiental que balanceara la década y media pérdida bajo los gobiernos de la Concertación”. Y añade que, “¿Propone la Ministra ‘poner la primera piedra de las obras’, antes de los estudios de evaluación ambiental, como lo hiciera la autoridad en la planta CELCO, antes de que ésta entrase en el Seia y antes de que tuviera permisos? ¿Cómo va a proteger los recursos hídricos en las cabeceras de las cuencas, que luego nutren poblaciones, agricultura, industria y finalmente alimentan los estuarios?”.
    La bióloga de Ecosistemas opina que con el anuncio existe una pre-aprobación de los proyectos de Aysén. “La ministra Poniachik promueve un fast track para los proyectos hidroeléctricos, antes de respetar el programa de Gobierno, donde claramente se lee que se desarrollará una estrategia de priorización de cuencas hidrográficas antes de que se apruebe ningún proyecto hidroeléctrico de embalse”. Y anexa que la autoridad, al dar esas señales, está priorizando los temas económicos de las grandes empresas, por sobre el derecho de los ciudadanos a discutir y definir qué es lo mejor para su región y para el país.


    ECONOMIA V/S MEDIO AMBIENTE

    Al ser consultados si el Estado prioriza la lógica económica por sobre la protección ambiental, los ecologistas responden que hay adelantos, pero que el modelo económico no ayuda.
    “Decir que el Estado hace esto o aquello es muy general, porque en algunas materias ha habido avances. Suele pasar que algunos funcionarios del Estado son más permeables o están más cerca de intereses privados, y por eso toman decisiones que no benefician a las mayorías, que no representan del mejor modo el bien común. Por ejemplo, autoridades públicas estuvieron antes (o estarán después) trabajando para el sector privado y entonces hay incompatibilidades”, asegura Sara Larraín; quien posiblemente, al hablar de las autoridades, apunta al ministro del Mop, Eduardo Bitrán, quien era miembro del directorio de la firma eléctrica Transelec.
    De cierta manera, Paola Vasconi, coincide con la posición de Sara Larraín, ya que piensa que en estos 10 o 15 años se ha avanzado bastante en la tarea ambiental.
    “Hay que recordar que antes no había ninguna política de país dirigida a la protección del medio ambiente. Pero, sin lugar a dudas todavía, y dado el modelo económico vigente, existe una fuerte presión desde el punto de vista económico, sobre todo en los recursos naturales”, declara la representante de Terram.
    La bióloga de Ecosistemas, por su parte, no tiene trabas al afirmar que el Gobierno prioriza el desarrollo económico por sobre la protección ambiental, “Sin lugar a dudas lo que estamos viendo es eso. Y las muestras son innumerables: La planta de Celco en Valdivia, debería estar cerrada hace mucho tiempo y sigue abierta; la planta de celulosa de Nueva Aldea que está con problemas, sigue funcionado; podemos sumar y sumar. Vemos que la autoridad y la Ley ambiental están hechas para priorizar el desarrollo económico a cualquier costo”.
    Y vaya qué precio tienen que pagar los ciudadanos y el medio ambiente, sino preguntémosle a los trabajadores irradiados de la planta de Celco en Itata o al Santuario del Río Cruces.
    Para Bernardo Reyes, la preeminencia de los valores económicos por sobre todos los otros valores de una nación, son precisamente el abandono de la responsabilidad de Estado. “Así, cuando las fuentes o reservas de agua, la gestión de las cuencas, la protección de la biodiversidad, de los ecosistemas críticos y de la calidad del aire, entre otros; no son adecuadamente protegidos, se está implícitamente autorizando e invitando a la destrucción del patrimonio común y el futuro del país”, afirma el directivo del IEP.
    El sociólogo del IEP, asegura que el presupuesto del 2007 justamente refleja este abandono de la responsabilidad del Estado y pregunta, “¿Qué porcentaje del presupuesto está dirigido a incentivar y promover la educación ambiental, o restaurar y proteger los humedales, o los estuarios que generan la riqueza biológica costera, o las nacientes de agua o la protección del bosque nativo? ¿Cómo difiere este presupuesto en sus prioridades ambientales del que caracterizó la ausencia de preocupación ambiental del gobierno del ex-presidente Lagos? ¿Cuántos recursos se han designado para atender las enormes falencias que permiten que se sigan envenenando incluso los ‘Santuarios de la Naturaleza’, como ocurrió con el Río Cruces?”.
    Para no dañar más la riqueza natural, El Ciudadano propone mejorar la gestión ambiental, incluyendo un enfoque sistémico que busque la protección de los recursos naturales y la biodiversidad; establecer una política ambiental estable; y reforzar la institucionalidad ambiental regional y local. Sólo así no iremos de mal en peor.

    Mauricio San Cristóbal

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