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    La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) rechazaron la versión de la Fiscalía y del presidente de México, Enrique Peña Nieto, de que los 43 estudiantes desaparecidos desde 2014 de la escuela de Ayotzinapa fueron “incinerados por un grupo delincuencial”.

    “A la fecha, no se han realizado cambios en la narrativa gubernamental, y se tiene que abandonar de una vez por todas esta posición del señor presidente saliente (Peña Nieto), que plantea como ‘verdad histórica’, lo que la CIDH ha rechazado” indicó Esmeralda Arosemena, titular del organismo autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

    Durante un acto con estudiantes, padres y familiares de los jóvenes, la CIDH  presentó el  informe de la investigación que realizó sobre este caso, que aún permanece sin esclarecerse.

    Según la versión oficial, los 43 normalistas que desaparecieron en el municipio de Iguala, el 26 de septiembre de 2014, fueron entregados por policías corruptos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos, quienes los asesinaron e incineraron en un vertedero de basura.

    No obstante, el caso fue posteriormente estudiado por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la CIDH, quienes  denunciaron graves irregularidades en la investigación (entre ellas tortura) y presentaron un informe forense que evidenciaba que la quema de los  jóvenes en el basurero no fue posible.

    No aceptamos esta narrativa, no hay que hablar más de lo que ellos califican como (“verdad histórica”), porque nos indigna y nos lastima”, aseveró Arosmena.

    El representante del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (ONU-DH), Jan Jarab, respaldó el informe de la CIDH,  ratificó el apoyo a las familias de las víctimas y condenó “la crisis de desapariciones en el país”, que suman más de 35.000 en una década

    “El caso de los 43 no ha eclipsado los demás casos de desapariciones en México, sino que ha visibilizado toda la tragedia de la desaparición forzada en el país y la falta de respuesta adecuada del Estado”, dijo, citado por el diario El Siglo de Torreón.

    Comisión de la Verdad para Ayotzinapa

    La vocera de la CIDH reprochó al gobierno de Peña Nieto que todavía no haya constituido una Comisión de la Verdad, integrada por expertos independientes y familiares de los desaparecidos, como ordenó un tribunal del estado de Tamaulipas, en junio pasado.

    “Hoy estamos en suspenso y estamos pendientes de ver qué ocurre con esta decisión, un suspenso que demuestra que el buen proceder del Estado puede realizar importantes hazañas si las instituciones hacen su trabajo”, aseveró Arosemena.

    Interrogantes sin respuesta

    Entre las interrogantes sin respuesta figuran las llamadas realizadas desde teléfonos celulares de los desaparecidos, que continuaron funcionando después de la medianoche del 26 de septiembre, mientras los normalistas estaban bajo custodia de policías.

    Asimismo, falta por aclarar  la posible participación de agentes federales en los ataques, el rol que jugó el Ejército, las contradicciones de los soldados del batallón militar de Iguala y el vínculo de la desaparición con el tráfico internacional de drogas.

    El informe de la CIDH  también señala una probable “destrucción de pruebas” por parte del Estado, al reportar la destrucción de fusiles que habrían sido utilizados por las autoridades al detener la caravana de estudiantes.

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