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    Comerciantes y artesanos indígenas de Ensenada, ciudad del estado mexicano de Baja California (norte) mantienen una huelga de hambre para exigir se les respeten los permisos de venta en la zona comercial de este puerto, al tiempo que acusan de racismo al gobierno municipal.

    Este jueves, medios digitales reseñaron que dos de los manifestantes fueron detenidos por agentes ministeriales y encarcelados por supuestas órdenes de aprehensión en los estados de Tijuana y Veracruz.

    Guadalupe Hernández, Pedro Castro Trinidad, Florencio Cortez y Manuel Mendoza López son comerciantes indígenas que representan a 15 organizaciones mixtecas, zapotecas, nahuatl y triquis que realizan artesanías en diferentes materiales: palma, hamacas, telares, juguetes de madera y figuras de palo fierro.

    Acusan de racismo al gobierno municipal de Marco Antonio Novelo y a su jefa de Comercio, Rebeca Mungaray Lagarda. “Hay un odio terrible hacia los indígenas, hacia nuestras comunidades, no atienden y ahora nos quieren cobrar de 800 pesos hasta 2 mil pesos mensuales”, comentó Mendoza López.

    Agregó que son 200 artesanos los que buscan refrendar sus permisos de venta en la plaza cívica, el cual les fue revocado a pesar de tener más de 30 años pagando sus impuestos. Por eso mantienen una huega de hambre desde finales de junio.

    Las represiones no han parado desde el desalojo que tuvimos el año pasado y ahora apoyamos a nuestros hermanos que claman justicia. Tenemos más de 80 horas en huelga de hambre”, advirtió el representante indígena.

    Cuenta también que policías municipales se acercaron al campamento, supuestamente para verificar una llamada de auxilio por la presencia de “hombres armados”. Al llegar, pidieron identificaciones a los huelguistas y advirtieron que, según el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo, dos de ellos tienen orden de aprehensión: Manuel Mendoza, de 34 años, por el delito de homicidio calificado en Tijuana; y Florencio Cortez, de 40 años, por tentativa de homicidio en Veracruz.

    A ambos les colocaron candados en las manos, les leyeron sus derechos y los trasladaron a las instalaciones de la Procuraduría General de Justicia del Estado.

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