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    El gobierno saliente de Enrique Peña Nieto en México admitió ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tiene “considerables retos” que afrontar en materia de Derechos Humanos, tomando en cuenta la creciente militarización de la seguridad pública, los feminicidios, tortura, desaparición, asesinatos de periodistas y la criminalización del aborto.

    El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Miguel Ruíz Cabañas, también jefe de la delegación mexicana, durante la tercera revisión sobre el cumplimiento de su país en materia de derechos humanos se limitó a señalar: “No venimos aquí ni a minimizarlos, ni a negarlos”.

    Ruiz Cabañas atribuyó que uno de los problemas para avanzar es el hecho de que México sea una república federal y haya 32 estados, cada uno con su propia constitución y poderes. Sin embargo, refirió que han en el actual gobierno se han creado 350  leyes pero que han sido difícil de implementar.

    El cuestionamiento respecto de la impunidad sobre las agresiones a periodistas lo llevó los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Suiza y Bélgica, según documentos preliminares de la reunión del Mecanismo del Examen Periódico Universal (EPU) .

    Según esos documentos consultados por Apro, los gobiernos de nueve países hicieron 32 preguntas a la delegación de servidores públicos mexicanos (alrededor de 30) que se presentaron a la sesión, y entre los temas más repetidos destaca la polémica Ley de Seguridad Interior, sobre la cual los gobiernos de Estados Unidos, Suiza y Bélgica pidieron una postura.

    Washington puso en dificultades al gobierno de Peña Nieto cuando le pidió cuentas sobre el estado que guarda la investigación de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y también sobre los presuntos actos de tortura perpetrados por agentes de la Procuraduría General de la República (PGR) contra 34 personas detenidas en el marco de dicha investigación.

    De igual manera, le cuestionó sobre el monto que asignó a los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas y a sus protocolos de lucha contra la tortura; por qué no ha establecido la Fiscalía General de la República (FGR) independiente, y cómo garantizará que el próximo fiscal general sea “aislado” de la política.

    Bruselas preguntó al gobierno mexicano qué hizo para evitar que las fuerzas armadas perpetren violaciones a los derechos humanos, “incluido el uso de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas”, y también le pedió que aclare su política para combatir el feminicidio.

    Entre las cinco preguntas planeadas, Londres solicitó un resumen de las reformas penales y del sistema judicial mexicano para combatir la corrupción y la impunidad, mientras que el gobierno alemán cuestionó acerca de la implementación de las comisiones de búsqueda de desaparecidos en los estados.

    El gobierno de Eslovenia, por su parte, pidió información sobre las medidas que Peña Nieto adoptó para despenalizar el aborto, “al menos en casos de violación, incesto o peligro para la salud y la vida de las mujeres”.

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