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    “Lamentable y perversa”, así calificó la periodista Soledad Jarquín Edgar la decisión del Juez de Control de Juchitán, Omar Morales Simón, de no vincular a proceso a Jehu G.L., presunto responsable del homicidio de la fotógrafa María del Sol Cruz Jarquín, la candidata a concejal Pamela Terán y el chofer escolta Adelfo Guerra Jiménez, asesinados el pasado de 2 junio.

    En un comunicado, la periodista y madre de María del Sol dijo que esta decisión muestra lo irrelevante que resulta para el Estado la vida y la seguridad de las mujeres y aseguró que detrás de la decisión del juez está la presión política de personas vinculadas al Partido Revolucionario Institucional.

    Para la periodista, la decisión que tomó el juez es una muestra de la corrupción del Poder Judicial, “uno de los más afectados en esta descomposición, lo que ha dado al traste a la seguridad de la población, en específico de las mujeres a quienes no quieren en la vida política, a las que no quieren en las calles, a las que se mata cada día por causas inexplicables e inhumanas, favoreciendo con su actuar ominoso la impunidad de criminales intelectuales y materiales, como sucede ahora en Juchitán de Zaragoza”, señaló.

    En el comunicado, aseguró que detrás de la decisión del juez están Francisco Montero López y Hageo Montero López, el primero exsecretario de Asuntos Indígenas (SAI) del Gobierno que encabeza Alejandro Murat Hinojosa, y el segundo actual regidor en el municipio de Juchitán y excandidato a la presidencia municipal, quienes propiciaron el bloqueo de carreteras en la región del Istmo tras la detención de Jehu G.L. y una protesta durante las 20 horas que duró la audiencia.

    ¿Quién está detrás de los Montero?

    Así preguntó Soledad Jarquín Edgar, y recordó que esa familia es operadora política de José Murat Casab, el exgobernador de Oaxaca de origen istmeño y padre del actual mandatario de Oaxaca. “De eso hay pruebas suficientes y gente que daría su propia versión”.

    Recordó que su hija María del Sol Cruz Jarquín, jefa del Departamento de Comunicación Indígena Intercultural en la SAI, dependencia del Gobierno estatal, fue obligada por el entonces titular de esa dependencia estatal, Francisco Montero López, a trasladarse a Juchitán de Zaragoza para apoyar la campaña de Hageo Montero López desde finales de abril pasado y no en los últimos días de mayo, tal como declaró el extitular de la dependencia estatal.

    Es un crimen político y no una vendeta entre narcotraficantes, como quisieron aparentar desde un principio con el asesinato de Pamela Terán Pineda, quien lamentablemente estaba acompañada de mi hija al momento de su ejecución, y en la que existen pruebas suficientes sobre la presencia de Jehu G.L. y de otras dos personas como autores materiales”, comentó.

    Añadió que hay testimonios de personas que aseguran que Jehu G.L. se llevó las cámaras fotográficas y de video de María del Sol Cruz Jarquín. “Si Jehu G.L. fuera un ‘buen cristiano, un buen muchacho’, como dicen quienes protestaron a su favor, habría devuelto sus cosas, pero no fue así, ahí operó un robo y la complicidad de quienes. Con ese robo y el de su computadora, por parte de una segunda persona en otro escenario, se pretendía borrar la evidencia de un delito electoral cometido por los hermanos Montero”.

    Soledad Jarquín lamentó además que el fiscal Rubén Vasconcelos Beltrán y  la fiscal especializada en delitos electorales, Araceli Pinelo López, no judicializaran la investigación sobre el delito electoral cometido por los hermanos Francisco y Hageo Montero López, sin ninguna razón aparente y cuando ya tienen pruebas suficientes.

    “También estoy esperando, y pronto, la respuesta de la Contraloría del Estado y está pendiente una investigación por parte del Instituto Estatal Electoral y, por ende, la resolución del Tribunal Estatal Electoral de Oaxaca, y de Participación Ciudadana, espero que en estas instancias haya justicia”.

    Exigen justicia

    Reiteró su llamado al gobierno del estado, “a quien gobierne Oaxaca”, para que haga justicia por las víctimas y “porque con la acción del juez Omar Morales Simón, la Alerta de Violencia de Género en Oaxaca no tiene buen comienzo y sí habla de la una realidad de omisión, complicidad y perversidad, donde lo que menos importa son las mujeres”.

    Por último, Soledad Jarquín Edgar reiteró que no quitará el dedo del renglón y que seguirá exigiendo justicia por la vida de su hija. Al mismo tiempo, responsabilizó de todo lo que pudiera pasarle a ella o al resto de su familia al Gobierno de Oaxaca, a la familia Montero López y a José Murat.

    Por su parte, la Fiscalía General de Oaxaca emitió un comunicado en el que aseguró que no comparte la decisión del Juez de Control de no vincular a proceso a Jehu. G. L., por el homicidio de la fotoperiodista, la candidata y el escolta. Sin embargo, dijo que será respetuosa de las decisiones judiciales y recurrirá a las vías legales para hacer valer los recursos procedentes.

    De acuerdo con la Fiscalía, se entregaron al juez las pruebas en contra del inculpado como entrevistas, extracción de videos, extracción de datos, sábanas de llamadas y diversos dictámenes periciales como los de mecánica de hechos, química, química de rastreo hemático, planimétrico, balística, entre otros.

    “No obstante, el Juez determinó no vincularlo a proceso aun cuando el Agente del Ministerio Público aportó datos suficientes para establecer en grado de probabilidad que el imputado sí participó en el hecho”, señaló la institución y por tanto anunció que recurrirá la decisión con el fin de asegurar que ningún delito quede impune y proteger los derechos de las víctimas de este suceso.

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