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    En las últimas dos décadas, México ha impulsado más inversión extranjera en la minería, considerada actividad preferente y de utilidad pública, obligando a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a las empresas del sector.

    La mayoría de estos proyectos de hidrocarburos o energéticos han aumentado los despojos, enfrentamientos y desplazamientos forzados en territorios indígenas.

    El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un gran reto en materia de respeto a los derechos de los pueblos originarios, tomando en cuenta que, desde la reforma a la Ley de Hidrocarburos  de 2013, la situación de los pueblos indígenas en México ha desmejorado en materia de propiedad de la tierra y de acceso a la justicia.

    De acuerdo con el informe de Victoria Tauli, relatora especial para los derechos de los pueblos originarios de la ONU, “se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de la estructura federal, estadal y municipal para abordar los graves problemas” que ha generado el marco jurídico minero en México.

    Es necesario que los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como territorios y recursos naturales, prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia, sean asumidos por el nuevo gobierno.

    Visión indígena

    La Red Nacional Indígena expuso que los objetivos nacionales de generar 35% de electricidad con recursos renovables en 2024 han acelerado la aprobación de proyectos eólicos de gran escala en zonas indígenas y alude que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 29 mil concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica que afectan 35% del territorio nacional, el 17% está en tierras indígenas.

    También destacan que tribunales federales han examinado varios casos sobre la consulta previa y los pueblos indígenas y megaproyectos. En algunos, la Suprema Corte ha ordenado la suspensión de proyectos inconsultos, aunque se ha denunciado que dichas sentencias no son acatadas por agentes estatales y del sector privado, y aún no han generado jurisprudencia vinculante.

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