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    El titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH), Luis Raúl González Pérez, confirmó la vinculación entre las autoridades locales y los grupos criminales en el caso Ayotzinapa.

    De acuerdo con la instancia, existió “cooptación, penetración y toma del crimen organizado de algunas instituciones vinculadas a la seguridad y justicia en los tres niveles de Gobierno”.

    González Pérez indicó, durante la presentación de un informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que varias “autoridades violentaron el derecho a la verdad de las víctimas y de la sociedad en diversas ocasiones”.

    Según el informe de la CNDH, la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, el 26 de septiembre de 2014, “es un caso abominable” y emblemático de la descomposición institucional y social en México.

    Grupos armados vinculados con políticos de los tres niveles de Gobierno ejecutaron a los 43 normalistas

    Para el organismo de derechos humanos, las autoridades encargadas no investigaron a profundidad la actuación, por omisión o tolerancia de servidores públicos de distintos órdenes de Gobierno, ante el caso de las desapariciones.

    Complicidad evidente

    En cuanto al vínculo entre autoridades locales y grupos criminales en el Estado, González Pérez indicó que “la verdad que encontró esta Comisión Nacional implica, entre otras cosas, la existencia de una vinculación clara y previa a los hechos de septiembre de 2014 entre algunas autoridades estatales y municipales con miembros del crimen organizado”.

    Los 43 desaparecidos de Ayotzinapa

    “Un crimen de las dimensiones del que se presentó en Iguala sólo pudo ocurrir por la penetración del crimen organizado en las estructuras de Gobierno”, afirmó el representante de la CNDH.

    El informe recoge que los jóvenes desaparecidos, así como los jugadores del equipo Los Avispones de Chilpancingo y sus familiares, fueron víctimas de violencia institucional, las cuales atentan contra sus derechos humanos, debido a las acciones u omisiones de los servidores públicos responsables de garantizar su acceso a la verdad y la justicia.

    “Las violaciones graves de derechos humanos como las ocurridas el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, tienen amplios, profundos y diversos efectos, ya que alcanzan al total de la sociedad”, señala el organismo.

    La CNDH sostuvo que, desde el momento de la desaparición de los 43 de Ayotzinapa, el personal del comité inició una investigación sobre lo acontecido, que permitió identificar una serie de manifestaciones traumáticas en las víctimas, como malestares físicos, emocionales, económicos y sociales.

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    Informe entregado a las “autoridades”

    El informe sobre los 43 de Ayotzinapa fue dirigido a la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Procuraduría General de la República, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Fiscalía General de Guerrero, y el ayuntamiento de Iguala, estado de Guerrero, por su grado de vinculación en las denuncias realizadas.

    El documento recomienda al presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, “enderezar” las indagaciones sobre la desaparición de los 43 alumnos de Ayotzinapa.

    Un informe realizado por la Oficina del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) documentó 34 casos de tortura, detenciones arbitrarias y graves irregularidades durante las investigaciones por el caso Ayotzinapa, entre septiembre de 2014 y enero de 2016.

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