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    Instituciones y organizaciones indígenas llevan alertando desde hace varios años del auge de la minería ilegal en la Amazonía. Se trata de una práctica que está poniendo en peligro zonas protegidas de la selva tropical más grande del mundo.

    Incluso, debido a la subida de los precios del oro, la actividad ha crecido en los últimos tiempos, al punto que, un estudio reciente realizado por la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG) identificó casi 2.500 sitios mineros ilegales en los seis países a los que pertenece el Amazonas: Brasil, Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador y Venezuela.

    El estudio “La Amazonía saqueada” revela que existen 245 áreas de extracción no autorizada de minerales como oro, diamantes y coltán. Brasil concentra 132 áreas y 321 puntos; Venezuela, 1.899 puntos; Ecuador, 68 puntos; Perú, 24 puntos y Bolivia, 3 áreas.

    Precariedad laboral

    En estas minas ilegales trabajan personas en condiciones de semiesclavitud, pero los principales responsables del problema son empresarios poderosos que se encargan de dirigir la actividad.

    En las operaciones policiales que se llevan a cabo para detener la minería ilegal en el Amazonas, los agentes se encargan de destruir las excavadoras y otras máquinas pesadas porque son muy costosas y difíciles de reemplazar.

    La minería ilegal en la selva amazónica, que además de oro también busca diamante, casiterita o coltán, contamina el agua de los territorios de indígenas locales y contribuye a la deforestación.

    Minería ilegal en Madre de Dios

    Un estudio inédito revela que en la región Madre de Dios, en Perú, existen 110 áreas y 24 puntos de extracción no autorizados de minerales (minería ilegal), que constituyen una violación a los derechos humanos de las poblaciones aledañas y un atentado al medioambiente.

    Estudio 'La Amazonía saqueada' abarca los ecosistemas selváticos de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú.

    Además, se identificaron 30 ríos donde se desarrolla la actividad minera o que sirven como ruta para la entrada de maquinarias e insumos o la salida de los minerales.
    “Este departamento es considerado como el sector de la Amazonía con la mayor degradación causada por la extracción de oro”, refiere la investigación.

    Los impactos de la minería ilegal ya se ven como graves violaciones a los derechos humanos, sostiene el estudio 'La Amazonía saqueada'.

    Camilo Guio, vicediretor da Gaia Amazonas, sostiene que “estas actividades extractivas ilegales se caracterizan por su forma antitécnica e insostenible”.
    Se efectúan, principalmente, mediante balsas y dragas, que no solo tienen efectos ambientales sobre el lecho de los ríos, sino también la mala utilización del mercurio, lo cual genera daños a la salud de las poblaciones locales, especialmente a los pueblos indígenas.

    Violación a los DD. HH.

    “Los impactos de la minería ilegal ya se ven como graves violaciones a los derechos humanos. La contaminación del agua y la expulsión de pueblos indígenas en aislamiento voluntario son algunos indicios de los daños al bien común”, precisa el estudio.

    Lucha contra mafias ecocidas en Bolívar

    Este miércoles, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó a la opinión pública sobre las acciones que está ejerciendo el Gobierno nacional para el combate de la minería ilegal en el país.

    Los daños que se le han hecho al Parque Nacional Canaima y a los ríos circundantes son terribles, dolorosos. Estamos obligados a liberar todos los parques en el estado Bolívar y todas las regiones mineras de mafias ecocidas”, subrayó.

    En este sentido, hizo un llamado a la unión nacional, especialmente al pueblo de Bolívar, para salvaguardar la naturaleza en esa región. “Es un ecocidio lo que se está cometiendo ahí en Canaima. Doy la orden a la Zona Operativa de Defensa Integral para que garantice la seguridad y la defensa de la naturaleza en el estado”, enfatizó.

    El Ministerio para la Defensa y el Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional elaboraron el plan integral Tepuy Protector, con el propósito de hacer frente a la minería ilegal en el estado Bolívar, de la cual son víctimas las comunidades indígenas.

    El ministro para la Defensa, Vladímir Padrino López, destacó este martes que es un plan de carácter integral que ejecutarán respetando a los pueblos indígenas.

    Esta medida surge luego del ataque ocurrido el 8 de diciembre contra un pequeño grupo de indígenas, en el Parque Canaima, sector Los Arenales del estado Bolívar, en el cual resultó muerto Charly Peñaloza, un joven de 21 años perteneciente al pueblo pemón.

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