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    La Red Nacional de Abogadas Indígenas denunció que con la consulta popular anunciada por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, sobre la construcción del Tren Maya, niega a los pueblos indígenas su derecho a decidir sobre su propio desarrollo, las formas, los tiempos y los procesos.

    “Denunciamos que desde el Estado se impongan proyectos económicos, turísticos y culturales que mercantilizan nuestros territorios, vidas y patrimonio cultural material e inmaterial”, dijo en un comunicado esta mañana la red que agrupa a mujeres pertenecientes a diversas etnias y pueblos originarios de México que incluyen al Wirarika, Mazahua, Purépecha, Odami, Maya, Zapoteca, mixteca, Ayuujk, Triqui, Nahuatl y Chinanteca.

    “El Tren Maya es una presentación de las dinámicas colonizadoras que prevalecen en las prácticas del Estado, prácticas que mercantilizan y engrandecen el pasado ancestral maya pero excluyen y discriminan a su pueblo vivo”, añadió la Red.

    Detalló que la preocupación ante la consulta, que se llevará a cabo el próximo 24 y 25 de noviembre, es que la Constitución y los tratados internacionales en materia de Derechos Humanos de los pueblos indígenas dictan que el Estado está obligado a realizar una consulta libre, previa, informada, pacífica y de buena fe con la finalidad de lograr el consentimiento de los pueblos.

    Por el contrario, alertó la Red, ya se anunció que los trabajos del Tren Maya comenzarían el 16 de diciembre, pero aún “no se han establecido espacios de diálogo, información y negociación con los pueblos indígenas de las regiones de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco”.

    Están violando el carácter previo de la consulta, que obliga al Estado a incluir la participación de los pueblos desde la fase de diseño de los proyectos que los involucren, con la finalidad de que sean los propios pueblos los que decidan sus prioridades, y estrategias de desarrollo con identidad”, dijo.

    Detalló que el proyecto plantea un “potencial económico” traducido en un mayor gasto turístico y captación de ingresos en las comunidades, sin embargo, alertó que en realidad “la estructura dista de ser justa y equitativa para todas las partes interesadas, ya que los pueblos originarios solamente recibirían una parte residual de la riqueza por el proyecto, mientras que los inversionistas tendrían un retorno exponencialmente mayor sobre la inversión”.

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