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    Comenzó en 1993, cuando se creó el cargo por Declaración y Programa de Acción de Viena. Se trataba del alto comisionado, el máximo funcionario de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), responsable de la defensa de los derechos humanos en el mundo, un gerente con rango de secretario general adjunto que está subordinado al Secretario General del organismo.

    No fue sino hasta el 5 de abril de 1994, cuando formalmente fue ocupado el cargo. El primero en hacerlo sería José Ayala Lasso, un hombre de la derecha conservadora ecuatoriana con fuertes vínculos a la burguesía banquera y empresarial de ese país.

    Fue canciller de uno de los considerados “peores” gobiernos de Ecuador, el del condenado y prófugo de la justicia Jamil Mahuad, quien fue Presidente entre 10 de agosto de 1998 y el 22 de enero de 2000. Mahuad llegó al poder en unos comicios que fueron duramente criticados y acusados de fraude electoral, con una campaña electoral que fue financiada ilegalmente con recursos del Banco del Progreso, hecho certificado por su entonces presidente, Fernando Aspiazu.

    Como Presidente, Mahuad fue quien permitió que Estados Unidos ocupara territorio ecuatoriano, al vulnerar la soberanía de su país y dejar que el Pentágono se adueñara de la administración de la Base Aérea de Manta en Manabí, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, en una especie de expansión del Plan Colombia, negociación en la que su canciller, Ayala Lasso, fue una pieza fundamental.

    Los lazos entre Ayala Lasso y Mahuad iban más allá. Ambos coincidían en la figura de uno de los mayores banqueros ecuatorianos, Guillermo Lasso, presidente ejecutivo y propietario del Banco Guayaquil.

    Ayala Lasso fue el primer secretario de los Derechos Humanos de la ONUller

    Vínculos de Ayala Lasso y la crisis financiera en Ecuador

    Resulta que durante el gobierno de Mahuad, Guillermo Lasso -primo hermano de Ayala Lasso- tenía uno de los cargos con mayor responsabilidad para la economía y estabilidad social del país, el de “Superministro de Economía y Energía del Ecuador”.

    Así fue como entonces, Guillermo fue parte de las erradas políticas económicas que ejecutó Mahuad y que posteriormente lo llevaron a la debacle financiera de Ecuador y su gobierno.

    Mahuad y Lasso decidieron decretar una ley para entregar recursos del Estado ecuatoriano a la banca privada, entidades que se encontraban -producto de la crisis neoliberal- al borde de la bancarrota.

    La estrategia fue fallida. A pesar que algunos bancos lograron sobrevivir como es el caso del Banco de Guayaquil, otros tantos quebraron y se vieron obligados a cerrar, uno de ellos el Banco del Progreso, uno de los bancos más grandes del país para entonces.

    Todo esto llevó a la creación de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD), una institución que tuvo que crear el Estado para devolver parte de los ahorros que tenían los ecuatorianos en las entidades financieras privadas, muchas de ellas que a pesar de haber recibido dinero del gobierno, decidieron declararse en quiebra.

    Pero la AGD no fue eficaz. No sólo no pagó completo los ahorros de los ecuatorianos, sino que también provocó una devaluación exponencial del Sucre -moneda oficial para entonces en Ecuador- al realizar transacciones masivas en compra de dólares, hecho que se sumó a la redirección de créditos y bonos del gobierno a la banca privada, junto a la impresión desmedida de billetes del Banco Central para solventar deudas, lo que ocasionó un incremento de la inflación, recesión, aumento del desempleo en el país y la migración masiva de miles de ecuatorianos hacia otros países.

    Expresidente Mahuad, prófugo de la justicia ecuatoriana

    Los lazos se extienden hasta Miami

    El 21 de enero del 2000, Mahuad huyó del país en medio de lo que los medios reseñan como un golpe de Estado que habría sido ejecutado entre efectivos de la Fuerza Armada de Ecuador y la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie).

    Pero lo cierto es que su salida se produjo por la figura de “abandono del poder”, esto según lo decidió el triunvirato conformado por el representante indígena, Antonio Vargas; el general de la Fuerza Armada, Carlos Mendoza; y el jurista Carlos Solórzano Constantine, en representación de la sociedad civil.

    Durante su huida, Mahuad pidió en principio un asilo en la embajada de Chile en Quito, sin embargo, inmediatamente tomó escape hacia Miami, Estados Unidos, lugar donde reside desde entonces y se mantiene como docente de la escuela de administración gubernamental de la Universidad de Harvard y es además integrante del Consejo de Presidentes y Primeros Ministros del Centro Carter.

    El Diario de las Américas, una empresa de comunicación radicada Miami que es propiedad del banquero Nelson Mezerhane -prófugo de la justicia venezolana por la estafa perpetrada contra los ahorristas del Banco Federal-, califica a Mahuad como “especialista en manejo de conflictos de la Universidad de Harvard” y un invitado especial de conferencia anual de la Cátedra Nelson Mezerhane sobre “Democracia, Estado de Derecho y Derechos Humanos”, que dicta el Miami Dade College.

    Pero los vínculos “catedráticos” entre Mahuad y Mezerhane no parecen ser sólo “académicos”. Ambos tienen un pasado delictivo común, son prófugos de la justicia de sus países, están involucrados en enormes estafas bancarias y son aliados fundamentales del gobierno de EEUU para ejecutar el boicot contra los líderes progresistas latinoamericanos, con especial énfasis en la solidaridad que logró consagrar la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y en mantener a toda costa la inestabilidad política, social y económica en Venezuela, al menos hasta que el gobierno esté en su poder.

    En 2014, por ejemplo, Mahuad fue solicitado por la Policía Internacional (Interpol) con una alerta roja contra, acusado por malversación de fondos públicos, congelación de depósitos y la violación de normas constitucionales mediante decretos ejecutivos legislados en beneficio del capital privado, en la época de su presidencia. Dos días después de la alerta, la justicia ecuatoriana lo sentenció a 12 años de reclusión debido a las graves consecuencias y repercusión pública que produjeron sus acciones durante la crisis económica de su país.

    Mezerhane es prófugo de la justicia venezolana

    Su nuevo rol en el régimen de Lenín Moreno

    El rol de José Ayala Lasso y los intereses de EEUU en el planeta parecen no concluir.
    Con un antecedente que lo “acredita” como un hombre de “altura” diplomática, luego que ocupara el cargo de Representante Permanente de Ecuador ante las Naciones Unidas en Nueva York entre 1989 y 1994, y ser Presidente del Consejo de Seguridad en agosto de 1991, y septiembre de 1992, actualmente el “excanciller” figura entre las fichas doradas del régimen de Lenín Moreno para iniciar la persecución judicial contra el expresidente Rafael Correa, líder de la Revolución Ciudadana que sacó a Ecuador de la crisis financiera.

    Ayala, quien es también primo hermano del actual embajador del Ecuador ante las Naciones Unidas, Xavier Lasso Mendoza, y este a su vez es hermano del banquero y excandidato presidencial Guillermo Lasso, ejerce actualmente dentro del gobierno de Moreno como uno de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana.

    Este Consejo es una instancia que tiene entre sus responsabilidades la designación de autoridades de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las Superintendencias, además de también tener influencia en la designación de miembros de la función electoral y judicial.

    Desde que Ayala Lasso y otros miembros de la derecha conservadora ecuatoriana son parte de esa instancia, han venido creando la plataforma adecuada para comenzar a perseguir judicialmente al expresidente Correa, esto como parte de la estrategia de EEUU para aniquilar los liderazgos progresistas en la región, tal y como lo efectuaron con Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil.

    Esta imagen fue publicada por el expresidente Rafael Correa al denunciar la traición de Lenín Moreno y su giro para favorecer a la burquesía ecuatoriana

    “Insolente primero, incrédulo después, aterrorizado ahora, Correa ha ido reaccionando según las variaciones pasionales de su inestable temperamento”, así se refiere Alaya Lasso sobre Correa, en un artículo titulado “Justicia no es odio a Correa” y publicado el 28 de julio de 2018 por el Diario El Comercio de Ecuador.

    Portavoz de la mentira y la falsa campaña de “crisis humanitaria” en Venezuela y Nicaragua

    Pero Ayala Lasso no sólo actúa contra el progresismo dentro de su país. También lo hace hacia afuera, preferiblemente con la mirada hacia sus vecinos latinoamericanos.

    Prueba de ello es su más reciente artículo de opinión publicado por El Comercio el pasado sábado 8 de septiembre de 2018 y que tituló: Claridad sobre Venezuela, un texto en el que se dedica a afianzar líneas editoriales dictadas desde del Pentágono, para hacerse eco del supuesto “drama venezolano”, las “presiones” que hay que ejercer sobre el Presidente, Nicolás Maduro, “el retorno de la democracia”, las supuestas “violaciones” a derechos humanos, “el drama migratorio”, “el colapso económico”, la “similitud” con Nicaragua y su futuro, y el “problema” de todo lo anterior: “Nicolás Maduro”.

    “¡Basta de timideces o complicidades ideológicas! Las últimas reuniones de Bogotá, Quito, Lima y Washington señalan un aumento de la preocupación sobre la ruptura democrática en Venezuela. Su enfoque prioritario ha sido la migración, pero muchas voces oficiales han pedido la aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Fundándose en ella, hay que presionar a Maduro para estimular el retorno de Venezuela a la democracia”, explica Alaya Lasso.

    Guillemo Lasso, primo de Ayala Lasso, junto a Luis Almagro

    Amigo de Almagro

    En ese sentido, dice quien fuera secretario de derechos humanos de la ONU, que la Organización de Estados Americanos (OEA), un organismo del que Venezuela está en proceso de salida por ser inoperante y actuar de manera injerencista con fines intervencionistas sobre la soberanía venezolana, bajo los lineamientos de EEUU, “debe jugar un papel orientador, como ha intentado hacerlo su Secretario General (Luis Almagro)”.

    Agrega el texto de Alaya Lasso que “una última declaración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de otras instituciones continentales y mundiales, es severa y elocuente. Y al tratar el drama de Venezuela no hay que cerrar los ojos ante otro, igual en crueldad y arbitrariedades: el de Nicaragua”.

    Luego de su avalancha de ataques contra Venezuela, Alaya Lasso sentencia la supuesta culpabilidad de Maduro y fundamenta sus argumentos en lo que dice el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo que actualmente se encuentra en Argentina y ha provocado que se recrudezca la crisis económica y social en ese país.

    “Hace falta examinar, de manera objetiva y descarnada, la causa de los problemas de Venezuela, que tiene un nombre: Nicolás Maduro. El FMI ha dicho que la economía venezolana se encuentra en estado de “colapso”. Cuatro presidentes latinoamericanos se han manifestado dispuestos a pedir al Tribunal Penal Internacional que inicie una investigación sobre crímenes de lesa humanidad atribuíbles a Maduro”, dice.

    Luego, el excanciller -sin citar datos oficiales de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) u obviándolos- dice que “cerca de tres millones de venezolanos han abandonado su país. ¿Se necesitan más pruebas para que América Latina se resuelva a hablar con claridad para condenar la dictadura de Maduro y tomar todas las medidas para que Venezuela regrese a la familia de las democracias?”.

    Habría que preguntar a Alaya Lasso, cuáles son las medidas que debe tomar América Latina para ese “retorno de la democracia”, o es acaso una excusa para justificar una intervención militar de EEUU y sus aliados continentales contra Venezuela, la salida a la que se refiere el excanciller ecuatoriano, propuesta que ya promueven funcionarios de la Casa Blanca como Nikki Haley (embajadora en la ONU), Mike Pence (vicepresidente), James Mattis (ministro de Defensa), Kurt Tidd (jefe del Comando Sur), Mike Pompeo (secretario de Estado), y el propio Donald Trump (Presidente).

    Pero la OIM -organismo de la ONU- sostiene que contrariamente a lo que dice Alaya Lasso y voceros de su mismo perfil sobre Venezuela ocultan la verdadera realidad. Y es que Venezuela es apenas el segundo país de Suramérica con menos migrantes, un total de 606.344. El primer lugar en migraciones lo ostenta Colombia con 2 millones 638.852 personas y Ecuador se ubica en el cuarto lugar de más migrantes con 1 millón 101.923, casi el doble de Venezuela.

    La realidad venezolana no llega hasta ahí, Alaya Lasso también omite que la verdadera crisis humanitaria la vive Colombia, al ser el país con mayor cantidad de personas desplazadas del mundo con 7,9 millones en 2017; y además el mayor exportador de migrantes hacia Venezuela con 5 millones 600.000 colombianos, hecho que convierte a la nación venezolana en el segundo mayor receptor de migrantes en la región, sólo superada por Argentina.

    El genocidio en Ruanda es uno de los hechos más abominables de la historia reciente

    Genocidio en Ruanda: Silencio y complicidad de la ONU

    Alaya Lasso venía de ejercer dos periodos al frente de la Presidencia del Consejo de Seguridad de la ONU, cuando en medio del cuadragésimo octavo periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas -en 1993-, presidió el grupo de trabajo que examinaba la posibilidad de crear el cargo de Alto Comisionado para los Derechos Humanos y de aplicar otros aspectos de la Declaración y Programa de Acción de Viena, adoptado ese año en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos.

    Así fue como se adueñó de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACDH), un organismo “especializado del sistema de Naciones Unidas” que “tiene como objetivo promover y proteger los derechos humanos en el mundo” y que tiene como sedes el Palacio Wilson de Ginebra, Suiza, y una oficina en la sede de Naciones Unidas en Nueva York.

    Alaya Lasso fue el primer jefe de esa comisión, desde el 5 de abril de 1994 hasta el 31 de marzo de 1997, cuando entró en su relevo la irlandesa Mary Robinson, quien estaría en el mando entre 1997 y 2002, cuando la ONU desplegó “ayudas humanitarias” en Haití, Marruecos e Irak, otro cuento por narrar.

    Pero uno de los puntos que más llama la atención de la gerencia de Alaya Lasso en el seno de DDHH de la ONU, no es precisamente la buena voluntad que tuvo para enfrentar los conflictos en el mundo y buscar resolverlos en paz, sino la mancha que dejó en su carrera una de los peores masacres que vivió el planeta en su historia reciente: el genocidio de Ruanda.

    Cita un trabajo de Angeline Saadoun publicado por el portal vix.com que fue precisamente el organismo -del cual Alaya actuaba como secretario adjunto del Secretario General, Kofi Annan- el responsable por el genocidio Ruanda.

    Los presidentes de Ruanda y Burundi, víctimas del atentado en medio del genocidio

    Las razones de la tragedia

    En ese resumen titulado “5 razones por las que la ONU fue responsable por el genocidio Ruanda”, Saadoun explica que la ONU no hizo nada por evitar -a pesar de que sabían que iba a suceder- la cruenta escena que dejó a más de 800.000 personas de la etnia tutsi asesinadas, durante un periodo de 100 días continuos que comenzó el 7 de abril de 1994. Una tragedia que eliminó al 80% de la población tutsi del país, junto con un 30 % de la población indígena batwa.

    Entre los aspectos que resaltan la culpabilidad e incluso la complicidad de la ONU en el genocidio de Ruanda, es que a pesar de que el gobierno de Estados Unidos -integrante del Consejo de Seguridad- sabía que esa tragedia iba a suceder, decidió no involucrarse y actuar en la resolución pacífica del conflicto.

    Para entonces el presidente de EEUU era Bill Clinton, quien admitió que su gobierno no se involucró directamente en evitar el genocidio porque no era un asunto de “interés” para su país. De hecho, tras la masacre, decidió ir a Ruanda y ahí justificó su falta de acción con el argumento de que “no estaban al tanto de lo rápido que estaba sucediendo todo”.

    Pero las pruebas dicen lo contrario, la Casa Blanca recibió varios documentos que indicaban exactamente la situación en Ruanda. De hecho, ya sabían que los hutu, la etnia que masacró a los tutsi, planificaban desde hace tiempo el genocidio.

    “Bill Clinton recibió informes antes y durante el genocidio que indicaban con precisión que la solución final sería de eliminar a todos los tutsi y lo que estaba sucediendo en el país. Estados Unidos sabía exactamente que un genocidio y masacre estaba teniendo lugar en Ruanda y el gobierno tomó la consciente decisión de no involucrarse”, explica Saadoun.

    Francia generó dividendos a su tesoro al vender armas para perpetrar el genocidio

    Las armas y la masacre

    Todo esto ocurría con la complicidad y silencio de Alaya Lasso, mismo que cayó sobre la posición de Francia, que colaboró con el genocidio al armar a los hutu.

    “Tres meses antes de que comenzara el genocidio, un avión francés cargado de armas pretendía aterrizar sigilosamente durante la noche. Las armas iban a ser entregadas a los extremistas hutu, para ser utilizadas en el genocidio. Además de inmoral, esta decisión violó los Acuerdos de Arusha que finalizaron la Guerra Civil en Ruanda. En el mismo se dictó que los miembros de la ONU no podrían bajo ningún caso vender armas a Ruanda”, explica Saadoun.

    La periodista agrega: “Pero los negocios le ganan a la paz y las armas llegaron a sus destinatarios bajo la orden del Ministro de Defensa de Bélgica. Estas armas provenían de varias empresas de armas en Francia, Bélgica, Egipto, Ghana y el Reino Unido que continuaron enviando armas para los extremistas hutu”.

    Además, otro punto que comprueba la complicidad de Alaya Lasso y la ONU en el genocidio ruandés, es el hecho de que la ONU bloqueó la investigación de los asesinatos del Presidente de Ruanda, Juvénal Habyarimana y el presidente de Burundi, Ciprien Ntaryamira, que fueron interceptados por un misil cuando viajaban en un avión.

    “Cuando el genocidio terminó, las Naciones Unidas formaron el Tribunal Penal Internacional para Ruanda dirigido por el abogado Michael Hourigan, quién comenzó a investigar. Pero cuando comenzaron a surgir las evidencias de que su posible asesino era su sucesor, Théodore Sindikubwabo, la investigación fue bloqueada por las Naciones Unidas. Luego, en 2002, la fiscal Carla Del Ponto retomó la investigación y enseguida fue despedida de la ONU”.

    Otro punto en contra de la gestión del exsecretaria de Derechos Humanos de la ONU, José Alaya Lasso, es que durante su mandato, la palabra “genocidio” no fue utilizada para referirse a lo que sucedió en Ruanda.

    “Cuando comenzó el genocidio, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas decidió mantener la palabra “genocidio” fuera de la discusión. Estados Unidos y Francia utilizaron su influencia para vetar la palabra e impedir que aparezca en cualquier resolución. Y cuando fue el momento de decidir si apoyar al país, ambos países vetaron a la decisión. Al no reconocer que la situación en Ruanda era un genocidio propiamente dicho, las Naciones Unidas fueron responsables de ocultar y minimizar la magnitud del sufrimiento en el pueblo ruandés”, explica Saadoun.

    Los cascos azules llevan violaciones a los derechos humanos a donde llegan

    Accionar de los cascos azules

    Otro punto en contra de la ONU es que cuando comenzó el genocidio, ya habían alrededor de 2.000 casos azules, fuerzas militares del organismo, que ya cuentan con innumerables acusaciones de violaciones a los derechos humanos, como persecución política, represión, abusos sexuales contra mujeres, niños y adolescentes, maltratos inhumanos, torturas, entre otros crímenes de lesa humanidad.

    Además comenta el trabajo de Saadoun que una vez entregadas las armas a los hutu, la decisión de EEUU y Francia fue la de quitar la “protección” que ofrecían los 2.000 cascos azules a una población de 25.000 tutsis, y sacar las tropas del territorio ruandés. Esa decisión ocasionó que de esa cantidad de personas, apenas sobrevivieran 270.

    El genocidio en Ruanda sin duda marcó negativamente el primer mandato del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU, que tristemente presidió Alaya Lasso. De ahí en adelante esta oficina ha estado marcada por una serie de conflictos bélicos y “humanitarios” alrededor del planeta en los que la ONU no ha hecho nada por evitarlos sino más bien justificar la intervención de potencias extranjeras, propietarias además dueñas de la industria militar.

    Incluso, la articulación de la ONU y sus secretarios de DDHH, han sido artífices y articuladores de promover las matrices de opinión que masivamente divulgadas por las corporaciones mediáticas internacionales aliadas a las potencias armamentistas, para propiciar guerras civiles, invasiones, guerras y “crisis humanitarias” en países que han mostrado prosperidad, desarrollo y autodeterminación sin estar subordinados a los intereses hegemónicos estadounidenses.

    Prueba de ello han sido países como Irak, Irán, Libia y Siria, que al contar con líderes que no se subordinaban a Washington y poseer riquezas naturales y geopolíticas de gran interés para la Casa Blanca, han terminado siendo invadidas por argumentos vociferados por los secretarios de DDHH de la ONU como “lucha contra el terrorismo”, “regímenes dictatoriales”, “gobiernos no demócratas”, “conflictos internos”, “violación de derechos humanos”, “crisis humanitarias”, todos y cada uno de ellos utilizados contra la que aspiran sean sus próximas víctimas: Nicaragua y Venezuela.

    En la actualidad la secretaría de DDHH de la ONU está bajo la responsabilidad de la expresidenta chilena, Michel Bachelet, y en sus primeras declaraciones demuestra que ya asumió esa postura hegemónica.

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